El pasado miércoles 14 de agosto, el Consejo General del INE aprobó la cantidad de 5,239,001,651 pesos, por concepto de prerrogativas para los partidos políticos con registro nacional; en cifras cerradas, el monto asciende a 5 mil 239 millones de pesos para los siete partidos con registro nacional, cantidad que pretende ejercerse durante el año 2020.

Con dicho haber monetario los partidos políticos con registro en el presente, desarrollarán sus actividades ordinarias, específicas y las tareas propias al liderazgo femenino; además, incluye una ayuda en especie para el cumplimiento de sus actividades.

Sin duda, el presupuesto aprobado es significativo y, entendido sin mayor contexto, puede parecer exorbitante.

Por ejemplo, con la cifra aprobada, podría comprarse el avión presidencial, el cual tuvo un costo de 218.7 millones de dólares, que en pesos mexicanos equivale a 4 mil 247.2 millones de pesos; es decir con el 81% de las prerrogativas aprobadas para los partidos políticos con registro nacional para 2020 podría ser comprado el avión presidencial, incluso nos sobrarían 992 mil pesos.

En esta misma temática, la cantidad en cuestión es superior en 5% al presupuesto que recibió el Politécnico Nacional en este año 2019, pues a éste se le asignó 5 mil 003.1 millones de pesos; del mismo modo, si comparamos el financiamiento que pretenden recibir los partidos políticos con registro nacional para el 2020; éste equivale al 32% del presupuesto de la UNAM para este año, que fue de 16 mil 291.9 millones.

En este sentido, toma relevancia las declaraciones que rindió el Presidente de la República apenas el pasado 07 de agosto, cuando exhortó a los partidos políticos a reducir sus gastos en por lo menos 50% y devolver el dinero restante a la Hacienda Pública.

Sin embargo, es conveniente aclarar que si bien los partidos políticos reciben mucho dinero, éste no es producto de la determinación aislada de los Consejeros Electorales que aprobaron la bolsa; tampoco es una bondad que otorga la Cámara de Diputados, en este caso, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2020; sino que es el resultado aritmético de una serie de fórmulas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa en su artículo 41.

En este orden de ideas, la asignación económica que reciben los partidos políticos atiende a un sistema de derecho que representa porcentajes que son asignados de manera proporcional y otros que atienden a la votación real que cada Instituto político reciba en lo individual en las elecciones federales anteriores.

En consonancia con lo expresado hasta aquí, la asignación monetaria es legal y aunque puede parecer mucha la prerrogativa o no, al final, atiende a una norma que representa el acuerdo de todos los agentes reales de fuerza política.

En este contexto, solicitar la devolución de un 50% es una cuestión que puede atender a carices morales o filosóficos de justicia, pero nunca a una expresión legal y es que la reducción en cuestión no necesariamente abonará a un México más justo ni contribuirá a un verdadero régimen de competencia electoral, por el contrario, los partidos chicos proporcionalmente estarían en condiciones de inequidad significativa para competir por el voto de los ciudadanos, en comparación con el partido mayoritario.

En esta temática, devolver la mitad de la prerrogativa de MORENA implicaría que éste ejerza para el año 2020, 851.5 millones de pesos, mientras que el PT, el partido con menor prerrogativa, ejercería 188. 6 millones de pesos, esto es, apenas un 22% respecto de lo que ejercería MORENA para las mismas actividades; una diferencia importante, que siendo tan marcada, se piensa que será muy difícil una auténtica competencia, en concreto, el Partido pequeño pierde en los hechos, mucho más que su 50% de prerrogativas.

Sin duda, los tiempos presentes han obligado a discutir las fórmulas constitucionales para la asignación de recursos a los partidos políticos. En este sentido, esperemos que la discusión atienda a diversos análisis que asuman todas las aristas como la situación de la economía nacional, el padrón electoral, lo peligroso que sería que los agentes políticos ante falta de recursos buscarán financiarse sin tener claro el origen de los recursos en cuestión y, la presión de grupos del crimen organizado para dotar de recursos a cambio de candidatos que atienden al interés delincuencial y no al orden público.

YURI PAVÓN ROMERO