La cada vez más disminuida Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), reclama al gobernador Quirino Ordaz que su gobierno no les otorga obra porque los procedimientos son por adjudicación directa. Es decir, reclaman la licitación y la convocatoria abierta.

En un documento dirigido a la opinión pública aseveran que el gobierno estatal está concentrando la obra pública a través de PRECASIN, una empresa estatal dedicada fundamentalmente a realizar obras de emergencia en los rubros de bacheo y re-encarpetado, lo que ofrece un ahorro de poco más del 35 por ciento a los bolsillos de los contribuyentes, todo lo contrario a lo que en este sentido cobraría una empresa particular.

Ellos, los constructores, aseguran que esto es inconstitucional cuando el modelo está en la ley. Es más, el PRECASIN debería utilizarse para grandes obras públicas,  porque tampoco el gobierno está para mantener a empresas constructoras que, en el mayor de los casos, triplican los costos.

Sin embargo a los constructores del estado se les olvida, o prefieren ignorarlo, que el 94 por ciento de los contratos de obra pública en Sinaloa han ido a parar a sus bolsillos. Es decir, solo el 6% de la obra pública, la menor, ha sido realizada por el gobierno estatal donde, incluso, no han entrado pavimentaciones porque PRECASIN solo tiene capacidad para obras de re-encarpetado y bacheo.

Para que el lector se dé una idea clara de lo que ha estado pasando en materia de obra pública en el estado, es menester precisar que en los últimos dos años el gobierno de Quirino Ordaz ha invertido 12 mil 500 millones de pesos, mismos que han ido a parar a las arcas de los empresarios del ramo, todos ellos constructores de Sinaloa. Para ser justos, es importante aclarar que toda esta inversión se ha hecho sin créditos ni instrumentos que le abonen a la deuda pública. Contrario a otros gobiernos, el actual no ha echado mano del endeudamiento. Y esto es mucho decir cuando vemos que la mayoría de las administraciones, tratándose de obra pública, piden prestado y, al mismo tiempo, cada vez más hunden las finanzas públicas.

Tampoco los constructores son honestos cuando ocultan que  entre 2017 y 2018, el gobierno del estado, con apoyo de la federación, celebró alrededor de 200 contratos de obras a través de licitaciones y convocatorias abiertas. Pero hoy, este año, y los constructores tampoco lo ignoran, el gobierno federal desapareció algunos ramos relacionados con la obra pública y, bajo revisión con lupa por tanta corrupción y “moches” (Igual, lo saben muy bien los constructores), está apenas ajustando las nuevas reglas de operación. Eso explica por qué no ha bajado el dinero federal y por qué los municipios hasta ahora no inician obras mayores.

Es decir, los municipios se las han barajado con bacheo y re-encarpetado con apoyo del gobierno estatal y, ante la falta de obra federal, los señores constructores se quieren agandallar con este tipo de obras que  le ahorra dinero a las comunas y que, en sus manos, el presupuesto se elevaría a no menos del doble.

Tan se ha licitado la obra pública a los particulares, que en los próximos días  iniciarán los trabajos de nivelación, regeneración y pavimentación en el Estero de Urías, en Mazatlán, con una inversión de 100 millones de pesos. De acuerdo con datos de las propias constructoras ganadoras de la licitación pública, en Culiacán se invertirán en la regeneración del arroyo López Mateos y el arroyo Humaya  150 millones de pesos.

Pero aún hay más: En Los Mochis, se invierten 80 millones de pesos  para regenerar y habilitar la capacidad del drenaje sanitario en tres colectores, a saber el Niños Héroes,  el Degollado y el Zacatecas.

Como se observa los señores constructores se quejan, echan culpas, quieren más, pero a la hora de pedir ocultan que la gran tajada del león se la han llevado ellos porque, en su condición de particulares, se les ha adjudicado bajo licitación pública más de 12 mil 500 millones de pesos en dos años, lo que significa el 94 por ciento de la obra total en el estado, Y todavía quieren el 6% que, como inversión mínima, el gobierno, a través de PRECASIN, hace de manera emergente en re-encarpetado y bacheo. La neta, se pasan. O no tienen llene, como dice la raza.

En  abono a la verdad, un buen número de empresas constructoras tienen un origen y una vocación directa de años. De ahí su prestigio. Nacieron en la cultura del esfuerzo y el profesionalismo y esas son justamente las que merecen ser apoyadas por los niveles de gobierno.

Sin embargo, otras tantas “constructoras” emergieron  en coyunturas electorales por sus vínculos a los hombres del poder y a los partidos políticos. Nombres, prestanombres y enriquecimientos de la noche a la mañana hay muchos. Algunos de ellos se quedaron mal acostumbrados y todo lo quieren sacar del gobierno.

Igualmente no pocas empresas de este tipo han dejado la obra tirada, siempre esperando que sigan sus socios en el gobierno y las rescaten. Ejemplos hay mil.

 Sin pretender entrar en la defensa del actual gobierno, ha sido público que les ha pagado a los constructores millonarias deudas, a pesar, en no pocos casos, de lo dudoso de las obras de sexenios pasados.

El desplegado que publican hoy, pretende exhibir a Quirino ante López Obrador, pero es probable que tenga el efecto contrario porque, se sabe, el propio Presidente simpatiza con el modelo de obra pública de PRECASIN

Por cierto,  y para finalizar, con este servidor se han comunicado personas ligadas a algunos organismos  que “firman” el documento para deslindarse, ya que usaron sus logotipos sin consentimiento.

Por último ¿quién les dijo a las constructoras que su prioridad tiene que ser la obra de gobierno; es decir, que se fundaron para vivir del presupuesto del gobierno y no fundamentalmente de los particulares?

Bueno sería que el gobierno de Sinaloa publique los nombres de los constructores que han ganado millonarios contratos. Muchos de los que firmaron ese desplegado se llevarían una sorpresa. ¿Por qué? Porque los señores líderes y exlíderes de ese organismo llamado CMIC han sido los más beneficiados con los 12 mil 500 millones de pesos que el gobierno ha invertido en obra pública los últimos dos años. Así o más claro. O como dijo el tío Chico:

Se los envuelvo para regalo o se los llevan puestos.