Nadie aguanta un cañonazo de 111 millones

La incongruencia de la denuncia de la izquierda y los serios señalamientos realizados por El Universal respecto a empresas que patrocinaron la campaña de AMLO

Por mucho tiempo para muchos fue una incógnita de qué vivía López Obrador y de dónde obtenían recursos las organizaciones que giraban en torno suyo y que sirvieron para impulsar su movimiento en los últimos seis años. Aunque hubo varias teorías y sospechas de que el dinero provenía de gobiernos, legisladores y grupos afines, lo cierto es que nada se pudo demostrar y todo quedó en sospechas.

En esta semana que concluye El Universal publicó una nota en la que dio a conocer que tres compañías formadas por personas cercanas al ex candidato presidencial,  recibieron contratos –vía adjudicación directa- del Gobierno del Distrito Federal por más de 111 millones de pesos.

Lo importante de dicha nota era que varios de los miembros de las empresas son a su vez miembros de las organizaciones que respaldan a Obrador e incluso cercanos a él como es el caso de Héctor Muñoz Ibarra, socio de fundador de SAD Desarrollo y Transparencia y ex director del Registro Público de la Propiedad del DF, quien funge como presidente de Austeridad Republicana, una de las organizaciones que apoya al ex jefe de gobierno.

La empresa que preside Muñoz Ibarra ha conseguido con diversas dependencias del Distrito Federal por la vía de la adjudicación directa el 94% de sus contratos, lo que en términos contables es más de 88 millones de pesos. La misma suerte han corrido las otras dos empresas, AFK y AAR, relacionadas con gente cercana a Obrador, aunque sus ingresos han sido menores pero no por esto despreciables.

Aunque puede decirse que cualquiera tiene el derecho de hacer una empresa, sin importar sus posiciones ideológicas, lo cuestionable de esta situación es la cercanía que tienen los implicados con una figura íntimamente relacionada con la administración que le ha adjudicado los recursos a las mismas.

Si López Obrador ha pedido en diversas ocasiones honestidad no podemos más que esperar en este situación que se ha dado a conocer la misma y más aun, cuando se trata de un asunto que implica recursos públicos cuyo uso no sólo debe ser transparente sino también en beneficio del pueblo y no de interés políticos o personales lo cual, por cierto, también ha sido uno de los principios rectores de AMLO.

La cosa es simple: en lugar de intentar justificar esta situación con pretextos de todo tipo –como que con estas acciones las fuerzas del mal intentan desviar nuestra atención- lo que se debe hacer es demostrar que en verdad se actuó conforme a la ley y que las empresas beneficiadas, independientemente de su origen, eran las más indicadas para realizar la labor para las que fueron contratadas (lo que me lleva a cuestionarme si al menos se hizo el trabajo por las que les pagaron) y de esa forma demostrar que no estamos ante un delito que muy probablemente tiene claros intereses políticos que, por supuesto, sólo desacredita a los implicados.

Este problema que enfrenta la izquierda me recordó algo que leí y comparto: hacer es la mejor manera de decir. Cada quien saque sus propias conclusiones del por qué viene a cuento este dicho de José Martí.  

Por último, este suceso sirve para demostrarnos muy claramente que en política –como bien dice la sabiduría popular- en todos lados se cuecen habas por lo cual no podemos, sin riesgos a equivocarnos, verla en términos pasionales y valorativas; esto por supuesto tampoco podemos hacerlo con los políticos porque considerarlos como verdaderos seres impolutos –sólo por las intensiones que ellos dicen tener- es una visión que no pertenece a la política sino que es propia de la iglesia.

Por cierto, ¿qué ocurre con el diputado del PT Jaime Bonilla Valdez y la compra de candidaturas que menciona en su columna del pasado 29 de agosto Ricardo Alemán? 

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