Las recientes manifestaciones feministas en la Ciudad de México han tenido un componente histórico de referencia del movimiento en favor de la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad: el derecho a la interrupción del embarazo. La respuesta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, parece haber exacerbado los ánimos de cientos de mujeres en las calles de la capital del país.

Desde mi punto de vista, el aborto tiene dos carices: el ético-moral y el legal. El primero refiere a las implicaciones de terminar voluntariamente con la vida de un ser humano previo a su nacimiento. Si bien algunos sostienen que la vida humana no comienza sino al cabo de un cierto número de semanas de gestación, la evidencia científica —y aquí es imperativo poner el acento— demuestra que la vida humana inicia al momento mismo de la concepción, pues es a partir de la formación de un nuevo ADN —distinto al de los padres— cuando un ser humano empieza a vivir. Con base en este argumento, podemos sostener que un embrión no forma parte del cuerpo de la mujer, sino que constituye un ser distinto, individual y separado de la madre … ¿un crimen?

Sin embargo, las consideraciones ético-morales no deben dar lugar a interpretaciones jurídicas confusas. La despenalización del aborto es un reclamo legítimo en el marco de un Estado de Derecho. Efectivamente —dejando a un lado ética, religión y credo— los no nacidos no gozan de derechos constitucionales, lo que no garantiza su defensa legal ante una madre abortista. En consecuencia, el Estado no debe promover, prohibir, limitar o castigar la interrupción del embarazo, pues el no nacido no es persona (recordemos las lecciones de derecho romano) ni individuo sujeto de derechos.

El controversial tema del aborto —quizá el más polémico del pliego petitorio del reclamo feminista— continuará suscitando debate, encono y profundas diferencias. Las manifestaciones feministas se inscriben en el marco de una inestimable libertad de expresión reivindicativa de sus derechos frente a la intervención del Estado.

Algunos analistas sugieren la necesidad de una legislación federal que regule el espinoso tema del aborto a nivel nacional. Ello se antoja una tarea compleja en un país polarizado e ideológicamente diverso. Por lo anterior, deben ser los congresos locales de las entidades federativas quienes deben legislar en esta materia. De otra forma, se vulneraría la autonomía de los estados. A manera de ejemplo, estados como Guanajuato o Querétaro —bastiones del conservadurismo nacional— tipifican diferentemente en sus códigos penales el delito de aborto.

A título personal, comparto la creencia de que la vida humana inicia al momento mismo de la concepción, lo que haría del aborto un crimen atroz frente a un ser indefenso. Sin embargo, sostengo que el Estado —leyes e instituciones— no deben intervenir en la decisión de una mujer, pues a ella corresponde decidir en torno a un juicio ético-moral propio, y ajeno a toda consideración jurídica.