Las noticias más reveladoras sobre los rasgos estructurales de nuestro sistema político suelen pasar desapercibidas, o ser leídas superficialmente, porque carecen del sensacionalismo de las telenovelas periodísticas y del estruendo de la coyuntura. Pero bajo la superficie esconden una enorme fuente de reflexión y de significado. Es el caso de los días pasados, durante el puente de semana santa, que dos grupos pequeños de personas (50, 60 a lo más) tomaron las casetas más importantes de entrada y salida de la Ciudad de México. La Dirección de Caminos y Puentes Federales estima que se "perdieron" más de 5 millones de pesos diarios. Entrecomillo porque tanto los integrantes de "jóvenes por la libertad" como los del sindicato de la UAM, pidieron una cooperación voluntaria de 50 pesos a todos los automóviles para su causa.

Lo más interesante de todo es que hubo algunas horas en las que funcionaban algunas casetas normalmente y otras estaban tomadas. En carriles contiguos. Podía decidir el automovilista si pagaba su cuota normal de 100 pesos y le aplicaba el seguro para carretera o pagaba los 50 pesos a los manifestantes. Sociológicamente, este momento fue una maravilla digna de estudio; coexistieron dos fuentes de poder que controlaban la libertad de tránsito, ni más ni menos, en el mismo lugar, al mismo tiempo. La naturalidad con la que se negoció (seguro se negoció) entre los rebeldes y la policía para repartirse las casetas, sería imposible de concebir para quien no conozca la tradición política mexicana.

Hoy sabemos que el Estado no es una entidad meramente simbólica, cuya fuerza y permanencia se acredite por el solo hecho se que alguien se proclame como líder político de una comunidad. Tampoco bastan los monumentos burocráticos, es decir, los grandes edificios que alojan al presidente, a los legisladores o a los jueces. El Estado, y concretamente el gobierno, es una realidad que se demuestra mediante sus acciones; muy especialmente, por más que les duela a muchos, por sus acciones coercitivas. En la posibilidad de hacer que los particulares se sometan a su voluntad (que es la voluntad general, idealmente) se distingue del resto de las organizaciones con las que coexiste en la sociedad. Claro que la mayor parte del tiempo lo que se percibe es la mera posibilidad de la fuerza pública, pues de lo contrario hay un régimen de terror. Pero en ciertas ocasiones, en las que un particular desafía abiertamente al Estado, este debe hacerse presente con su cara más desagradable, para recordarle a quien se deba que el único interés que se superpone a los otros, es el interés público.

Por todo lo anterior, no son los delitos (por más lesivos que sean) sino las prácticas mafiosas las que ponen a la autoridad pública en mayores predicamentos; las que muestran de forma más vergonzosa sus limitaciones y fragilidad. Porque un mafioso es mucho más que un delincuente. Como dice Diego Gambetta, es alguien capaz de crear un orden formal y material paralelo al orden jurídico vigente, y además logra que se cumpla con mayor eficacia. Cuando un grupo de "autodefensas" se crea, lo que pretende es suplantar a la policía; cuando los "Jóvenes por el derecho" toman casetas, lo que están haciendo es suplantar, precisamente, al derecho, y cuando un mafioso cobra derecho de piso, lo que suplanta es el aparato de recaudación fiscal y el de seguridad pública.

Como automovilista, uno puede sentirse tentado a favorecer este tipo de prácticas; mejor que dejen pasar a que bloqueen el paso, y si eso me ahorra lo de la caseta, pues bienvenido. Pero para el gobierno, estos mecanismos de protesta mediante la apropiación y aprovechamiento ilegal de bienes públicos, son un precedente que puede resultar en problemas bastante más graves que un delito común y corriente. Es un desafío abierto, una negación del orden legal y un aliciente para que cualquier persona que disponga de 50 personas y necesite 5 millones de pesos rápido, emule la buena práctica. Y mientras, la policía negocia.