El anuncio del presidente qlopezobrador_a propósito de las suspensiones definitivas de los amparos interpuestos por diversos ciudadanos y organizaciones para evitar la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía ha generado controversia. Quienes han interpuesto los más distintos recursos legales vs el aeropuerto y las obras de la 4T están en su legítimo derecho de hacerlo. Ni duda cabe. Tengan o no las mejores intenciones. Esa apreciación – sobre la intencionalidad- es subjetiva y lo importante – y únicamente válido- es la resolución de las autoridades jurisdiccionales competentes. Lo demás es lo de menos desde la estricta perspectiva legal. Ese criterio, empero, también debe aplicarse para el ejercicio de las diversas atribuciones que el presidente de la República tiene a su alcance por mandato constitucional.

Tampoco debe haber duda, salvo que la autoridad judicial competente en forma motivada (es decir argumentada) y fundada (que haya una norma jurídica expresamente aplicable al caso concreto y sea consecuente con la motivación) disponga lo contrario. De esta suerte, debe quedar claro que el presidente tiene varias vías para combatir con la Constitución en la mano las suspensiones provisionales y definitivas emitidas conforme a derecho por distintos juzgadores federales. Hay, como está siendo una constante en este periodo de transición de un régimen a otro, un clima de polarización que irá cediendo poco a poco. En los medios el ejercicio de la libertad de expresión en dimensiones hasta hace poco desconocidas ha generado la coexistencia de los más distintos puntos de vista, todos ellos, por ser opiniones, con una carga de subjetividad y las redes sociales son una clara ventana al derecho a expresar juicios de valor y conjeturas, incluso aunque hasta que se presenten como informaciones porque en México no hay una regulación sobre el tema, por buenas o malas razones.

En ese contexto, el referente debe ser- y esa también, por supuesto, es mi opinión- la definición de cosa juzgada del poder federal si es el caso. De no serlo, debe entenderse- y así lo aprecio- que las decisiones del presidente se encuentran arropadas por la Constitución y serán normas vigentes. También, los ciudadanos y organizaciones, por las razones que sean, están en su derecho de controvertir o judicializar las decisiones del presidente @lopezobrador_. Será, repito, la autoridad judicial competente la que tenga al final del día la última palabra y a ella hay que someterse todos para respetar los principios esenciales del Estado de derecho.

@evillanuevamx

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