En el marco del octavo foro nacional de seguridad y justicia, en la mesa tres (de once) se habló de cómo va la policía ante la ya llegada del sistema de justicia penal acusatorio oral, y María Elena Morera, Presidenta de causa en común a.c., fue enfática en pedir “no mentir ni caer en simulaciones  al decir que las policías están bien preparadas”, ya que si bien hay avances en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, la realidad es que las policías carecen de credibilidad y capacitación además de contar con bajos salarios y no ser dignificados.

Y para muestra basta el comentar la tragedia que se vivió la semana pasada a las afueras de Hermosillo, donde perdieron la vida cinco personas entre ellas el agente, José Alonso Urquijo Samaniego, luego de que emboscaron la unidad donde viajaba el y dos comandantes de la Policía Estatal Investigadora (PEI) que trasladaban a un menor de edad del ITAMA (Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para el Adolescente) procesado por posesión de armas y delincuencia organizada en febrero pasado, quien iba a comparecer en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes en Cócorit, Sonora.

¿Que si hubo fuga de información? ¿Que si fue pitazo? Y muchas preguntas más. Sin embargo, considero que el problema va más allá, y yo me centraría en el qué fallo. Es decir, ¿estaban los elementos cumpliendo con el protocolo nacional de traslados? ¿Los capacitaron para llevar a cabo este protocolo? ¿Cuentan con las herramientas necesarias y económicas para llevar a cabo este tipo de trabajo?

De entrada, le comento sí existe un Protocolo Nacional de Traslados, que precisamente se publicó en el diario oficial de la federación el día 26 de noviembre del 2015 y cito el siguiente párrafo:

La ejecución del traslado, implica el desplazamiento o reubicación de personas, de un lugar de origen a uno de destino. Éste puede presentarse por flagrancia, mandamiento ministerial y/o judicial; los sujetos que lo realicen, dependerán del momento procesal del traslado; para el caso de flagrancia, lo realiza el Primer Respondiente o quien determine el Policía de Investigación; cuando se derive de mandamientos, lo podrá llevar a cabo cualquier institución policial designada por la autoridad competente.

Déjeme poner el contexto para que no juzgue a la ligera al policía.

Los traslados que llevan a cabo son de diferentes tipos, traslados locales de apoyo a las agencias de ministerio público, traslados foráneos y apoyos al ITAMA, traslados entre CERESOS y CEFERESOS y algunos que se hacen durante la noche, mensualmente podríamos estar hablando de alrededor de 300/350 aproximadamente.

Esto recordando que en los mandamientos del juez en algunos oficios menciona los delitos, de lo pudiera pensarse en la peligrosidad del sujeto y en otros oficios, simplemente se señala, al sujeto sin más información, pero bueno no se puede estar a expensas de la peligrosidad ya que al existir intereses ajenos a que una persona no llegue de un destino A -- B esa o ese grupo de personas hará lo que considera para evitar que eso suceda, no sin antes mencionar que también existe la posibilidad de que el imputado quiera quitarse la vida.

Como podemos darnos cuenta hay una infinidad de riesgos, es por eso que la autoridad tiene que ir muchos pasos adelante para prevenir cualquier situación, recuerdo a un mando militar israelí que me platicaba que él estuvo 20 años en el ejército y su trabajo era “planear” ataques a su país, es decir pensar en todas las posibilidades de hacer daño, para de esa manera crear planes preventivos y de posible reacción en caso de suceder.

Pero regresando al asunto de los traslados el departamento cuenta con 3 o 4 unidades (pick up) con “jaula” y de 10 a 15 elementos aproximadamente entre ellos de dos a tres jefes de grupo asignados al departamento, hasta ahí se lee normal, sin embargo, el no contar con el equipamiento de unidades blindadas (donde sugiere el protocolo nacional) se lleve a la persona a trasladar, así como un convoy, esto se determina de acuerdo a la capacidad que se tenga en la corporación y/o en la planeación que se lleve a cabo de parte del Personal Encargado del Traslado (PET).

Definitivamente en los hechos, esto no se lleva a cabo, pero ¿usted cree que no se lleva a cabo porque el policía no quiere? O ¿porque no lo dotan de lo necesario para hacer su función?

Se señaló que ante la experiencia de los comandantes esto no podría ocurrir sin embargo ante la falta de capacitación constante se cae en la rutina y a veces la confianza prevalece y esto le pasa a cualquier policía en el mundo.

Es por eso que el tener las herramientas, vehículos, chalecos blindados, capacitación, protocolos de actuación, hacen que tengamos policías que puedan brindar seguridad.

Lo grave también es, que esto ocurrió a unos días que entrara el sistema de justicia penal, y que se convirtió en muestra de lo que María Elena Morera presidenta de causa en común señaló: “No simulemos a los policías en su mayoría no se capacitaron y a los que se capacitaron fueron para cumplir con el requisito y resultó ser capacitaciones exprés”, qué cómodo para quienes en sus gobiernos no cumplieron en haber trabajado durante años en la profesionalización y capacitación sobre todo a policías en el  sistema de justicia penal oral.

El proceso de reforma al sistema de justicia penal en Sonora inició formalmente el día 12 de octubre de 2007, cuando se suscribió el acuerdo entre los tres Poderes del Estado, conforme al cual se constituyó una Comisión con el fin de elaborar una propuesta de reforma integral al Sistema de Justicia Penal, sin embargo, para los policías en el estado no hubo capacitación.

A pesar de esto fueron muchos los policías en Sonora que con sus propios recursos entraron a la universidad, maestría y/o a estudiar y capacitarse en todo lo relacionado en el sistema de justicia penal acusatorio oral.

No obstante, también hay que reconocer que la gobernadora del estado de sonora, desde que asumió el mandato llevó a cabo el compromiso de sacar adelante lo que no se hizo en siete años, ya que estábamos en último lugar desde 2007 y no se hizo ningún esfuerzo de parte de las pasadas dos administraciones estatales.

De acuerdo a las últimas cifras registradas hasta finales de abril, tan sólo 29.69% de las policías municipales de la República se encuentra capacitada y opera ya dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

En el caso de los ministerios públicos de cada una de las entidades federativas, 46% desempeñaba sus funciones conforme los establece la reforma penal de 2008 mientras que 50% de las policías de investigación ya operaban dentro del sistema de justicia penal oral acusatorio.

Creo que con la entrada del ya no nuevo sino del sistema de justicia penal oral acusatorio, apenas inicia la labor de parto, y es por eso que la capacitación no debe quitarse del dedo del renglón en nuestras policías.

Y concluyo con lo expresado en el octavo foro nacional de seguridad y justicia por el magistrado Pablo Héctor Gonzalez del supremo tribunal de justicia de Chihuahua, esto en relación al tiempo que se llevará la consolidación del sistema de justicia penal oral acusatorio.

La Parábola de Moisés en el desierto. Los judíos caminaron cuarenta años, y fue para que se murieran todos los esclavos, nos tenemos que morir todos los que fuimos esclavos del expediente, para que venga Josué a consolidar la reforma y disfrutar de la tierra prometida

Pero si dejamos de caminar no habrá Josué´s que les toque jugar el papel de Moisés.