El combate al robo de hidrocarburo emprendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desnudado la realidad de México: Impunidad, corrupción, falta de fuentes de empleo y mucha pobreza.

Un México de contrates, donde políticos y grandes empresarios viven en la opulencia; unos beneficiados por los otros y viceversa. Mientras el grueso de la población se ahoga en la pobreza, y la clase media sobrevive con mucho esfuerzo ante tanto impuesto.

Un México donde la pobreza se ha convertido en tierra fértil del crimen organizado y para toda clase de delitos. En los cinturones de miseria tanto rurales como urbanos pululan personas que delinquen por hambre: Roban desde una manzana hasta hidrocarburo vía la ordeña de ductos de Pemex.

Ahí también las bandas  criminales ubican a sus peones en el robo de combustible, en la siembra de estupefacientes, en la trata de personas, y en el narcomenudeo, entre muchas más actividades ilícitas.

En ese contexto cabe preguntar: ¿Los programas sociales Bienestar son la solución a la pobreza en comunidades cuyos habitantes se dedican al huachicol vía la ordeña de ductos para la venta del combustible robado a precio más bajo que en las gasolineras?

Quizá representen un muro de contención inmediato y momentáneo, sobre todo en relación a personas que todos los días se truenan los dedos porque no tienen dinero ni para frijoles, y que apenas se inician en el huachicoleo.

Pero no para aquellas personas que han convertido en su principal y gran negocio el robo de combustible, su venta y su distribución: Los líderes en comunidades y las bandas organizadas, tal vez coludidas con políticos. ¿Será por eso que han proliferado las gasolineras?

Como el mismo presidente López Obrador dijo: Los programas sociales Bienestar son para la gente pobre. A esa gente, aseguró que su gobierno garantizará el “derecho al trabajo y a un ingreso suficiente para vivir… para que no tengan necesidad de dedicarse a esas actividades ilícitas y peligrosas”.

Y precisó: “Estoy hablando de la gente humilde porque los que se meten en este comercio negro no llenan recipientes de 20 litros; llenan pipas…”

Cierto. No obstante, nadie asegura que la “gente humilde” tome el recurso de los programas sociales y continúe ordeñando ductos y vendiendo gasolina robada, distribuyéndola, pues así ganan más dinero en un instante que el obtenido vía Bienestar.

Por ejemplo, si un adulto mayor vende 50 litros de gasolina al día a 16 pesos cada uno, obtendría 800 pesos diarios, lo cual representaría muchísimo más que lo ofertado mediante los programas sociales de manea mensual o bimestral.

Según lo anunciado, en el combate al huachicol se ha empezado a aplicar un plan Bienestar dirigido a 91 municipios de todo el país, y va más o menos así:

-Pensión para adultos mayores: Se apoyará a 766 mil 927, que viven en zonas donde se da el robo de combustible. Presupuesto del programa: 2 mil millones de pesos.

-Pensión para personas con discapacidad: Beneficiará a 58 mil 344, con una inversión de 148 mil millones de pesos.

En ambos programas, el pago a los beneficiados será de 2 mil 550 pesos bimestrales

-Producción para el Bienestar: En apoyo de 140 mil 644 pequeños y medianos productores. Presupuesto: 530 millones de pesos, aplicado en 85 municipios de 8 estados.

Cada productor recibirá mil 600 pesos por hectárea por menos de 5, y de mil pesos si poseen entre 5 y 20 hectáreas.

-Jóvenes Construyendo el Futuro: Para contratar a 53 mil 333 jóvenes en municipios donde hay huachicol, con una inversión de 192 mil millones de pesos.

-Tandas para el Bienestar: Para apoyar a 21 mil 712 personas que ya cuentan con un negocio en 30 municipios de 7 entidades. Presupuesto de 130 mil 272 millones de pesos.

-Sistema Nacional de Becas Benito Juárez: Para 91 municipios afectados por el robo de combustible. Presupuesto: Mil 48 millones de pesos, destinado a 636 mil 733 estudiantes del nivel básico, medio superior y superior.

Hasta ahí.

Es buena la intención del presidente López Obrador y ojalá que funcione, por lo menos disminuyendo o conteniendo el crecimiento del huachicol, mientras el Gobierno Federal implementa otras estrategias más efectivas que paliativas.

Y a la par de los programas sociales urge el desarrollo económico del país; sin éste cada vez habrá menos dinero para el asistencialismo y más crimen organizado.

También a la par se hace indispensable atender la pobreza no solamente comunidades donde hay huachicoleo, sino también en zonas de siembra de enervantes y en los cinturones de miseria en las ciudades.

¿Y qué tal un programa de recompensas para quienes denuncien a personas dedicadas a este tipo de actividades ilícitas?

Los programas sociales no son la solución definitiva al problema del huachicol en zonas marginadas, se requiere reactivar la economía en todas las comunidades del país; generar muchísimas fuentes de empleo impulsando pequeñas y medianas empresas; capturar a los capos y bajar el precio de las gasolinas y diesel.

En fin, ninguna persona mexicana de buena fe y en su sano juicio desea el mal de México ni del mandatario de la Nación. Vaya, si los planes le resultan bien al gobierno, le va bien a nuestro querido país, que parece caerse en pedazos con tanta corrupción, impunidad, falta de empleos y pobreza.

QUÉ VERGÜENZA PARA DEL MAZO

Francamente en huachicol en comunidades del Estado de México debería avergonzar al gobernador Alfredo del Mazo siendo de la más alta estirpe política, que por años ha participado en la administración pública y en el ejercicio legislativo en todos los niveles.

El Estado de México quizá sea el más claro ejemplo, junto con Hidalgo, de cómo la clase política se enriquece mientras el pueblo se empobrece.