La protección social es el elemento clave de política social que permitirá a las naciones del mundo enfrentar el desafío de reducir las desigualdades de manera eficaz y es una parte esencial de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU. Políticas universales que proveen protección tales como las pensiones, los beneficios y licencias por maternidad y paternidad, los seguros de desempleo, accidentes laborales o por discapacidad, o los pisos mínimos de ingreso, son ejemplos de medidas de protección social que permiten que las personas se enfoquen más en lograr sus proyectos de vida y menos en sobrevivir. Apenas 45% de la población del mundo cuenta con una cobertura parcial de protección social y únicamente 29% con una cobertura completa. La falta de protección social atenta contra los derechos fundamentales de mujeres y hombres, y les deja en una situación de vulnerabilidad ante los diferentes periodos del ciclo de vida.

El acceso pleno a políticas de protección social es un reto que las mujeres enfrentan de manera desigual. Como ejemplo, únicamente 41% de las madres con bebés recién nacidas/os del mundo pueden acceder a licencias o beneficios por maternidad, esto significa que en el mundo hay alrededor de 83 millones de mujeres que recién son madres y que no cuentan con protección social. La pobreza en general es un fenómeno que se experimenta de manera desigual por hombres y mujeres. Según datos del Informe “Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de ONU Mujeres, en América Latina y el Caribe, hay 132 mujeres que viven en pobreza extrema por cada 100 hombres. La discriminación histórica fomentada por los roles en función de género hace que a las mujeres les sea más difícil acceder a todo tipo de oportunidades incluyendo educativas y económicas, pero también a espacios de toma de decisión lo que extiende y profundiza la desigualdad de género.

En México, el abandono escolar de niñas y jóvenes; la baja participación de las mujeres en el mercado laboral, y la falta de empleos de calidad, magnifican las brechas de género en el acceso a esquemas de protección social. Según datos del INEGI, la proporción de jóvenes que no estudian y no trabajan presenta una brecha de género que se intensifica a partir de los 16 años y que muestra que las mujeres representan más de 45% de esta población mientras que los hombres cerca de 7%. Una de las principales razones para la inasistencia a la escuela es la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que llevan a cabo las mujeres. En México las mujeres asumen 76.7% del tiempo que dedican los hogares al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, el cual además representa 23.3% del PIB. Esto genera una barrera contundente para el cumplimiento pleno del derecho a la educación.

Desde ONU Mujeres contamos con suficiente evidencia de que la inversión en educación pública de calidad es una de las acciones que fomentan mayor movilidad social. El acceso a un sistema educativo eficaz permite que las personas aumenten su nivel de bienestar en el largo plazo y transformen la posición social de su hogar de origen. Los países que invierten de manera significativa en todos los aspectos de la política educativa tales como infraestructura, equipamiento, tecnología, currículo, modelos de gestión, y capacitación a docentes, reciben retornos de inversión multiplicados. De igual manera, el esfuerzo por cerrar brechas de género en la educación produce resultados transformadores. Los países que adicionalmente se enfocan en aumentar el acceso, la permanencia y la conclusión oportuna de mujeres y niñas en todos los niveles educativos, obtienen resultados tangibles y de largo plazo. Asegurar el acceso igualitario a sistemas educativos de calidad y al mercado laboral requiere una combinación de políticas públicas enfocadas en mujeres y niñas durante las diferentes etapas de su ciclo de vida.

Este año la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se llevará a cabo del 11 al 22 marzo en la Sede de la ONU en Nueva York, tendrá como uno de sus temas prioritarios los sistemas de protección social. Es una invitación a reflexionar sobre su potencial, y sobre cómo el acceso a servicios públicos e infraestructura social de calidad impactan en la igualdad de género. Invertir en estas políticas permite cerrar las brechas en el uso de tiempo entre hombres y mujeres, acceder a infraestructura social como la educativa y la de salud, fomentar la movilidad social y aumentar las oportunidades económicas para las mujeres.

En resumen, los roles en función de género han creado discriminaciones estructurales que llevan a las mujeres a invertir gran parte de su tiempo en trabajo no remunerado, esto conduce a la falta de acceso a oportunidades educativas y al acceso a un mercado laboral precario, sin protección social. A su vez, la falta de protección social de las mujeres profundiza la condición de pobreza de la sociedad y las desigualdades en los países.

Hay suficiente evidencia de que una forma eficaz de revertir esta sucesión de hechos es realizando inversiones públicas que prioricen a mujeres y niñas. Resulta urgente contar con una política integral en materia de cuidados, que transforme los roles en función de género y detone el cierre de las brechas de género para acceder a una educación de calidad y al mercado laboral. Para esto es clave contar con un sistema de protección social fundado en la comprensión del potencial que tiene la igualdad de género como motor de desarrollo para el México del siglo XXI.

Ernesto Treviño

Oficial Nacional de ONU Mujeres México y Coordinador del Proyecto: “Educación de Segunda Oportunidad y Aprendizaje Vocacional”