Durante el transcurso de la semana que concluyó se dio a conocer una misiva, fechada el 31 de julio de este año, suscrita por los gobernadores de las entidades de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, a través de la cual manifestaban su inconformidad hacia la forma en cómo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, conduce la política pública para enfrentar la pandemia del SARS-CoV2 (COVID 19). En los hechos esta comunicación se traduce en una petición al Ejecutivo federal para “pedir la cabeza” del funcionario.

En este sentido, vale la pena reflexionar si ha lugar o no a la “renuncia”, por ello es necesario preguntar: ¿cuál es la razón para que se mantenga al subsecretario al frente de tan importante labor? ¿Las medidas que México ha tomado para contener la pandemia, y con ello reducir contagios y defunciones, ha sido efectiva? ¿Al día de hoy existe una comunicación fluida y cooperativa entre las entidades y el funcionario? Al parecer estos cuestionamientos deben ser respondidos en sentido negativo, pues hasta el 1 de agosto del presente año se han registrados 47,472 defunciones; 434,193 contagios, y ocupamos, a nivel mundial, la posición número 3 de países con mayor número de muertes por Covid-19. Aunado a lo anterior, conforme a datos proveídos por diversos medios de comunicación, se han registrado diferencias con gobernadores por la semaforización.

Lo anterior representa datos fuertes y agresivos que, independientemente de la simpatía o no por el subsecretario, debieran analizarse de manera crítica y objetiva; no obstante, quienes sigan creyendo en la conveniencia de que López-Gatell debe continuar en su puesto, bien podrían manifestar que él no puede ser responsable de la falta de cuidado de las personas que transitan en gran porcentaje por la vía pública, sin las medidas sanitarias pertinentes, sin guardar la sana distancia, o que no tengan los hábitos de limpieza o nutricionales adecuados; también se podrá expresar que conforme a muertos por cada millón de personas, México está en mejor posición que otros países.

Sin embargo, a lo anterior se podría contraargumentar que no es ético ni profesional traspasar la responsabilidad a la población, pues los encargados del sistema de salud saben de los hábitos que, de modo general, enfrenta la población mexicana y por ello deben diseñar e implementar las políticas públicas más conformes a la realidad de la población. Por lo que toca a los gobernadores, sin duda son responsables en términos de la fracción IV del artículo 4 de la Ley General de Salud; sin embargo, ellos no son la cabeza del Sistema Nacional de Salud, figuran como coadyuvantes, lo que los coloca en un escalón inferior. En este orden de ideas y en lo referente a los muertos por cada millón de habitantes, si bien México (362) está a la fecha en mejor posición que países como Bélgica (849), Reino Unido (679), España (608), Italia (581), Suecia (568), Francia (463) o Estados Unidos (463), también es cierto que lo superan (con menos muertos por millón) países como Panamá (329), Ecuador (323), Bolivia (255), Armenia (252), Irán (199), Colombia (198), Portugal (170).

Todo lo anterior resulta sin duda interesante y seguramente se contarán por cientos los adeptos o detractores del subsecretario de Salud en pro de su continuidad o cese, lo cual no es del todo bueno, porque nos lleva a un falso debate (la continuidad) cuando en realidad lo que debe preocupar, a cualquier mexicano, no es si el funcionario sigue en su puesto o no, sino que descienda la incidencia de contagios y muertes en nuestro territorio para que todas y todos estemos tranquilos y podamos dedicarnos a otras áreas del desarrollo social y económico.

En cualquier caso, la última palabra la tiene el presidente, quien en su calidad de jefe de la Administración posee el poder de nombramiento y remoción en la administración pública centralizada, por lo que solo él es quien en realidad resolverá la continuidad del servidor, por ello es deseable un proceso reflexivo del Poder Ejecutivo federal y ojalá su decisión favorezca a México. En cualquier caso, los gobernadores (de la “Alianza Federalista”) han puesto, en el tablero del juego de lo político, un “pulso” al Ejecutivo federal.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM