Grave crisis en el Semefo de Jalisco

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Esta semana el tema volvió a colocarse en la palestra en esta entidad

Para nadie es un secreto la grave crisis que atraviesa el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF); los protocolos para identificar personas tardan en promedio siete meses, según se menciona, pero el descontrol lógico existente ante la saturación de cuerpos que tiene rebasada a la morgue, ha propiciado se entreguen cuerpos hasta con dos y tres años de demora, aun cuando sus familiares preguntan y buscan entre los restos humanos prácticamente todos los días.

Esta semana el tema volvió a colocarse en la palestra en esta entidad, luego de que se conociera el caso de Adriana Michelle Álvarez Orozco, desaparecida el 3 de noviembre de 2017, pero identificada apenas el pasado 12 de octubre a pesar de que su cuerpo siempre estuvo en el Servicio Médico Forense (Semefo) en el municipio de Lagos de Moreno, pues llegó al día siguiente de que se le reportó como desaparecida.

Adriana tenía 16 años cuando se reportó su desaparición; familiares y amigos llevaron a cabo una intensa búsqueda durante dos años, tiempo en el que la Fiscalía General del Estado habría abierto una carpeta de investigación y presuntamente emprendido la búsqueda sin éxito para dar con su ubicación.

El cuerpo de Adriana fue reconocido por la mamá de una de sus amigas cuando acudió al Semefo en busca de su hermano y su sobrino; entre las fotos descubrió las imágenes de la amiga desaparecida de su hija y enseguida llamó a la familia de Adriana para comentarles el hallazgo.

Un caso parecido ocurrió con el cuerpo de un hombre que igualmente permaneció en el Servicio Médico Forense y fue hasta tres años después que se logró su identificación, aún cuando sus familiares acudían continuamente para buscarlo y la respuesta siempre fue la misma, que no lo habían encontrado.

Su familia contó que Alejandro Medina Soto fue visto por última vez en diciembre de 2014. El día que desapareció, despertó, se bañó, desayunó, convivió con su familia y salió de su casa a bordo de su camioneta Ford Lobo verde, pero ya no regresó.

Los familiares presentaron la denuncia ante el Ministerio Público. Le entregaron fotos, detallaron sus características físicas, documentos y toda la información para conformar un expediente.

Desde ese entonces acudían una o dos veces por semana al Servicio Médico Forense para buscarlo. Siempre les decían que aún no lo encontraban, a pesar de que el cuerpo se encontraba ahí desde noviembre de 2015, cuando fue encontrado en un canal de aguas pluviales, en la Avenida Adolfo B. Horn, en el municipio de Tlajomulco.

 

“Nosotros hablábamos, íbamos personalmente a Semefo a ver si encontrábamos algo, a ver si el ADN hacía match con cualquier cuerpo que tuvieran ahí, y nos decían que no, que no habían encontrado nada, que todavía no apareció. Durante estos tres años casi cuatro años, fuimos constantemente”.

El día que lo localizaron, después de tres años, lo identificaron por unos tatuajes, en unas fotografías del 2015 que nunca les habían mostrado en las anteriores ocasiones en las que habían acudido.

En el Semefo se justificaron por no haber entregado el cuerpo cuando fue localizado: le dijeron a los familiares que en ese año no hacían pruebas de ADN a los cuerpos. “Esa fue la excusa que a mí me dieron, que no hacían pruebas de ADN, por lo cual nunca hicieron el match con la de mi abuelita, la mamá de mi papá, por eso no nos avisaron. A mí no se me hace excusa porque íbamos nosotros constantemente a revisar las fotos que ya tenía, esas fotos nunca no las mostraron”, apuntó Daniel Alejandro, su hijo.

Es una realidad que el Servicio Médico Forense de Jalisco está colapsado, lo sabemos y lo supo el mundo desde la administración pasada cuando la noticia de los trailers del terror (con cientos de cadáveres en su interior) se publicó en los principales diarios internacionales. El tema concluyó con la remoción del director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, pero es evidente que no se ha solucionado el problema.

Una publicación periodística, de 2017 a la fecha, refiere que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) suma 852 cuerpos inhumados sin identificar. Tan sólo el año pasado hubo 584.

“De acuerdo con las políticas generales del IJCF, tras cumplirse las 72 horas posteriores a una necropsia, debe solicitarse por escrito al Ministerio Público la autorización del destino final del cuerpo y notificar a las autoridades correspondientes.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que ninguna autoridad podrá ordenar la inhumación de cadáveres o restos humanos sin identificar, antes de contar con la información necesaria para su identificación”.

En la página del Instituto de Ciencias Forenses en Jalisco, se encuentran 156 páginas de acceso libre llenas de fotografías de las pertenencias de las personas no localizadas que se encuentran en el anfiteatro. Sólo en el periodo de enero al 30 de agosto del 2018.

Pero acceder a las imágenes es solo parte del proceso, si hay un resultado positivo en la identificación, se ordenan pruebas genéticas que pueden tardar hasta siete meses. Los familiares han denunciado negligencia en este proceso, pues aseguran, entregan cuerpos equivocados.

La organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, afirma que no hay garantía, pues los reconocen, lo reclaman pero el cuerpo no está.

El colectivo acusa al gobierno del Estado de guardar silencio ante tan grave situación, aseguran que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no cuenta con la capacidad y recursos para enfrentar esta nueva crisis.

En este contexto, se hace necesario que las autoridades del estado tomen cartas en el asunto, evidentemente se requiere de mayor atención pero también de una cantidad adicional de recursos para responder en mejores condiciones a las personas que buscan a sus familiares; de ahí que se perciba la necesidad de coordinarse con el gobierno federal a fin de que provea de un recurso destinado para este fin.

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