A muchas personas puede no gustarles el emplazamiento que ha hecho el presidente de la república para que dejemos claro quiénes están a favor y quiénes están en contra de la transformación. Les parece un acto de provocación, o lo califican como otra muestra de las ganas presidenciales de dividir al país. Se equivocan. Esas voces olvidan que la forma presidencial de decir las cosas es directa, que en el mensaje desde el poder tampoco hay medias tintas, y que estamos justamente frente a eso, en tiempos donde toca definirnos sobre el futuro.

Pueden darse muchos debates y escribirse muchos libros sobre el modelo de cambio que propone la Cuarta Transformación y lo que plantean quienes tenían el poder y lo perdieron por el hartazgo social que generaron sus políticas clasistas y neoliberales. Pero en el fondo, las diferencias son sencillas. Mientras en el anciano régimen las cosas se hacían con base a componendas políticas y privilegiando el beneficio de una minoría, con López Obrador en la presidencia las decisiones se asumen con una responsabilidad social nunca antes vista, que pone primero a quienes menos tienen.

Los programas sociales son la mejor muestra de la preocupación presidencial de cambiar la correlación de beneficiarios del poder. Antes, el dinero público servía para mantener el status quo, para incentivar el desarrollo de las empresas, para pagar rescates bancarios o carreteros, ahora, se utiliza para que la gente tenga dinero para lo básico, para que los estudiantes tengan dinero para sus pasajes, para que los ancianos tengan dinero para su comida y para que las familias puedan vivir mejor.

La responsabilidad del Estado ya no es apoyar a las empresas con todo el recurso público disponible. Ahora, lo poco que se tiene se destina a ayudar a esos que han tenido pocas oportunidades de desarrollo, a los mexicanos que comen frijol, maíz y arroz. Esos 60 millones de mexicanos que viven al día, en la economía informal, en colonias sin servicios públicos, amenazados por la violencia y la inseguridad, es la plataforma de la 4T a la que se debe el presidente y tenemos que reconocer que les está cumpliendo.

Sin embargo, siempre hay espacio para avanzar y para hacer realidad la justicia social y el ideal de izquierda que anima a este movimiento. Pongo por ejemplo un asunto que está pasando desapercibido a nivel de la opinión pública, pero que no es menor. Se trata de los problemas existentes en la cooperativa cementera Cruz Azul, símbolo de la lucha de los trabajadores mexicanos, que se encuentra en manos de vulgares ambiciosos que han desprestigiado al cooperativismo y de paso, también al popular deporte del futbol. Las noticias que todos hemos visto, es que una familia, los Álvarez Macías y los Álvarez Cuevas, han tenido el control de la compañía desde 1953 y disponen de sus recursos como si fueran dueños y no representantes de una compañía que en sus orígenes tiene un sentido social innegable.

Afortunadamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo del diligente Santiago Nieto, está haciendo las investigaciones correspondientes a efecto de dilucidar hasta dónde llegan los delitos fiscales y el saqueo de la cooperativa que surgió como tal en 1934, en los albores de una de las mejores épocas de México que en la 4T estamos comprometidos a honrar. Hay cuentas bancarias congeladas a Guillermo Álvarez Cuevas y a otros directivos, y todo indica que las investigaciones van en el rumbo correcto.

Sin embargo, tenemos que recordar que la cementera Cruz Azul surge después de una huelga por despidos realizados cuando la empresa es comprada por su competencia, Cementos Tolteca. Frente al riesgo del estallido social, el gobernador del Estado de Hidalgo, Bartolomé Vargas Lugo, decreta la expropiación de La Cruz Azul por causa de interés público, y se la adjudica a los trabajadores el 2 de noviembre de 1931.

Esa decisión de un gobernante revolucionario fue el cimiento de la Cooperativa de Productores que con 192 socios se constituyó dos años después, el 29 de enero de 1994, con el compromiso de pagar como indemnización 1 millón 312 mil 555 pesos a los ex propietarios en un plazo de 10 años, pagos que se hicieron en nueve años como confirmación que el cooperativismo es una herramienta fundamental para la emancipación del pueblo en aquellos, y en estos tiempos.

Justamente por la viabilidad probada del modelo de cooperativa, es que nos enfrentamos a la disyuntiva. La pregunta no es qué hacemos con los ricos. La pregunta es qué hacemos con la cementera Cruz Azul. La 4T necesita enviar un mensaje vigoroso de cambio y ésta es la oportunidad. Investigar y castigar delitos fiscales no va a ser suficiente ni servirá de ejemplo, sino avanzamos hacia la medida tomada por Vargas Lugo: expropiar y sanear con la intervención del Estado, una empresa que debe permanecer en manos de quienes trabajan en las plantas y no dirigidas por riquillos dedicados a comer platillos exóticos en restaurantes lujosamente caros.

Es el momento de las definiciones, dijo el presidente. Por eso, Paco Ignacio Taibo, Epigmenio Ibarra, Rafael Barajas, John Ackerman, Yeidckol Polevnsky, Nestora Salgado, Pedro Miguel, Napoleón Gómez Urrutia y Julio Scherer, deberían plantear al presidente la necesidad de dar los pasos que siguen para asentarnos en la nueva normalidad política del país. Si los empresarios no entienden que México cambió, hay que recordarles y recuperar Cementos Cruz Azul, expropiarla por segunda vez para regresarla al pueblo trabajador. Es la oportunidad que tenemos para demostrar quiénes estamos a favor de la transformación y quiénes están en contra.