Reflexiones sobre la resolución del TEPJF

Felicito la resolución del Tribunal Electoral porque fue pulcra, apegada a la Constitución y a las leyes y evidenció la ignorancia, la impericia técnica y la mediocridad con la que la gente cercana a Andrés Manuel

Aclaro a los lectores que felicitar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal no significa, de ningún modo, estar contento con el triunfo de Enrique Peña Nieto. No fue el candidato de mi preferencia, considero un retroceso social el regreso del PRI al poder y de ninguna manera me parece que sea el hombre ideal para ocupar la más alta magistratura nacional. Pero va a ser el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 porque la elección del 1 de julio se desarrolló de forma inatacable de acuerdo a la demanda y los elementos de prueba aportados por la coalición Movimiento Progresista.

Felicito la resolución del Tribunal Electoral porque fue pulcra, apegada a la Constitución y a las leyes y evidenció la ignorancia, la impericia técnica y la mediocridad con la que la gente cercana a Andrés Manuel López Obrador preparó este juicio: como ya se ha dicho hasta el cansancio, las pruebas fueron insuficientes –resultaron inadecuadas y hasta infantiles-, se incumplieron los plazos necesarios para determinados procedimientos previos, nunca se explicaron las violaciones alegadas de forma precisa –que es lo que se refiere como circunstancias de modo, tiempo y lugar-,  y se corroboró que nunca se dio un seguimiento oportuno y puntual de las conductas ilícitas en que la coalición Compromiso por México pudo incurrir. Todo trató de arreglarse “a toro pasado”. Con esto habría bastado para desechar la demanda. Pero, a pesar de ello, el Tribunal entró al fondo de las cuestiones planteadas y, abordando una por una, les dio respuesta. A manera de crítica sobre lo visto en esta resolución, quizás habría sido conveniente que el Tribunal se arriesgara un poco más en el asunto de las encuestas, pues no entró al detalle y hay una sensación de que es un tema pendiente de resolverse a fondo, ya que queda la sospecha muy arraigada en la sociedad de que, efectivamente, estos instrumentos estadísticos fueron utilizados para favorecer a Enrique Peña Nieto; sin embargo, este reclamo, como todos los demás, no fue acompañado de un caudal adecuado de probanzas.

En resumen, el Tribunal Electoral analizó alrededor de mil páginas de escritos, más de cincuenta y seis cajas de pruebas, testimonios y diversos instrumentos notariales con todo tipo de contenidos, sin dejar de considerar ningún elemento técnico o probatorio. Si algo no salió bien, no fue culpa del Tribunal, que no puede ser juez y parte. Debió ser la coalición Movimiento Progresista, como principal interesada, la que debió hacer un buen trabajo y no confiar en que otros le corrigieran la plana. Y para que no quepa duda de que hubo alguna valoración tendenciosa de los elementos de prueba, los magistrados dieron una lección dura en materia de derecho probatorio que, por momentos, fue hasta humillante para la actora en este juicio.

Por lo demás, hay que insistir en que es cierto que la Constitución establece que la voluntad del pueblo sí es la última palabra, pero también hay que recordar que esa voluntad se expresa a través de determinadas formas de Estado y de gobierno, y que la propia Constitución crea una organización pública para tal efecto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la instancia indicada por la cual el pueblo expresa sus decisiones en materia electoral. No se puede jugar a reconocer la letra de la Constitución por un lado y por el otro no. O se apega uno a ella en su totalidad o la desconoce plenamente. Lo demás son hipocresías y mediocridades. Habrá que ver si la dirigencia izquierdista sigue esgrimiendo amenazas de estallido social. Por un lado estamos los que creemos de manera completa en la Constitución y en el estado de Derecho. Por el otro lado están los que confunden ser contestatarios con ser contestones.

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