Columnas

Solo las urnas podrán evitar que siga la destrucción de los órganos constitucionales autónomos.

El 11 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformaba un puñado de artículos de la Constitución mexicana relacionados con las telecomunicaciones. Como parte fundamental de la reforma en telecomunicaciones promovida por presidente Enrique Peña Nieto fue creado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como organismo público autónomo responsable de la regulación del sector en aras de un eficiente y equitativo aprovechamiento de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusiones. De esta manera, se garantiza hoy el respeto al espíritu de la ley contenida en el artículo 28 constitucional relacionado con la prohibición de los monopolios en México.

La reforma de aquel año fue saludada por los principales inversores mexicanos y extranjeros, y apoyado por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. A diferencia de la reforma fiscal, la de telecomunicaciones fue bien recibida por la opinión pública y se colocó al lado de otras, como la educativa, como una de las transformaciones legales mayormente aceptadas por los mexicanos.

Desafortunadamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el primer día de su mandato, ha hecho hincapié en la necesidad de reducir a los organismos constitucionales autónomos a meras dependencias del gobierno federal. Así lo hizo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) pues este organismo sirvió como primer chivo expiatorio para la reconciliación del magisterio con la SEP. En este tenor, el INEE fue eventualmente reemplazado por una comisión carente de autonomía constitucional, y puesta al servicio del gobierno federal. ¡Flaco favor se le hizo a la educación!

Ahora, el presidente va contra el IFT. Así lo anunció hace unos días. López Obrador pretende aprovecharse – una vez más- de sus mayorías en el Congreso para debilitar a organismos que sirven de contrapeso al Ejecutivo. El presidente, según informó, pretende promover reformas constitucionales que transfieran las competencias del IFT a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tal y como lo hizo con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación – sucesora del INEE- con respecto a la SEP.

De consumarse la iniciativa, el presidente López Obrador y la mayoría morenista habrán alcanzado una importante victoria en su incesante lucha en favor de la centralización de los poderes del Estado mexicano en el Ejecutivo, y en particular, en la figura del presidente de la República. En esta tesitura, el jefe del Estado parece actuar conforme a la vieja usanza priista, y en detrimento del interés público. Primero con la educación… y ahora va contra las telecomunicaciones.

Resulta lamentable la decisión del presidente. El debilitamiento – y quizá desaparición- de los organismos autónomos trasluce el talante autoritario de López Obrador, así como la agenda centralizadora del régimen. Finalmente, no resultará sorprendente, en caso de que Morena preserve la mayoría en ambas cámaras tras las elecciones de este año, que el presidente mexicano se alce eventualmente contra la joya de la corona de los organismos constitucionales autónomos: el Instituto Nacional Electoral. Evitémoslo en las urnas.