Tiro Libre. El primer golpe contra Borge

Roberto Borge
Para proceder contr Roberto Borge hacía falta voluntad políticaInternet

 

Tras meses de espera y justo cuando los quintanarroenses estábamos a punto de perder las esperanzas de que la justicia actuara contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo y su camarilla de secuaces, la Procuraduría General de la República (PGR) asestó un importante -que no suficiente- golpe a los intereses del ex mandatario, al asegurar 25 inmuebles con valor de alrededor de 5 mil millones de pesos que fueron casi regalados a familiares y prestanombres en el sexenio pasado.

Aunque hasta el momento la acción se limita a un aseguramiento para investigar a detalle las irregularidades en la compra-venta de esos valiosos inmuebles, el mensaje que se envía es lo verdaderamente importante: que las denuncias contra Borge y los ex funcionarios imputados en el saqueo de los recursos estatales ya empezaron a caminar.

Y es que como muchos apuntamos en su momento, para proceder contra Roberto Borge se requería voluntad política, no solo del gobierno estatal, sino del gobierno federal que encabeza el priista Enrique Peña Nieto.

Por lo visto, el gobernador Carlos Joaquín González se aplicó en la tarea de conseguir que esa voluntad política de llevar a Borge a la justicia, que parecía no existir, se hiciera realidad luego de largas semanas de incertidumbre.

Porque para el mandatario local este tema es de vital importancia para dar verdadera legitimidad social a su gobierno, consciente de que el masivo voto ciudadano que recibió en las urnas fue, en gran parte, por la sed de justicia de un pueblo harto de la corrupción y de la impunidad.

En ese sentido, este primer movimiento que pone en jaque a la ex titular del Instituto de Patrimonio Inmobiliario (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, y al propio Roberto Borge, quien ahora sí ha empezado a sentir pasos en la azotea.

Sin embargo, aún no es tiempo de echar las campanas al vuelo, pues hasta el momento las autoridades federales han actuado con una pasmosidad que raya en la incompetencia, contagiando de paso a la Fiscalía General del Estado, que sigue el ritmo que marca la federación.

Falta atender varios expedientes importantes por desvío de recursos utilizando como eje a la Secretaría de Finanzas y Planeación y su ex titular, Juan Pablo Guillermo Molina, quien hasta el momento vuela libre como paloma en el avión que presume como parte de su fortuna; la desaparición de más de mil 500 millones de pesos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en la que la responsabilidad recae sobre el ex director Gustavo Guerrero Ortiz, y el derroche en viajes de lujo en aviones privados de la paraestatal VIP Saesa.

A pesar de la lentitud, un atisbo de justicia empieza a vislumbrarse en el horizonte de estas tierras caribeñas.

0
comentarios
Ver comentarios