Con la resolución de la totalidad de los juicios de inconformidad promovidos por la coalición Movimiento Progresista  para impugnar los cómputos distritales de la elección presidencial, el pasado viernes 24 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluye la primera parte de la cuarta etapa del proceso electoral federal, que corresponde en exclusiva, en términos constitucionales, a esa instancia jurisdiccional.

Y el TEPJF lo hace antes del término legal (el 31 de agosto) para seguramente tener más tiempo de realizar el análisis y reflexión de la calificación de la elección presidencial, cuya fecha perentoria es el 6 de septiembre venidero.

Con esas resoluciones el TEPJF anuló 524 casillas de las 82439 impugnadas, lo que equivale al 0.36% de las más de 143 mil instaladas el 1 de julio pasado, e impacta de manera “muy moderada” los cómputos en los distritos.

De lo anterior, podemos deducir que los resultados de la elección presidencial se mantienen sustancialmente iguales a los que conocimos la noche del 1 de julio, y que se confirmaron con los cómputos distritales de la semana siguiente.

Ahora solo resta realizar al TEPJF la calificación, con la declaración de validez o invalidez de la elección, y como consecuencia del primer supuesto, la declaratoria de presidente electo.

La apuesta de la coalición Movimiento Progresista es que el TEPJF declare inválida la elección, a partir de que, según ellos, no tuvimos unas elecciones libres y auténticas, pues dicen, se compraron más de 5 millones de votos, se rebasaron los topes de gastos de campaña y hubo dinero de procedencia ilícita en la campaña de Enrique Peña Nieto (EPN).

Sin embargo, las pruebas que presentaron y se hicieron públicas, distan mucho de lograr acreditar tales señalamientos, además de ser de naturaleza penal dos de ellas, y no sabemos los resultados de las supuestas investigaciones que han realizado o están realizando las autoridades correspondientes, y el rebasar los topes de gastos de campaña, como se ha reiterado, no es causal de nulidad de la elección.

De tal suerte que en los próximos días, quizá después del 1 de septiembre en que instalara el próximo Congreso de la Unión y éste recibirá el último informe de gobierno del Presidente Felipe Calderón, estaremos observando la sesión pública de la Sala Superior del TEPJF, donde se declarará la validez de la elección y será declarado EPN Presidente Electo. Esto sucederá, probablemente, el lunes 3 o martes 4 de septiembre.

Es absolutamente improbable un escenario distinto, incluso para las fuerzas políticas y grupos más radicales que apoyan a Andrés Manuel López Obrador o que se oponen a Peña Nieto, pues ya están preparando las estrategias y acciones que instrumentaran cuando esto ocurra.

Sin duda que se manifestaran en contra de la casi segura determinación del TEPJF, validando la elección presidencial, aunque no lo hayan hecho respecto de los comicios legislativos y otros de naturaleza local; y por supuesto que tienen derecho a hacerlo, dentro del ámbito de libertades que gozamos en México, sin afectar a los demás, pero de eso a que se desatará un estallido social es simplemente querer asustar “con el petate del muerto”.