Ante el desastre que se está presentando en el sector salud por el desabasto de medicamentos, originado, según la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, por corrupción en las licitaciones y la falta de supervisión de parte de las autoridades de esa secretaria, en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), parece que las cosas se pueden dar de la misma manera, con irregularidades en las licitaciones y en los mecanismos para la contratación de servicios.

Todo apunta a que la titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, desde su llegada apenas el pasado 15 de enero, pudo, en muy pocos días, detectar posibles actos de corrupción, de ahí la remoción de servidores públicos que no se alinean a las nuevas formas que implementa la nueva titular del SAT. Para muestra un botón, ya que para la Licitación Pública Nacional LA-006E00001-E37-2019 del Servicio de Soporte Operativo 4 (SSO 4), de la que se publicará a su ganador el próximo 31 de enero, se dice que aún, previo a la publicación de su convocatoria, ya tiene nombre.

Y es así, ya que para cualquier participante de la licitación es requisito indispensable en su propuesta obtener un Título de Autorización que comprueba su experiencia en los servicios que el SAT licitará. Sin embargo, cambiaron el nombre del título de autorización para el SSO4 -ahora lo llamaron Operación del Servicio Administrado (OSA)- con lo que el SAT pudo haber creado una cortina de humo para aquellos interesados, dejando así únicamente a las empresas participantes en la investigación de mercado, y para aquellos que no contaron con ese beneficio, fue hasta el 11 de diciembre del año pasado, con la publicación del proyecto de convocatoria, cuando se dieron por enterados, lo cual sería sencillo vislumbrar si el SAT publicará en su portal la fecha en la que se emiten los títulos y el servicio, pero sólo da a conocer una lista escueta con el número de título y nombre de las empresas.

Y si se trata de asegurar el nombre del ganador, todo es posible, porque para obtener el título de autorización, el SAT tiene hasta 45 días para resolver, es decir, de agotarse ese plazo, hubiere sido posterior a la fecha del acto de proposiciones, pero no fue así, con los tiempos tan cortos de la licitación anuló toda oportunidad para intentar nuevamente su obtención.

Hay más que decir, durante la junta de aclaraciones de la licitación, se realizaron modificaciones considerables, quitando, desde la obligación de contratar a personal "especializado" de alrededor de 40 personas que el SAT les comunicaría, hasta cambiar anexos de perfiles y forma de evaluar, lo que les llevó a diferir la fecha de respuestas una semana, lo que no le preocupa al SAT porque, para la etapa de repreguntas por los licitantes, el SAT otorgó el plazo legal mínimo de seis horas contadas a partir de las casi 21 horas del día viernes 10 de enero, para que con ese tiempo récord se debía revisar la totalidad de modificaciones hechas por el SAT y las aproximadas 500 preguntas de los participantes. En otras palabras, quien lleva la licitación simplemente limitó los tiempos para que solo una empresa estuviera en condiciones de participar.

Si lo antes dicho no es suficientemente tendencioso, conforme a los documentos que publica el SAT en el sistema de licitaciones -Compranet-, es mera coincidencia, que en la presentación de proposiciones, únicamente se recibieron 3 propuestas; la primera de ellas, el proveedor actual del SSO (T-Systems) y su socio (Sinergia de Negocios); la segunda por Entserv Enterprises México; a quienes conforme al listado en la página de títulos del SAT, obtuvieron su autorización durante el mes de octubre de 2019 -quebrantando el principio de igualdad entre participantes de cualquier licitación-; y la tercera propuesta por Appxolot, desechada porque no firmó de manera electrónica y cotiza sólo para el rubro de capacitación.

¿Será que el nombre del ganador sea Entserv Enterprises México con la propuesta económica más baja, a quien además no se identifica con contratos suscritos con el sector público federal en el sistema de Compranet desde 2010 y a quien el SAT le otorgó título antes de la publicación del proyecto de convocatoria del SSO4 y que, conforme a la licitación, para el otorgamiento de puntos deberá contar con contratos celebrados en los últimos 10 años, prestados en territorio nacional?

Esto no habría pasado si se tuviese un responsable del Órgano Interno de Control (OIC) el cual nombró la titular de Función Pública y tiene la responsabilidad de supervisar y observar, en su caso, irregularidades en un proceso de licitación tan importante y delicado como los servicios que contrata el SAT.

Lo importante ahora, será esperar a conocer el informe que emita el testigo social que designó la Función Pública.