la enésima reforma política

El pasado jueves 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política mexicana en materia política.

En el mismo se contemplan instituciones muy importantes como la iniciativa popular, la consulta popular; las candidaturas independientes o al margen de los partidos políticos; la iniciativa preferente del Presidente de la República; los supuestos para cubrir las ausencias o separación del Ejecutivo Federal, así como diferentes alternativas para que éste rinda protesta cuando no lo pueda hacer ante el Congreso de la Unión; la  ratificación en el Senado de funcionarios de los órganos  reguladores en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica; se cambiaron las fechas para la revisión de la Cuenta Pública, principalmente.

Sin duda que ésta nueva reforma institucional del estado mexicano, contribuye al desarrollo y consolidación del estado constitucional democrático que estamos construyendo los mexicanos; sin embargo se sigue quedando corta, para satisfacer las demandas y exigencias de nuestra realidad política contemporánea.

A las importantes reformas políticas de 1977-1978, de 1989-1990, 1994-1995, 1996, 2007-2008, principalmente, ahora agregamos la reciente de 2012, que han venido marcando el perfil del México democrático de finales del siglo pasado y principios del XXI.

Analizar las características y alcances de las diferentes instituciones que ahora se incorporan al texto constitucional excede los límites de esta colaboración periodística, lo cual tratare de realizar próximamente.

En esta ocasión me quiero centrar en el método de aproximaciones sucesivas y coyunturales que ha adoptado la clase política gobernante del México plural de nuestros días.

Sin que por supuesto haya sido deliberado, nos dirán que es lo que políticamente se ha podido lograr, pues ahora se requiere la concurrencia de muchos actores y circunstancias que no existían en nuestro pasado reciente.

Desde finales del siglo XX se ha planteado como parte de la agenda pública la denominada Reforma del Estado, que implica una profunda transformación de las estructuras, procedimientos y funcionamiento de las instituciones públicas de éste país.

Desde la revisión de la forma de estado y de gobierno, del federalismo y del municipalismo, de las relaciones intergubernamentales, de los mecanismos de democracia directa y/participativa, de los sistemas de transparencia y rendición de cuentas, de la procuración e impartición de justicia, de la reelección y la segunda vuelta, de las coaliciones de gobierno y legislativas para eficientar las decisiones estructurales, etc., etc.

Es decir, son muchos y variados los temas que se tienen que abordar de manera completa e integral, para realizar un diagnóstico lo más completo posible, para luego de un  amplio debate nacional, plantear y aprobar el nuevo modelo de estado y de gobierno que México necesita.

La política de seguir tapando hoyos o resolviendo problemas o demandas coyunturales que se van presentado, no parece ser la mejor alternativa para el rediseño institucional.

Todos los mexicanos tenemos parte de responsabilidad para que esto cambie, pero sin duda es mayor, la de la clase política gobernante; esperemos que estén a la altura de las circunstancias.

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