September 20, 2019 22:39


En Contexto. ¿Entenderán los legisladores lo que significa el Paquete Económico 2020?

hacienda paquete economico 2020
Hacienda entrega Paquete Económico 2020 a Congreso de la Unión@Hacienda_Mexico

La verdadera transformación del país en términos sociales, económicos y políticos dependerá de la profundidad, entendimiento y el compromiso con el que actúen los legisladores

De los aciertos que presenta el primer Paquete Económico 2020 elaborado íntegramente por el gobierno de la Cuarta Transformación, sobresale en primer lugar, el reconocimiento de que no se puede modificar el modelo económico “de la noche a la mañana”, que no creceremos a las tasas ofrecidas en campaña y que, entre otras cosas, se requiere de la participación de todos los sectores de la población, en donde la inversión privada juega un papel relevante.

En segundo lugar, que es indispensable reorganizar prioridades. Algunas por razones más ideológicas que progresistas, como el tema energético que insiste en los recursos no renovables como factor de atracción de capitales; y el compromiso social de construir una estructura de igualdad de oportunidades que, necesariamente, pasa por revisar la estructura fiscal del país y cancelar los privilegios tributarios.

Ortodoxia pura, no más.

La velocidad para hacer efectiva la frase “por el bien de todos, primero los pobres”, exige auténtica voluntad política de los legisladores (morenistas) para construir los cimientos de un cambio profundo, consensuado, honesto, progresivo pero duradero de la endeble estructura fiscal del país, la de la solidez de los ingresos y los gastos.

Por ello, incorporar a los participantes de los servicios que se llevan a cabo a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas o aplicaciones informáticas y que en su mayoría tienen su domicilio en el extranjero, es un acierto como ya se había expuesto en este espacio, cuando también se habló de las facturas “fantasma”, que la misma administración pública ha promovido y, con ello, la corrupción.

Pero también lo será si se consolida la oferta de regularizar a los arrendadores de inmuebles, con lo que se beneficiarán los arrendatarios y si se actúa en contra del consumo de alimentos chatarra, refrescos y tabaco, entre otros asuntos menos atractivos, pero eficaces en la cancelación de privilegios y paraísos fiscales dentro de nuestro país, apoyados por el cabildeo de grandes consorcios.

De las plataformas tecnológicas, por ejemplo, la renta de viviendas al turismo a través del Airbnb es uno de los esquemas que más perjuicios y trastornos genera a la economía, ya que no solamente representa una competencia desleal al turismo que paga impuestos, sino que al fomentar la informalidad económica en aras de una ganancia periódica, desarrolla una gran cantidad de externalidades negativas como el aprovechamiento desleal de servicios públicos como luz, drenaje o vialidades con lo que afectan a vecinos de zonas no previstas para el turismo, además de ser un esquema propicio para la evasión de impuestos e, incluso, lavado de dinero.

Hacer que contribuyan los beneficiarios de este tipo de esquemas, que actualmente son los más dinámicos de la economía, es imprescindible porque también se han constituido en barreras para ampliar la base de contribuyentes con el consiguiente deterioro de los términos de intercambio, producción, empleo y de las finanzas públicas.

Datos del INEGI en materia de economía informal advierten que al inicio de 2018 este sector generó ingresos superiores a 4.9 billones de pesos, que cada año crecen aceleradamente, para llegar a representar la mitad del gasto público. Eso, sin considerar a las múltiples actividades que se mueven al amparo de la delincuencia.

Por sectores, el sector comercio participación con el 33.6 por ciento de las actividades; en segundo lugar, el sector manufacturero, donde interviene con 17 por ciento del valor, y en tercer lugar en el sector agropecuario, que cubre el 10.8 por ciento del total.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) estima que el potencial recaudatorio de formalizar las labores del sector informal de la economía mexicana fue por el equivalente a más de medio de pesos en 2017, el 2 por ciento del PIB, que podrían fortalecer los ingresos de la Hacienda Pública Federal.

Tal cantidad considera únicamente a asalariados y trabajadores por cuenta propia que, por su desempeño informal, no tributan el ISR ni contribuyen en el IMSS, pero que representan una carga anual de un billón de pesos.

Una forma de resarcir una parte de ese costo sería mediante su incorporación a la base de contribuyentes a través del Seguro Popular, que necesariamente tendría que dejar de ser clientelar para cobrar marginalmente por servicios que no perderían el subsidio que actualmente le proporciona la federación.

Las distorsiones propiciadas por la economía subterránea vienen acompañadas de un conjunto de efectos económicos, sociales y fiscales, tanto nacionales como locales, porque toda persona que labora o emprende proyectos en la informalidad (incluidos los delincuentes, “guácala”) generan pérdidas geométricas en la recaudación fiscal nacional.

La verdadera transformación del país en términos sociales, económicos y políticos dependerá de la profundidad, entendimiento y el compromiso con el que actúen los legisladores, especialmente los de Morena, para trabajar a favor de la evasión y elusión.

El problema, claro, dependerá de que los diputados y senadores entiendan la magnitud del problema y que no se dejen sobornar por cabilderos de grandes empresas o por la ilusión del poder.

Por el bien de todos…

Legisladores ¡Estudien, entiendan y legislen en conciencia!

@lusacevedop

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