El fantasma del intervencionismo presidencial ronda nuevamente

Como se ha publicitado ampliamente, la semana pasada, en reunión con consejeros del Banco Nacional de México, el Presidente Felipe Calderón aprovecho su intervención para comentar con beneplácito, que según un encuesta solicitada por la Presidencia de la República a su cargo, la precandidata del PAN Josefina Vázquez Mota se encuentra a tan solo 4 puntos porcentuales del puntero en las mismas, desde hace muchos meses, Enrique Peña Nieto, precandidato de la coalición PRI-PVEM; y para tratar de matizar el señalamiento, también menciono que la precandidatura de Andrés Manuel López Obrador está repuntando.

 

Es evidente la intención presidencial de posicionar a la candidata de su partido en la contienda en marcha, aun en el actual periodo de veda de campañas, y con un planteamiento además,  que parece salir del contexto de la mayoría de los resultados que se han publicado.

 

Las reacciones de sus opositores políticos no se hicieron esperar y anuncian sendas denuncias y quejas ante la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (FEPADE) y ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), respectivamente, por la pretendida imparcialidad que durante el proceso electoral  se le pide al titular del Ejecutivo Federal.

 

Todavía muchos recordamos la abierta intromisión que tuvo el entonces Presidente Vicente Fox durante el proceso electoral de 2006, apoyando al candidato de su partido, Felipe Calderón y denostando a su principal contendiente, el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, lo cual incluso fue materia del Dictamen y Declaración de Validez y de Presidente Electo,  que realizó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se señaló expresamente que dicha intervención presidencial, además de la del Consejo Coordinador Empresarial, puso en riesgo la elección misma. Sin embargo, como sabemos y aun con ese reconocimiento, el  TEPJF valido el cuestionado triunfo de Felipe Calderón.

 

No hace mucho tiempo los procesos electorales federales eran organizados y administrados por un organismo (La Comisión Federal Electoral), encabezado por funcionario dependiente del Poder Ejecutivo, el Secretario de Gobernación, y uno de los reclamos centrales de la oposición de ese entonces, era justamente que el Gobierno sacara las manos de la organización de las elecciones y del proceso mismo, lo cual se logró hasta 1996 cuando se consolido al IFE como una institución autónoma, que en general se ha mantenido así, con todo y las vicisitudes y circunstancias que se han presentado en los años posteriores.

 

El camino del proceso dela transición democrática mexicana ha sido largo y azaroso, no exento de dificultades y obstáculos, los cuales se seguirán presentando en la medida que no se consoliden las instituciones que le den fortaleza y seguridad a nuestra incipiente y frágil democracia.

 

El extrañamiento de la Cámara de Diputados al Presidente Calderón para que no siga interviniendo en el proceso electoral, así como la reunión del mismo con el presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, para acordar su imparcialidad y neutralidad no parecen suficientes, aunado a que las instituciones electorales, en el caso de que resuelvan que el detentador del Poder Ejecutivo tiene alguna responsabilidad, se volverá a declarar, como ya lo hicieron en 2009 cuando se le acuso de interferir con un mensaje en cadena nacional defendiendo su estrategia de seguridad pública, días antes de la jornada electoral de aquel año, que son incompetentes para sancionar al Presidente de la República, además de que no existen ni los instrumentos ni  los procedimientos constitucionales y legales para ello.

 

En cualquier democracia medianamente consolidada es normal que el responsable principal del gobierno, sea cual fuere el sistema y régimen adoptado, asuma la defensa y promoción de su partido y sus candidatos en los procesos electorales, pero  no en la nuestra, donde la historia, los antecedentes políticos y las experiencias, algunas muy recientes, nos muestran lo pernicioso y dañino que ha sido.

 

Es responsabilidad de todos, pero fundamentalmente de la clase política y de los principales actores políticos de la nación, que el fantasma de la intervención gubernamental, pero sobre todo de la injerencia presidencial, vuelva a reaparecer en la escena.

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