Columnas

Mediáticamente pasó inadvertido. Pero tiene que ver con el libre ejercicio de las profesiones en México y eso es lo relevante.

Es muy probable que el fondo del asunto sea razonable y que se deba trabajar intensamente para evitar los abusos que han favorecido la abrumante desigualdad social imperante en el país, pero para ello habrá que aprender a utilizar el lenguaje y saber decir las cosas como son, no como se quieren imponer y, sin amenazas.

Al inicio de la semana, en su Mañanera el presidente López Obrador usó como pretexto la inconformidad de un poderoso grupo de agroindustriales que buscan tirar su decreto mediante el cual se elimina el uso del glifosato en los cultivos porque, dicen, restringe la rentabilidad del campo. Con ese pretexto se lanzó ahora en contra de los abogados.

Pudo haber argumentado sobre la necesidad de evitar el uso de fertilizantes químicos ni permitir la simbra de semillas transgénicas con la vehemencia con la que se refirió a las malas prácticas empresariales en la minería que destruye o el fracking, aunque promueva la utilización de energías sucias para producir electricidad. Pero no, prefirió acusar de traición a la patria a los profesionales que ejercen el derecho de defender la legalidad y la justicia.

Su cuestionamiento directo contra los abogados que asesoran o representan legalmente a las empresas que se desempeñan en el territorio mexicano tuvo dedicatoria especial para las compañías extranjeras, precisamente cuando en que el Congreso la mayoría del partido en el gobierno busca modificar la ley en la industria eléctrica para eliminar la participación de los particulares en la generación de energía.

Con un lenguaje radical e inconsciente, ya se estableció desde la Presidencia de México que cualquier representación legal o defensa, especialmente si existen diferendos de los particulares con las autoridades gubernamentales, puede ser considerada contraria a la independencia, la soberanía, la integridad nacional y, por tanto, será considerada traición a la patria.

Y como remate, la advertencia que lleva todo el peso del Estado: “que sepan que el Presidente está apoyando esta decisión”.

A la suma de profesiones intimidadas cada mañana, en donde los periodistas encabezan las defenestraciones además de ser la actividad más peligrosa para su ejercicio, seguida de la de los productores de bienes y servicios, ahora quedaron incorporados los abogados con lo que se pone en riesgo la garantía de la defensa legal.

El desaseo en la retórica de cada mañana, que rompe con lo más elemental de la deontología de la comunicación política, pone en riesgo los principios de la institucionalidad, y de las garantías individuales consagrados en la Constitución, que tienen como prioridad y objetivo asegurar las libertades de los ciudadanos pero, sobre todo, la democracia.