September 18, 2019 15:59


El INE y la Corte bajo presión

La Corte tiene un papel definitivo para la materialización de las consultas.

Como parte de la Reforma Político-Electoral, se expidió la Ley Federal de Consulta Popular que reglamenta la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución. En este ordenamiento se precisan el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, así como la promoción de la participación ciudadana en dichos ejercicios de democracia participativa.

En el marco de la consultitis con propósitos políticos, PRI, PAN, PRD y Morena han recorrido todo el camino legal con el objetivo de obtener la validación por parte del INE de las firmas de apoyo y consecuentemente la autorización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Corte tiene un papel definitivo para la materialización de las consultas. La ley le confiere la facultad de pronunciarse previamente sobre la constitucionalidad de las preguntas. También, le corresponderá decidir no sólo si la consulta está en la esfera de las materias permitidas por la Carta Magna, sino validar la legalidad de los cuestionamientos puestos en la mesa por los cuatro partidos.

Como parte de la inminente campaña electoral, las fuerzas políticas muestran su músculo con el propósito de impactar a la opinión pública. La propuesta del PRI para someter a consulta la reducción del Congreso ha superado en firmantes a las iniciativas del PRD y Morena sobre la Reforma Energética, y a la del PAN para elevar el salario mínimo.

Los tricolores han presentado 5.5 millones de firmas de apoyo, en tanto el PRD y Morena suman 4.7 millones: dos millones del partido del sol azteca y 2.7 millones del feudo de López Obrador. El PAN recolectó 2.5 millones para su propuesta.

La izquierda ha comenzado una campaña de presión sobre el INE y la Corte que busca asegurar que ambos órganos caminen en la dirección deseada por este segmento político. El secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, señaló que su partido se ?prepara para impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación trate de frenar la consulta popular sobre la Reforma Energética, para lo cual llevará a cabo encuentros y foros con especialistas en el tema, ampliará la difusión de éste entre la población y, de ser necesario, recurrirá a acciones públicas pacíficas?.

Las actividades referidas, forman parte de un plan emergente de acción para que tanto el INE como la Corte ?respeten el derecho constitucional de los mexicanos a ser consultados en torno a la Reforma Energética y sus leyes secundarias?. Sánchez Camacho fue claro en su amenaza: ?Hacemos un llamado a los ministros de la Corte para que eviten caer en la tentación de neutralizar la solicitud de consulta popular de la Reforma Energética argumentando que no proceden las consultas que impulsan el PRI y el PAN. La consulta popular del PRD es inevitable?.

AMLO ha convocado a una gran concentración en el Zócalo el 26 de octubre, para dejar claro que ?debemos evitar que el INE y la Corte se atrevan a actuar de manera facciosa y nieguen el derecho del pueblo a ser consultado y ejercer la democracia participativa?. El tabasqueño ha señalado que no tiene plena confianza en el máximo tribunal y si se negara la consulta ciudadana sobre la Reforma Energética se demostraría que ?no vivimos en un Estado de derecho, sino en una dictadura. Sería tanto como un golpe de Estado, violar abiertamente la Constitución?.

Balance

Las amenazas y los chantajes han sido frecuentes para tratar de influir en decisiones trascendentales que corresponden a los órganos del Estado. El INE y la Corte ya están curtidos para resistir mecanismos de presión que se ejercen desde las plazas y las calles como parte de una estrategia política que supone, equivocadamente, que los veredictos pueden tomarse por motivaciones políticas o partidarias.

Tanto [email protected] [email protected] como [email protected] [email protected] tienen una responsabilidad mayor con [email protected] [email protected] que se circunscribe al cumplimiento estricto de la ley. En el tema de la consulta popular, el mandato constitucional para ambas instituciones es muy claro. Lo más sano para nuestra democracia es que sin prejuzgar cuál será su decisión, se les deje trabajar sin ponerles una ?pistola? en la cabeza.

                Twitter: @pacoguerreroa65

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