ODEBRECHT en la Plaza de las Siete Culturas en Cholula

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Desde los días escolares profeso  estima a la persona de Claudio X. González, aun cuando prácticamente nunca he  coincido con sus tesis y criterios, siendo el caso de la promoción que ha emprendido con la formación de la agrupación denominada “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”, una de las excepciones  a la inveterada divergencia en cuestión; al menos, por lo que hace a la clara y valiente exposición  que la agrupación mencionada ha realizado ante la opinión pública respecto a las prácticas corruptas realizadas en nuestro país por el consorcio “ODEBRECHT”.

En tanto Emilio Lozoya Austin, en su carácter de director de la empresa productiva del estado “Petróleos Mexicanos”, suscribía contratos viciados de nulidad por su estirpe dolosa con el consorcio brasileiro, y  derrochaba con motivo de su  traslado  diario una verdadera fortuna al decir de la Auditoría Superior de la Federación; Jales Asad fue torturado y asesinado en el sitio arqueológico de Palmira por los vándalos  que han integrado hasta la fecha el  denominado  “estado islámico”.

En tanto Emilio Lozoya Austin abría las puertas de nuestra industria petrolera a una empresa fraudulenta según denuncia la agrupación “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad” con  fundamento en los datos que sus investigadores han recabado de la Auditoría Superior de la Federación Jorge Alberto Lozoya Legorreta,  director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en Puebla,  emitía un Decreto para expropiar la  superficie que abarca el sitio arqueológico de la Pirámide de Cholula en el que,  nada más y nada menos que la referida  constructora brasileira habría edificado un centro de convenciones  cuyo proyecto recibiría el nombre pomposo de “Plaza de las Siete Culturas”.

En los informes dados a conocer en fechas recientes por   la Auditoría Superior de la Federación  se incluyeron significativas  observaciones por lo que hace al gasto estatal en la zona arqueológica de Cholula, como por lo que  concierne a la edificación y puesta en marcha del Museo Internacional Barroco, hoy este último, bajo la dirección del propio Jorge Alberto Lozoya Legorreta.

El  brutal asesinato del arqueólogo Jales Asad en agosto del 2015, determinó que UNESCO declarara la protección especial de los vestigios, considerándola   incluso  como una carga obligatoria,  determinada por la comunidad internacional   a cargo de las partes beligerantes en los  conflictos bélicos.

En consecuencia, y esgrimiendo lo dispuesto al respecto por la legislación nacional en materia de monumentos  el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, resolvió en contra de la expropiación pretendida por Moreno Valle mediante el amparo 22/2015,  falló que impidió a ODEBRECHT  y su clan beneficiario en México, los Lozoya,  sumar  a la depredación ambiental, el robo de hidrocarburos y el desfalco a la Hacienda Pública nacional el infame mérito de la destrucción de la memoria  humana como lo hicieran en Palmira los señores de ISIS.

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