Los mexicanos sabemos que el principal compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador es el de acabar con la corrupción. No es una tarea sencilla, porque el cáncer está enquistado hasta lo profundo del sistema político y en la sociedad, pero quienes creemos que es tiempo que impere el Estado de Derecho en el país y somos partidarios de un régimen de legalidad, sabemos que se puede avanzar más rápido si logramos que los ciudadanos y el gobierno nos comprometemos y hacemos juntos la tarea.

Una de las formas más eficientes de que los ciudadanos participan en el combate a este problema que nos afecta a todos, es mediante el fortalecimiento de los canales institucionales de denuncia pública. La contraloría social, la veeduría ciudadana que conoce muy bien el presidente, significan la posibilidad real que la gente vigile el uso responsable y honesto del presupuesto público que se asigna a su comunidad, a su municipio y a su estado.

Pero otra parte sustantiva para lograrlo es a través de un elemento que quienes participamos en el movimiento que llevó a la presidencia a López Obrador conocemos muy bien, la libertad de expresión. Por eso, más allá de diferencias políticas o de inclinaciones ideológicas de algunos medios, debemos darle a la prensa, a la radio, a la televisión y a las redes sociales, el reconocimiento como espacios de participación donde la gente acude al llamado presidencial de estigmatizar a los corruptos, para que la honestidad sea dentro de poco, un valor arraigado en México.

Hay una mentira que se ha dejado correr con la que algunos interesados afirman que el gobierno federal quiere hacer selectiva esta lucha. Nada más equivocado que eso. El mejor ejemplo se ha dado con la rápida respuesta de nuestras autoridades ante los señalamientos realizados en contra de León Manuel Bartlett un empresario al que quitándole relaciones familiares, incurrió en una situación donde se sospecha legítimamente de deshonestidad, de engaño al gobierno, al grado que de hecho, el equipo médico que había vendido al Instituto Mexicano del Seguro Social a un sobreprecio, le fue devuelto porque además, ni siquiera cumplía con las especificaciones que se le requirieron.

De modo que quienes creyeron que no iba a pasar nada o que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, terminaría siendo la versión femenina de Virgilio Andrade, el solapador de de la “Casa Blanca” en el peñanietismo, se equivocaron. Este caso es un gran ejemplo para que nadie se equivoque, pero es apenas uno más en todos los pasos que la Cuarta Transformación debe dar a diario.

Por eso es importante el anuncio que hizo esta semana el Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, en el sentido de que este gobierno no va a solapar a los llamados “factureros”, empresas que se dedican al outsourcing y al lavado de dinero de la delincuencia organizada, y que evaden el fisco causando graves afectaciones a las arcas públicas. Esa corrupción tampoco debe tolerarse.

El diario En Cambio, de Quintana Roo, publicó denuncias que prendieron los focos rojos a las autoridades sobre el esquema de trabajo de esas compañías y fue uno de los medios que destacó la confirmación de que esas autoridades, que con el PAN y el PRI los protegían, han iniciado procesos formales contra varias personas, entre ellos Sergio Castro López, el llamado “padre del outsourcing”, así como de los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga.

El medio de comunicación reporta que está documentado en una investigación especial, la existencia de la red de factureros y que entre las 150 firmas se encuentran la de Castro López, quien presuntamente habría logrado construir un imperio de oficinas a lo largo del país, entre ellas, la empresa Inteligencia de Negocios (IDN), una fachada para el lavado de dinero presuntamente del narcotráfico y el huachicoleo, y para la evasión fiscal.

Don Santiago Nieto, un abogado comprometido con la causa de López Obrador para limpiar de corrupción al país, no debe dudar en el ataque a estas bandas criminales de cuello blanco que pasean por el mundo con dinero desfalcado al SAT. Un ejemplo de estos nuevos ricos, son quienes operan las oficinas de IDN en Quintana Roo, que para mayores datos, no podrán escudarse en que son tabasqueños para evadir a la justicia.

Los han identificado como Carlos Duprat y Carlos Sala del Rivero, “Los Carlos”, famosos por la vida de jeques árabes que se dan en Cancún y en el mundo, a donde viajan para rentar lujosos yates de hasta 15 mil euros el día, trasladándose en aviones privados. Estos personajes han montado un esquema de evasión similar al de los “Panamá Papers” a través de una empresa filial a Inteligencia de Negocios, a la que cínicamente han llamado “Business Art Group”, el arte de hacer negocios… evadiendo impuestos.

Se trata de una red de empresas internacionales fachada, que operan en diversos países de CentroAmérica, Sudamérica y El Caribe, para ocultar la riqueza mal habida o lavar dinero Estas son los tipos de supuestos “empresarios” que justifican la cruzada anticorrupción del presidente, porque confirman con su vida de derroche y ostentación, que se han manejado en la impunidad gracias a que han “aceitado” a autoridades corruptas.

La situación ahora es distinta y toca que rindan cuentas ante la justicia porque el país necesita de esos impuestos que ellos le niegan al SAT, bajo triquiñuelas contables pseudo legales, para seguir manteniendo los programas sociales y las obras con las que la Cuarta Transformación ayuda como prioridad a los más pobres de México.