La participación de la comunidad en las acciones de gobierno no es un asunto de voluntad política, es un asunto de respeto al Estado de Derecho. Esta afirmación viene a cuento por muchas de las opiniones que se han vertido sobre asuntos tales como el Corredor Cultural Chapultepec o el Deprimido Mixcoac, este último referido a un paso a desnivel en el conflictivo cruce de las avenidas Insurgentes y Río Mixcoac, en esta Ciudad de México.
La omisión a la ley es la reina del delito, reza una sentencia escuchada a un abogado ambientalista. Lo grave del asunto es que dicha sentencia fue hecha por este abogado con relación al gobierno, a las autoridades, y no precisamente se refería a los particulares. En efecto, una autoridad omisa es lo que explica mucho de los grandes problemas nacionales, como es la creciente impunidad que caracteriza al país desde hace muchos años.
Sin embargo, esta omisión a la ley, esta falta de respeto al Estado de Derecho no representa la causa de los problemas que vive el país, en opinión de quien esto escribe, la omisión a la ley, la corrupción, la impunidad, son consecuencias o efectos y no las causas de los problemas. Las causas de nuestros problemas devienen entonces de la ausencia de democracia, de la falta de participación en las acciones de gobierno, que dicho sea de paso, es precepto constitucional difundido en leyes, reglamentos, normas, planes y programas que adquieren el carácter de ley cuando son aprobados por los poderes ejecutivo y legislativo.
En el ámbito del sector desarrollo urbano la metodología legal considera la participación de la comunidad como un elemento imprescindible en todo el proceso de elaboración de los planes y programas, es decir, desde un principio y antes de que inicien los trabajos. La idea es que la comunidad le impregne al estudio sus deseos, demandas y necesidades. Existe pues, un amplio trabajo de deliberación que exige tiempo y esfuerzo, todo el que sea necesario. Cabe señalar que en ello es muy importante la opinión del experto, la comunidad puede no tener la razón, muchas veces no la tiene, y la labor de convencimiento del experto resulta muy importante.
Por todo lo anterior, debe quedar claro que la sociedad mexicana no depende de los buenos deseos de sus gobernantes, no depende de las personas o los líderes acabar con la impunidad, la corrupción y la omisión de la ley. En efecto, urge que se aplique la ley y para que se aplique la ley hará falta mucha democracia. Estaríamos cometiendo un gran error si permitimos o creemos que nuevos gobernantes van a cambiar este estado de cosas. Es la sociedad la que tiene que obligar al gobierno a que cumpla y haga cumplir la ley.
El fracaso de la alternancia política se debe a que no fuimos más allá, la sociedad no hizo su parte, pensamos que un nuevo gobierno traería el cambio y resultó al revés, nos fue peor. Fue el régimen político autoritario y sin democracia el que cambió a los partidos y no precisamente los partidos cambiaron al régimen. Lo mismo pasará con los candidatos independientes o los nuevos partidos, de izquierda o de derecha, si no hay participación social. La democracia no termina con el voto, de hecho, apenas empieza.
Todo lo anterior explica que los nuevos proyectos de obra pública y desarrollo urbano impulsados por el gobierno del Distrito Federal sean proyectos fallidos, no tiene que ver con la calidad del proyecto, adolecen de vicios legales desde su origen, no contaron con la participación social que exigía la ley. Existen otras razones en la improcedencia de estos proyectos que tiene que ver con la metodología técnica y legal de la planeación, pero ésta es la principal.