La producción de azúcar en México es una actividad importante para la economía del país. Esta industria genera 930 mil empleos directos y aproximadamente 2.2 millones de empleos indirectos y es un sector económico de alto impacto social. Actualmente, este sector enfrenta problemas debido, entre otros factores,  a una sobreproducción de azúcar a nivel mundial, que ha provocado que disminuya la exportación del producto a los mercados internacionales, sobre todo el de Estados Unidos, que haya una disminución de la demanda interna debido a los programas para combatir la obesidad y a que existe una errónea política  económica de parte del gobierno mexicano.

La política que ha llevado el gobierno en los últimos 35 años ha sido errática en lo que se refiere a la producción de azúcar de caña, sobre todo en la administración del expresidente Vicente Fox . Cabe recordar que en los años ochenta del siglo pasado, los ingenios azucareros eran manejados por el Estado y era una industria sumamente subsidiada. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari saneó y modernizó los ingenios para venderlos a la iniciativa privada.

Los ingenios fueron vendidos a precios de ganga a empresarios privados, en algunos casos de dudosa reputación, como fue el caso del industrial yucateco Enrique Molina Sobrino, que en sus años de gloria en los noventa, controlaba el 30 por ciento de la producción de azúcar con su Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), además de ser propietario de Gemex, la segunda embotelladora más grande de Pepsi Cola fuera de los Estados Unidos, y la tercera a nivel mundial. A nivel nacional esta embotelladora ocupa el segundo lugar nacional como productor de bebidas gaseosas con un 27 por ciento del mercado, después de Coca- Cola, que ostenta el 68 por ciento.

Enrique Molina también era accionista de los bancos privatizados Banpais y Grupo Financiero Banamex – Accival; dueño de hoteles de cinco estrellas en Cancún, Puerto Vallarta y los Cabos, así como de agencias de automóviles y compañías de seguros. Pero su estrella se apagó en el año 2000 al ser acusado de defraudación fiscal, teniendo que escapar para no ser aprehendido.     

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, México acordó con Estados Unidos la exportación de 25 mil toneladas de azúcar durante los primeros 6 años de operación del tratado. Sin embargo, en el año 2000 el gobierno americano anunció unilateralmente que la cuota máxima de exportación de azúcar originaria de México sería de 116 mil toneladas, lo que significó un duro golpe a los productores nacionales.              

Los malos manejos de los ingenios privados y el excesivo endeudamiento de los empresarios, además de la incursión del jarabe de maíz de alta fructosa importado principalmente de los Estados Unidos, y que tiene un precio mucho más bajo que el azúcar, provocaron un desequilibrio  y contracción del mercado del sector agroindustrial de la caña de azúcar; ante este panorama el gobierno de Vicente Fox en 2001 tomó la decisión de estatizar 27 ingenios para palear la crisis de esa industria.

De los 27 ingenios expropiados por el gobierno de Fox y que habían reprivatizados en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, nueve pertenecían a Enrique Molina; una cantidad similar formaban parte del patrimonio del negociador del capítulo azucarero en el Tratado de Libre Comercio, Juan Gallardo Thurlow; cinco eran del empresario y político Alberto Santos de Hoyos; tres de Teresita Machado y uno más a la familia Seoane.   

Los gobiernos panistas de Fox y Felipe Calderón devolvieron a sus antiguos dueños 14 de los ingenios estatizados.

Los dueños de los 27 ingenios azucareros estatizados arrastraban adeudos con el fisco, con el IMSS, Financiera Nacional Azucarera, Bancomex, Fira (del Banco de México), Banrural hoy Financiera Rural, a la banca comercial, a Conagua, así como a productores y jornaleros, con un monto aproximado de 3 mil millones de dólares.

Para muchos analistas, la estatización del gobierno de Fox a los ingenios fue como un rescate a la industria agroindustrial de la caña de azúcar, es decir, un FOBAPROA dulce, con costo al erario. Según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el rescate de los ingenios ha tenido un costo fiscal de 19 mil millones de pesos, y de ese monto, 5 mil 776 millones (32 por ciento) correspondieron a los recursos públicos que el gobierno de Fox gastó en la expropiación y 12 mil 305 millones son pasivos acumulados por Financiera Nacional Azucarera.

La industria refresquera era la principal consumidora de azúcar de caña, pero cada vez es menor la demanda de este endulzante y cada vez es mayor el uso de jarabe de maíz de alta fructuosa. Según datos proporcionados por  el secretario de economía Ildefonso Guajardo, el endulzante a base de maíz ha incrementado el consumo en un millón de toneladas anuales en los últimos cinco años , al pasar de 700 mil toneladas a un millón 735 mil toneladas métricas en 2012, principalmente para uso en la industria refresquera.

En el año 2001 el poder legislativo puso un IEPS del 20 por ciento a las bebidas endulzadas con jarabe de alta fructuosa, esto con el fin de que las refresqueras volvieran a utilizar azúcar de caña para producir sus productos, pero este IEPS fue derogado por el entonces presidente Vicente Fox, que fue presionado por los industriales de las bebidas carbonatadas. Lo paradójico es que los dueños de las refresqueras usan como argumento que un IEPS al refresco perjudicaría también a los productores de azúcar.

En 2003 y 2004, con el impuesto a las bebidas con  fructosa, hubo variaciones importantes en el mercado nacional de la azúcar de caña,  toda vez que los inventarios registraron una reducción significativa, debido a que el consumo nacional estimado de este producto representó cerca del 100 por ciento de la producción nacional, y las restricciones a las importaciones de fructosa derivaron en mayor demanda de este insumo por parte de la industria refresquera, de tal manera que en 2004 se llegaron a importar 112.9 millones de dólares, lo que significó un incremento en las importaciones totales de azúcar de 107.3 por ciento respecto al año previo, siendo que desde 1996 no se efectuaban importaciones tan elevadas. Esta reducción de inventarios ocasionó presiones al alza en los precios del azúcar.

Actualmente las refresqueras mexicanas usan fructosa para su producción y solamente la embotelladora Arca tiene una planta donde se produce Coca Cola con azúcar de caña. Esta bebida es para exportación y no se vende en el mercado mexicano.    

El jarabe de maíz de alta fructuosa es igual o más dañino que el azúcar de caña y también tiene un alto contenido calórico, que provoca obesidad y problemas en diversos órganos, además de que la mayoría es importada de los Estados Unidos.

La errónea política en la administración de Vicente Fox  para la industria azucarera y que más bien favoreció a las empresas embotelladoras, parece ser una acción de agradecimiento a esos empresarios. Hay que recordar que el expresidente fue gerente durante muchos años de Coca-Cola.