El pasado 28 de marzo del presente año, el entonces Gobernador de Guanajuato Juan Manuel Oliva Ramírez anunció intempestivamente que había sido designado Secretario General Adjunto para asuntos electorales del CEN del PAN, adscrito a la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota. Ese mismo día presento al Congreso del Estado de Guanajuato solicitud para separase del cargo.

La Cámara de Diputados guanajuatense aprobó, con la mayoría panista, al día siguiente, el 29 de marzo, su petición, eligiendo además, un Gobernador Sustituto en la persona de Héctor López Santillana, hasta entonces Secretario de Gobierno Estatal.

Este cambio de Titular del Poder Ejecutivo Local, además de los comentarios y críticas políticas, genero una muy interesante acción jurídica de un grupo de ciudadanos guanajuatenses encabezados por el abogado José Roberto Saucedo Pimentel, quienes vía el Amparo, institución mexicana muy prestigiada desde el siglo XIX, la cual se vio fortalecida con las reformas constitucionales de 2011 en materia de una mayor protección de los derechos humanos y fundamentales de todos los mexicanos.

En el Juicio de Amparo número 441/2012, radicado en el Juzgado Primero de Distrito con sede en Guanajuato, Gto., Saucedo Pimentel señala como Autoridades Responsables al propio Juan Manuel Oliva Ramírez, a Héctor López Santillana y al Congreso del Estado de Guanajuato, y reclama de éste último la aprobación de la solicitud de separación de Juan Manuel Oliva y la designación de un Gobernador, del propio Oliva la abstención de ejercer el cargo de Gobernador del Estado para el cual fue electo en 2006, y de López Santillana la abstención de ejercer el cargo de Secretario de Gobierno y de asumir la responsabilidad del Ejecutivo Estatal sin cumplir puntualmente los requisitos constitucionales exigidos para ello.

Cabe señalar que otros amparos en el mismo sentido no tuvieron la misma suerte, como el interpuesto por el joven abogado Juan Pablo Cortes Villalobos, cuya petición jurídica fue denegada y se encuentra actualmente en revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito del propio Poder Judicial Federal.

Los argumentos  de fondo en el caso que nos ocupa se centran en que los cargos de elección popular son irrenunciables y solo procedería la separación por causa grave, calificada así por el propio Congreso del Estado, lo que en la especie no ocurrió, pues no hay ninguna calificación de causa alguna esgrimida por Juan Manuel Oliva para separarse, como tampoco mayor argumentación o justificación de la Comisión de Gobernación y del Pleno del Congreso del Estado para autorizar la petición.

Respecto del nombramiento del Gobernador Sustituto Héctor López Santillana, se cuestiona que incumple dos requisitos constitucionales, el hecho de haber ocupado, sin mediar mayor temporalidad, la titularidad de una dependencia de la administración pública estatal como lo es la Secretaria de Gobierno, y el de disponer de mando de fuerza pública como lo es la Policía de Transito del Estado,  cuando la Constitución del Estado señala clara y expresamente que esos supuestos se tendrá que separar de esas responsabilidades, cuando menos con 6 meses de antelación. Situación que en el caso no ocurrió.

El viernes 18 de mayo se tiene prevista la celebración de la audiencia incidental, donde se resolverá sobre la suspensión solicitada, cuya consecuencia seria, si el Juez de Distrito le concede la razón a Saucedo Pimentel, la de ordenar el regreso de Oliva a la Gubernatura, circunstancia que términos estrictamente jurídicos es factible.

Los días o semanas siguientes se tendrá que resolver en el fondo el amparo que comentamos y veremos si el Juez Raúl González Padrón, responsable del caso, tiene los arrestos suficientes para tomar una determinación de tal trascendencia política.

Por otra parte y considerando el naufragio en el que se encuentra la candidatura presidencial de Josefina Vázquez Mota y el desdén que ha tenido con el ex gobernador Oliva en su comité de campaña, la posibilidad de una resolución jurisdiccional que lo obligue a retornar a la titularidad del Ejecutivo Estatal, más que un descalabro le  podría significar una salida “digna” de una encomienda partidista donde ha brillado, pero por su ausencia.