Cuando se creía que se había hecho todo para restar credibilidad al régimen, no se consideró que esta semana se discutirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una ponencia del ministro Eduardo Medina Mora que avala al gobierno para legislar libremente en materia tributaria y deja legalmente desamparados a los contribuyentes.

De pasar su propuesta, Medina Mora se consolidaría como el principal violador de los derechos humanos en el país, con lo que acumularía una medalla más a su currículo.

El Tema. Esta semana la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá y resolverá el amparo en revisión número 1012/2014, correspondiente a la ponencia del Ministro Eduardo Medina Mora mediante el cual busca declarar, principalmente, la constitucionalidad del artículo 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que prevé limitar la deducción de gastos por concepto de prestaciones laborales exentas.

Su argumento, que pretende desechar el valor de la jurisprudencia en materia de deducciones estructurales, se basa en la hipótesis (que no tesis) de que la Constitución no reconoce a las deducciones y que éstas son graciosas concesiones del legislador y no el cumplimiento de los principios de legalidad, equidad y progresividad que establece la Carta Magna.

Medina Mora, como especialista en violentar los derechos humanos pretende conceder al Ejecutivo Federal, en perjuicio de la población, que los contribuyentes paguen el Impuesto sobre la renta aun cuando hubieran tenido pérdidas reales, debido a que el cálculo del impuesto que no reconozca gastos, arrojaría utilidades fiscales ficticias, sin considerar las condiciones del mercado ni las del sujeto del pago del gravamen.

De aplicarse, entre otros, este argumento no solamente se establecería una nueva barrera a la entrada para la inversión productiva, con lo que se desestimularía la generación de empleos remunerados, con lo que se fomentaría (aún más) la informalización de la economía.

El ministro podría argumentar que su intención es directamente contra las empresas y no contra personas físicas, pero son aquellas las que desarrollan ingresos de manera masiva y formal.

Pero todavía más. Su ponencia se aleja de la reforma constitucional en la que se exige que todas las interpretaciones jurídicas de la Corte beneficien a los individuos, tal como lo marca el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La propuesta de Medina Mora, como en su momento lo ha hecho también Gutiérrez Ortiz Mena, quien se desempeñó antes en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), muestra parcialidad y subordinación al Ejecutivo Federal y no a la sociedad mexicana.

El ministro. Por el sentido de esta ponencia resulta imposible olvidar los vicios públicos de Medina Mora, que se ha distinguido por su falta de respeto a los derechos humanos y obediencia al presidente de la república, del bando que sea.

Recordemos su responsabilidad como embajador en Estados Unidos con el Operativo Rápido y Furioso con el que se inundó de armas a México para supuestamente ubicar a los capos del narcotráfico. O su participación como secretario de Seguridad Pública al tratar de detener violentamente el problema del aeropuerto en Atenco, Estado de México, en el que murieron dos activistas, varios policías fueron gravemente heridos y una veintena de mujeres denunciaron abusos sexuales por los policías de Seguridad Pública, sin resultados hasta la fecha.

Como procurador está su acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto y también su responsabilidad en el encarcelamiento de Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, las indígenas acusadas de secuestrar a 6 agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI).

En estos casos, por nombrar a los más sonados, queda claro el desapego del ministro a los derechos humanos y la frivolidad que muestra en torno a la legalidad.

Será deseable la coherencia de sus pares para que esta semana su ponencia se oriente en favor del bienestar de todos los mexicanos, no caminar en ese sentido desplomará la credibilidad en el Estado de Derecho.

@lusacevedop