En otros artículos hemos dicho que llegó la hora de que la Cuarta Transformación comience a justificar las decisiones específicas del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. No las bases teóricas o filosóficas, si las hay, de su proyecto, sino las acciones concretas que conllevan alguna contradicción con el mismo.

Me voy a referir al tema de los pueblos indígenas. AMLO ha dicho múltiples veces que primero los indígenas, porque son los más pobres entre los pobres. Es cierto, son tres veces más pobres que la población no indígena. Pero en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2020 (PEF 2020), se propone un recorte del 41% a los recursos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Hasta ahora, las pocas explicaciones de este recorte no convencen.

No es una cuestión menor, porque se trata de ver si la alternancia que llevó a AMLO a la Presidencia, puede constituirse en una verdadera alternativa, al menos para los que menos tienen, como son los pueblos originarios. Una de las explicaciones del brutal recorte al INPI, es que existe un presupuesto transversal para el desarrollo de los pueblos indígenas, donde participan 16 dependencias federales, y que en ese Anexo transversal se proyecta para 2020 un incremento de 88 mil a 100 mil millones de pesos. El incremento es cierto en el proyecto del PEF, pero no sirve de nada.

Porque la estrategia transversal de desarrollo integral de los pueblos indígenas ha mostrado una y otra vez su fracaso. Las Secretarías y las dependencias que participan, aplican los recursos de forma discrecional, a la población en general y, lejos de favorecer a las comunidades indígenas como lo establece el Anexo transversal, reproducen las formas de discriminación y marginación contra esta población. Eso lo saben todos, el CONEVAL, el propio INPI, los legisladores, sobre todo, lo saben los pueblos, que seguramente acumularán más agravios si se consuma el recorte presupuestal.

Entonces, hace falta una justificación convincente del recorte al INPI, porque es un golpe demoledor para los pueblos y comunidades, donde ni SAGARPA, ni SEDATU, ni Bienestar, mucho menos SCT, aplican los recursos públicos, pues prefieren la gran obra hidráulica o la autopista espectacular. El INPI no tiene atribuciones ni capacidad para llamar a cuentas a las Secretarías, cuando lo intentó hacer su antecesora la CDI, siempre fue ignorada.

Lo que queda es explicar y convencer, sobre todo a los pueblos y comunidades indígenas, o rectificar. No sabemos si la anunciada reforma constitucional para reconocer derechos fundamentales de los pueblos originarios, pendientes desde los Acuerdos de San Andrés de 1996, se visualiza, en el gobierno de AMLO, como la gran compensación por este recorte al presupuesto del INPI. Al parecer se contemplan derechos de gran relevancia en esa reforma, como el derecho a la consulta previa, libre e informada, ser reconocidos como sujetos de derecho público o sus derechos a usufructuar sus tierras, territorios y recursos naturales.

Reconocer esos derechos sería un paso histórico en la construcción de una nueva relación entre los pueblos originarios y el Estado. Pero, por un lado, está por verse, porque las resistencias a esa reforma son muy poderosas, tienen sus raíces en resortes y estructuras profundas que reproducen el racismo y la exclusión de los indígenas; los representantes o convencidos de esas resistencias están en todos lados, incluso en el gobierno de la 4T.

Por otro lado, aunque la reforma constitucional realmente se impulse con decisión y respaldo del propio AMLO, no se alcanza a entender por qué razones tendría que pasar por el enorme recorte al presupuesto del INPI. Recordemos que la pobreza y la marginación son los peores opresores de los pueblos, que la marginación y la desigualdad impiden la emancipación y la autonomía para decidir libremente sobre su propio destino. Entonces: ¿por qué el recorte al presupuesto del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas?