El número de pacientes quienes se quejan de la mala o nula atención del INSABI continúa. Aunque ya hay orden presidencial de que no se cobre, esta no termina de cuajar; ni los médicos ni enfermeras en los hospitales públicos saben bien a bien qué hacer. La razón es sencilla: no hay reglas de operación, con lo cual cada quien se las ingenia o imagina a cómo mejor lo necesite la caja chica del nosocomio.

Quienes eran usuarios del Seguro Popular para enfermedades oncológicas –por mencionar un tipo– están siendo rechazados.

A lo anterior, viene una segunda muestra de la mala planeación para su implementación. El gobierno federal invita a las entidades federativas a signar un convenio para que entre en operaciones el INSABI en los hospitales, centros de salud, clínicas y/o casas de salud que dependan de los estados. La condición: ceder los servicios de salud estatales al INSABI y el dinero que la Federación otorgaba a los estados para la atención de los enfermos, ya no se les daría, lo manejaría todo el INSABI.

Esto es otro golpe a la Federación, pues busca centralizar los servicios en el gobierno federal y no dar recursos a las entidades federativas para que cumplan su cometido. Con esto, además, a través de un convenio, los estados ceden su infraestructura al gobierno central y pierden capacidad de atención a la ciudadanía.

Viendo la atención brindada hasta ahora por el INSABI, seis gobernadores (algunos de Acción Nacional y Alfaro por Movimiento Ciudadano) decidieron no signar dicho convenio y continuar brindando la atención en salud a través de su infraestructura hospitalaria estatal. Hasta aquí no habría mayor problema.

Donde surge, es cuando el secretario de salud de Querétaro compartió que el gobierno federal les notificó que no mandarán a su estado medicamentos ni dinero para poder comprarlos durante este primer trimestre de 2020.

El gobierno de Querétaro dice que hará frente al desabasto con recursos propios, pero no piensa ceder su infraestructura hospitalaria, ni al personal que ahí labora.

Mientras tanto, el director del INSABI, Juan Ferrer señala que: “la ley marca hasta el mes de abril para los acuerdos estatales… y mientras, él se reunirá con los secretarios estatales para ver si desean firmar el acuerdo con el INSABI voluntariamente”. Lo que no menciona, es que firmen o no, cuentan con 180 días para armonizar sus disposiciones legales en materia de salud a partir de la entrada en vigor del INSABI. Esto es, tienen que armonizar su ley con la del INSABI, pero sin que existan las reglas de operación de dicho Instituto.

Este nuevo traspiés por parte del INSABI, no solo significa un enfrentamiento entre el gobierno federal y seis estatales. Vulnera de forma directa la división de poderes en la Federación y centraliza más el poder del ejecutivo federal. Pretende dejar a las entidades federativas sin una de sus obligaciones principales la cual, en muchos casos, la realizan medianamente bien: el otorgar servicios de salud a la ciudadanía, en conjunto con los recursos enviados por la federación.

Y lo más grave de todo, ya sea porque no hay dinero o por forzar a los estados a entrar en el convenio del INSABI (insisto, entregando toda su infraestructura hospitalaria al gobierno federal), no tendrán recursos o material médico durante el primer trimestre. En pocas palabras: si no firmas, no hay apoyos. Poco importa que los verdaderos sufrientes de un enfrentamiento entre gobiernos sean los ciudadanos más desfavorecidos.

El pulso de fuerzas entre estados y gobierno federal tendrá millones de afectados, a quienes no les interesa la política ni pertenecen a “x” o “y” partido político; solo les urge tener medicinas a tiempo para poder continuar viviendo. Esas personas, dichos pacientes, son moneda de cambio para los diferentes niveles de gobierno.

Si la falta de recursos para el sector salud en los estados que se rehúsan a firmar el convenio del INSABI es por presionar políticamente, es una bajeza. Como lo es acusarlos de “rebelión”, cuando todos los estados deberían exigir saber cómo funciona el INSABI y que tenga los mínimos indispensables para atender a la población objetivo. Desafortunadamente, en su corta vida, el INSABI deja mucho que desear.

Esta semana los gobernadores de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Baja California Sur, Jalisco y Tamaulipas; se reunirán con Andrés Manuel para revisar el tema. Ojalá que dicha “revisión” sea por unos y otro una ocasión para encontrar una solución para los más afectados y no una acusación de dimes y diretes.

Mientras tanto, el INSABI lejos de ser la panacea prometida, de atención tipo Dinamarca o Noruega, cada día crece en su problemática y acusa más su falta de reglas de operación. Es momento que tanto el director del mismo, como el secretario de salud federal, acepten que el INSABI carece de lo mínimo y ese mínimo impacta a millones de mexicanos. Momento de ofrecer una solución plausible y urgente para la población.