El Día internacional de la mujer 2019, nos invita a celebrar poco, reconocer otro tanto, y reflexionar mucho. Según el último reporte de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el futuro del trabajo, aún hay una brecha salarial de 20% en perjuicio de las mujeres respecto de los hombres, a nivel global. Por otra parte, la visibilización de la violencia contra las mujeres por razón de género se ha topado con algunas resistencias de los grupos tradicionalmente conservadores, pero también de los actores más inusitados, partes interesadas o stake holders que de forma directa o indirecta pretenden minimizar la dimensión o el apremio de las necesidades de las mujeres, sobre todo en ciertos países donde los derechos humanos aún están luchando por consagrarse como garantías jurídicas eficaces.

En México no puede negarse la convicción y proactividad de muchas personas e instituciones para avanzar en la agenda de género, tan solo hay que tener en cuenta que a nivel federal se cuenta con el primer gabinete paritario de la historia, el primer Congreso General paritario; en la Ciudad de México está en funciones la primera Jefa de Gobierno electa popularmente y se creó la Secretaría de las Mujeres, sin embargo falta mucho por hacer, y los días conmemorativos son, antes que nada, oportunidades para priorizar los retos más urgentes, dentro de la agenda pública.

Una de esas grandes asignaturas pendientes, precisamente es la violencia contra las mujeres y el papel que juegan las instituciones de procuración de justicia y de atención a víctimas de violencia. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2018 se recibieron 172,210 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer a nivel nacional, lo que representa un incremento –aproximadamente- de 51% respecto al año anterior, en el que se registraron 106, 765 llamadas; dichas cifras son un llamado urgente a la sociedad, pero en especial, a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La violencia más extrema cometida contra las mujeres, es decir, la violencia feminicida sigue siendo uno de los frentes aún pendientes por combatir, no obstante, el establecimiento de mecanismos de emergencia como las alertas de género, así como de la tipificación del delito de feminicidio en la mayoría de las entidades federativas y en el ámbito federal. La tendencia nacional de los presuntos feminicidios, ubican al 2018 como el año más violento para las mujeres, con un registro de 845 feminicidios, es decir, más del doble de lo contabilizado en 2015 (407).

Frente a este panorama, y por lo que se refiere al ámbito de la procuración de justicia, la situación es compleja. El desafío de instrumentar políticas públicas para la prevención, investigación y sanción de la violencia de género en las Instituciones de Procuración de Justicia, supone el enfoque transformador en principio, de las mejores prácticas en la persecución de las conductas criminales (protocolos, capacitación, campañas de sensibilización) y segundo, profundos cambios que permitan paridad y el empoderamiento de las mujeres, así como del acompañamiento de acciones afirmativas para lograr la igualdad sustantiva. 

Sin embargo, el modelo parece agotado frente a la vorágine de la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, y la sociedad mexicana no solo requiere de soluciones expeditas sino de resultados reales y eficaces, por lo que para las autoridades el reto es mayor y nos lleva a las preguntas obligadas: ¿Qué cambios sustanciales requiere la política pública de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer? ¿En qué han fallado los mecanismos institucionales existentes? ¿Qué decisiones públicas han errado en procurar seguridad y justicia a las mujeres mexicanas?

Sin duda, cada institución, organización, pública o privada, tiene identificadas las áreas de oportunidad y desafíos particulares, y como puede contribuir para asegurar una vida libre de violencia para todas las niñas y mujeres. Desde la trinchera ministerial, quiero dejar en la mesa el reto de todas las instituciones de procuración de justicia del país, pues se trata también, de redoblar esfuerzos para superar estereotipos y roles de género que obstaculizan, la mayoría de las veces, la substanciación de las investigaciones conforme a los principios constitucionales, legales y lo más altos estándares internacionales.

La eliminación de la violencia contra las mujeres es una tarea de todos, pero le debemos a la sociedad en su conjunto mejores resultados en la persecución y sanción de los delitos cometidos en contra de las niñas y mujeres por motivos de género. La justicia que no llega por la violencia feminicida y otras formas de violencia hacia la mujer, es el espacio propicio para la impunidad. La impunidad es el mejor incentivo y premio para los perpetradores. No hay conmemoración que valga por las mujeres sino es trabajando arduamente para garantizar una vida libre de violencia.