El cínico Anaya

Ricardo Anaya
El ex candidato presidencial Ricardo AnayaMario Jasso / Cuartoscuro

"Me consta que urdió la falsificación de mi firma y sello notarial para intentar engañar a la PGR": Anaya

Ricardo Anaya falta a la honestidad y a la verdad al jactarse de ser una persona íntegra y pretender evadir los señalamientos que ahora vuelven a hacerse en cuanto a su insolvencia moral y carencia de ética, tras darse a conocer su presunta participación en acciones ilícitas en el escandaloso caso Odebrecht, ahora que el principal actor en esa trama delincuencial está ya en México generando mayor información que consolida elementos para desnudar la amplia red de complicidad criminal en la que presume estarían insertos tanto el citado Anaya como otros personajes ligados a Enrique Peña Nieto y el propio ex presidente.

El ex candidato presidencial, no puede pretender enfundarse en un traje de blanca paloma que definitivamente no le queda al tratar de desvirtuar dogmáticamente lo que se ha ventilado inherente a las operaciones criminales en las que se envuelve la participación de Emilio Lozoya Austin, quien fuera Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX) durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, principalmente después de que han surgido datos más claros en cuanto a la forma en que de diversas maneras se involucró en el entramado y fraudulento caso.

Ante esa jactancia del soberbio ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), es importante precisar que hasta donde a mí me consta, Anaya sí ha perpetrado acciones ilícitas, más allá de lo que como resultado de las pesquisas le pueda establecer la Fiscalía General de la República (FGR), o algunas otras instancias ministeriales locales en el país relativos a los asuntos que se ventilan sobre el escándalo propiciado por la transnacional Odebrecht.

En lo que a mi corresponde, me permito recordar que en octubre de 2017 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) involucró a Anaya en la investigación criminal sobre un presunto acopio ilegal de recursos a través de la compra-venta a sobre precio de una nave industrial en la que participó en complicidad con otros sujetos, entre ellos un ya famoso personaje de nombre Manuel Barreiro; en dicho asunto, acorde a las primeras pesquisas efectuadas a finales de 2016 desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pretendió urdir una estrategia para ilegalmente hacer ver como realizada en fecha previa una operación de compraventa de acciones de la compañía relacionada con esas fraudulentas operaciones financieras sacando ficticiamente del grupo accionario a Anaya y colocando a prestanombres.

Manhattan Master Plan fue constituida en julio de 2016, empresa de la cual el ex aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, adquirió más de 40% de las acciones en 2013 (proporción igual a la su esposa) y era administrada por su suegro.

Incluso Manhattan Master Plan tenía como socios fundadores a Luis Alberto López y María Amada Ramírez, empleados de Manuel Barreiro, un empresario de Querétaro ligado a Anaya, (el primero era su chofer), con apenas 10 mil pesos de capital social.

Así, a meses de su constitución, en agosto de 2016, la empresa compró una nave industrial a Juni Sierra por unos 54 millones de pesos, inmueble que se estima que Juni Sierra adquirió por 10 millones de pesos.

Para evitar sospechas por el hecho de que un chofer contara con recursos para comprar un inmueble por 54 millones de pesos, se nombró como accionista mayoritario de Manhattan Master Plan a Juan Carlos Reyes, hermano de un socio de Barreiro.

No obstante, esta propuesta fue en octubre de 2016, posterior al acto de la compra, por lo que se las tenían que ingeniar para que Reyes tuviera participación accionaria antes de agosto, cuando se supone que el chofer había sido el socio comprador.

Así generaron un acta de asamblea de la empresa Manhattan Master Plan en la que Reyes presuntamente adquirió 99% de esta desde junio de 2016; y un convenio mediante el que el mismo Reyes daba poderes al chofer para realizar la compra.

Son esos dos documentos los que en copias fechadas anteriormente y falsamente certificadas, pretendieron engañar a la PGR, falsificando mi firma y sello como fedatario.

En la indagatoria se establece contundentemente la participación de Anaya y Barreiro, siendo sus ex abogados, de nombres Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, quienes a cambio de acogerse a la figura jurídica de “criterio de oportunidad”, proporcionaron toda la información y pruebas; detallaron cómo fue el proceso ordenado por Barreiro y Anaya para que mediante una estructura financiera y corporativa se perdiera el rastro del dinero como el que se habría pagado, una suma cercana a los 3 millones de dólares a una empresa denominada Manhattan Master Plan, -que el SAT identificó como empresa fantasma-, y fue la que compró a inmenso sobreprecio la nave industrial a Ricardo Anaya a través de la compañía Juni Sierra de la que era integrante y cuyo administrador único era su suegro.

En esa investigación los abogados citados declararon que se les indicó deberían hacer todo lo posible para que no se relacionase el tema con Anaya y el propósito de la operación era ocultar precisamente el origen de los recursos así como su destinatario final, de manera que simularon actos jurídicos además de inflar el precio de la compraventa a fin de pagarle el abultado monto a Juni Sierra utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble y hacerle llegar así los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la citada empresa.

Para ello, estos abogados trataron de urdir un cambio de accionistas de la empresa con fecha retroactiva a la conformación original de la misma y entregaron esos documentos a las autoridades de la PGR queriendo pasarlos como veraces con una fecha cierta anterior presentando copias certificadas de dichas supuestas actas de asamblea en las que aseguraban que, en mi calidad de fedatario, habría yo certificado en la falsa fecha dichas copias buscando con esto darle veracidad y certidumbre legal a la época.

Cuando me di cuenta de esto acudí de motu proprio a la PGR y dejé claro que no eran mi firma, ni mi sello notarial, además que hacían falta elementos que deben contener las certificaciones notariales, y por ello inicié en febrero de 2018 la correspondiente denuncia penal derivada de la pesquisa misma que ya existía, la cual debe tener aún en proceso la autoridad ministerial federal.

Así las cosas, luego entonces queda claro que Anaya es un cínico tal como le dijeron en la campaña presidencial, miente al aseverar que nunca ha realizado algún acto impropio, delincuencial o criminal, porque ahí está el botón de muestra.

En tanto, la autoridad ministerial federal ha sido omisa, quizá por la transformación de PGR a la actual Fiscalía General de la República (FGR) pero la denuncia no se ha terminado de integrar a pesar de estar ratificada y contar con todas las evidencias y elementos de convicción para que sea consignada ante un juez penal y se pueda seguir adelante con los procedimientos necesarios procurándose la sanción penal que corresponda.

Se habrá de realizar la acción legal que amerita para exhortar a que así se realice, y que se siga el curso que la ley determine por los delitos en relación a la falsificación de firma y sellos de notario y simulación de actos jurídicos.

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