Quédate en casa, es la última oportunidad

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Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.Gobierno de México YouTube.

Llama la atención la imposibilidad de poder cubrir la demanda de la asistencia médica y hospitalaria que requieran las personas

“Quédate en casa, es la última oportunidad de detener al coronavirus”, fueron las palabras que pronunció el mediático subsecretario de salud, Hugo López Gatell el pasado 28 de marzo, fecha en la cual, el parte médico del sistema de salud reportó 848 casos positivos; 16 muertes y 2623 sospechosos, cifra que ha aumentado, pues al día de hoy 29 de marzo, fecha en la cual me encuentro elaborando el presente artículo se han detectado 993 casos confirmados, 2564 sospechosos y 20 defunciones.

La frase con la que inicié el párrafo anterior, la emitió con evidente preocupación Hugo López Gatell, así lo delataron los rasgos faciales del subsecretario cada que hablaba, seguramente “porque la noche se le vino encima” , aunque no sólo a él en particular, se le vino encima a todos, sin distinción, ya que tanto el llamado urgente a quedarnos en casa y a movilizarnos lo menos posible (jornada nacional de sana distancia), así como la paralización de la administración federal, hasta este instante, han fracasado derivado de que el 70 por ciento de la población no paró, así se desprende implícitamente de los dichos del funcionario al expresar que la gente que sí atendió la restricción de movilidad (sin aclarar si ese porcentaje atendió a nivel nacional o sólo a la Ciudad de México) fue menor al 30 por ciento; por si fuera poco lo anterior, casi al final de la conferencia, claramente dio a entender que estamos próximos, si no se atienden las recomendaciones respectivas, a una posible restricción o suspensión de derechos humanos.

Todo lo anterior preocupa en muchos contextos, derivado a que una restricción de derechos humanos, si se presentara en las condiciones actuales, tendría que llevarse a cabo sólo de acuerdo al texto constitucional, pues no existe una ley reglamentaria en la materia, la cual es deseable, porque un instrumento legislativo siempre debe de proveer seguridad jurídica y precisión sobre supuestos que la Constitución no contempla.

En el mismo sentido, también se suma a los aspectos negativos el hecho de que ante la ausencia de una ley reglamentaria en esta materia, el Presidente de la República tendría un amplio margen de discrecionalidad, esto se traduce en incertidumbre para los ciudadanos, lo cual no es deseable en el marco de un contexto tan inquietante como el que se vislumbra a causa de la emergencia de salud que se vive, en este marco, la Corte debería estar alerta para controlar los actos del ejecutivo, pero en un contexto de emergencia, a nadie le conviene un desacuerdo entre “poderes”.

Otro tema que llama la atención y tal vez sea el más grave, es la imposibilidad de poder cubrir la demanda de la asistencia médica y hospitalaria que requieran las personas, en particular los adultos mayores, quienes son las personas más propensas a complicaciones de salud si adquieren el coronavirus. En este contexto, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, llevada a cabo por el INEGI, el número de población en México con rango de 60 años o más, es de 15.4 millones, de modo tal que si estos datos los contrastamos con el número de camas en cuidados intensivos en el sistema de salud pública, las cuales son apenas 3000, de acuerdo a datos provistos por un reportaje la BBC (Coronavirus: qué capacidad tienen realmente los países de América Latina para hacer frente a la epidemia de covid-19), apreciamos que existe un riesgo severo de superar a las camas en quince millones trescientos noventa y siete mil, es decir, el Sistema de Salud pública apenas podría cubrir las necesidades de salud en un 0.01 por ciento de la población de la tercera edad, en el supuesto catastrófico en el que toda este sector de la población enfermara. Cierto que esto último sería poco probable, porque no se cree que toda la población adulta mayor enferme; no obstante, si tan sólo una cuarta parte de esta población enfermase, seguiríamos igualmente muy rebasados, sin contar las personas que no pertenecen a este rango de edad y que presentan complicaciones que requieren cuidados intensivos; por lo cual las instituciones de salud seguramente ya planean echar mano de figuras administrativas como la requisición para hacerse de espacios médicos y profesionales de la salud.

Las anteriores razones traerían como consecuencia, como ya lo imaginamos, una crisis económica y social muy fuerte, además de la desconfianza en nuestras instituciones de gobierno y de salud y ya no digamos, las muertes que pudieran actualizarse.

Las consideraciones antes vertidas, son situaciones con costos muy altos para pagarlos, podemos evitarlos, por ello, en la medida de las posibilidades de todos, quedémonos en casa.

Yuri Pavón Romero

Profesor de la Facultad de Derecho

@lanavajadeockam

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