Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), señalado en una investigación por presuntos sobornos de la empresa Odebrecht, fue detenido este miércoles en España confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

El exfuncionario, prófugo desde hacía varios meses, está acusado en México de recibir al menos 10 millones de dólares de la constructora brasileña y se sospecha que el dinero fue usado en la campaña a la presidencia del 2012 por el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las investigaciones sobre el caso Odebrecht no solo podrían afectar al expresidente Enrique Peña Nieto, sino que también podrían salpicar al exmandatario Felipe Calderón.

La justicia de Brasil lleva a cabo desde hace varios años una investigación sobre los sobornos que el gigante de la construcción Odebrecht repartió en nueve países de América Latina y dos africanos para obtener contratos millonarios, conocido como caso “Lava Jato” alcanzando a la Presidencia de México –durante la gestión de Felipe Calderón.

El escándalo de corrupción de la empresa brasileña en México ha estado contenido en tres contratos firmados con Pemex y el supuesto pago de 10.5 millones de dólares en sobornos. En la investigación que se está llevando en el país sudamericano por el juez Sergio Moro ha salido a la luz el nombre de Felipe Calderón debido a que en la averiguación, esto para saber si dos directivos de una filial de Odebrecht conspiraron para que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva intercediera ante el presidente de México para beneficiar la inversión del corporativo amazónico en ese país, según una indagatoria de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La posible implicación del exmandatario mexicano en los actos de corrupción se dio cuando su nombre apareció en un correo que Roberto Prisco Ramos, director de Braskem, envió a otro ejecutivo de la filial de petroquímica de Odebrecht. La empresa necesitaba 66 mil barriles diarios de gas etano para suministrar a una planta de polietileno que se construiría en Coatzacoalcos al sur del estado de Veracruz. Para conseguir ventas por 2 mil millones de dólares anuales, los ejecutivos necesitaban que Pemex les dejara el gas a un precio preferencial. El correo fechado el 8 de diciembre de 2009 que Prisco Ramos destina a Alexandro, director de relaciones institucionales, dice lo siguiente:

“Querido tricolor:

Necesito tu ayuda con respecto a este tema:

Hacer un esfuerzo para que LILS acepte una invitación especial de Calderón de ir a México a principios de febrero.

Cuando puedas, me llamas, para hablar al respecto.

Abrazo”,

“LILS” es el acrónimo del expresidente Lula y era utilizado frecuentemente en los correos recuperados para el caso “Lava Jato”.

En febrero 23 del 2010, 75 días después del correo entre Prisco y Alencar, se dio la reunión entre Calderón y Lula da Silva. El encuentro se celebró en Cancún, Quintana Roo; en el acto los presidentes emitieron un comunicado conjunto en el que celebraban la inversión de 2,500 millones de dólares que hacía Braskem y la mexicana IDESA, de Guillermo Gutiérrez Saldívar en la construcción del complejo Etileno XXI que hoy opera en Veracruz fabricando polietileno.

La inversión brasileña se convirtió en la mayor inyección de recursos en el sector petroquímico mexicano en 30 años. A partir de 2010 Pemex frenó tres proyectos de infraestructura propios para no competir con la inversión realizada por Odebrecht.

Etileno XXI desde que comenzó sus operaciones el precio del gas etano con el que trabaja es un secreto y así permanecerá por 20 años con posibilidad de prorrogarse por cinco más, al haberse clasificado como “información reservada”, según consta en una respuesta oficial de Pemex ante una solicitud de acceso a la información hecha por MCCI.

El argumento para mantener en secreto la fórmula del precio del etano, es que si se hace público se causaría un daño comercial a Odebrecht y a su socia mexicana.

Además, un juzgado de distrito emitió sentencias, en las que concedió amparo a favor de Braskem e IDESA, para que se mantenga en secreto la información contenida en el contrato de suministro de etano suscrito con Pemex, y la fórmula del precio del gas.

Los inversionistas de planta petroquímica, no solo obtuvieron de parte del gobierno de Felipe Calderón, un precio preferencial, del gas etano por parte de Pemex, sino también recibieron financiamiento de la Banca de Desarrollo mexicana. Nacional Financiera (Nafin) le otorgó un crédito a Braskem por 280 millones de dólares y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otros por 120 millones de dólares.

El gobierno de Veracruz fue también participe de las negociaciones para que se estableciera en Coatzacoalcos la empresa petroquímica. En agosto de 2011 Marcelo Odebrecht, que en esa época fungía como dirigente de la firma brasileña, se reunió en Sao Paulo, Brasil, con el exmandatario veracruzano, Javier Duarte  de Ochoa, hoy preso, en una cárcel de la Ciudad de México, para cerrar la inversión en el estado.

En la reunión se establecieron apoyos y garantías para establecimiento y funcionamiento de Etileno XXI.

La planta inició operaciones en abril de 2016, cinco años después de que Odebrecht se reunió con Duarte para acordar la inversión millonaria que finalmente ascendió a 5 mil 200 millones de dólares.

El gobierno de Duarte tuvo una relación de negocios con la firma brasileña, a lo largo de sus casi 6 años de gobierno, esto con la aparente “bendición” de las administraciones federales tanto del Felipe Calderón, como de Enrique Peña Nieto, ya que en entre el 1 de diciembre del 2010 y el 12 de octubre del 2016, el corporativo brasileño instaló en Veracruz 13 empresas.

En abril del 2017 en un intento por frenar el escándalo que generó el soborno de 10.5 millones de dólares a exfuncionarios federales entre 2010 y 2014 por parte de Odebrecht, Pemex dio información sobre cuatro de los 11 contratos firmados, pero ocultó datos sobre los sobreprecios y ampliaciones ilegales cercanos a los 3 mil millones de pesos que la empresa pagó; también ocultó las cifras sobre el descuento que el conglomerado brasileño recibirá en los próximos 20 años por la compra de gas etano.

La corte del distrito este de Nueva York sentenció el 17 de abril del 2017 al conglomerado brasileño Odebrecht a pagar una multa de dos mil 600 millones de dólares, luego de que esta firma se declarara culpable de operar un esquema masivo de defraudación internacional.

La multa impuesta a la empresa brasileña, no debe de ser pretexto para que las autoridades mexicanas sigan investigando y determinen que autoridades del país ya sea estatales o federales, recibieron los sobornos y están coludidas en casos de corrupción.

Independientemente si el gobierno de Felipe Calderón, incurrió en un ilícito, su actuación en este caso deja mucho que desear en lo económico, ya que canceló 3 proyectos de la hoy empresa productiva del Estado, además de subsidiar una empresa privada al dar precio preferencial al gas etano lo que podría llamar un populismo de derecha.