En México hay una vieja costumbre de que la función se ajuste al funcionario y no exactamente al revés como debe ser. El nuevo sistema penal acusatorio- que introduce los juicios orales- representa un gran avance para agilizar la justicia, transparentar los procesos judiciales, minimizar la corrupción y dar vida al principio de proporcionalidad. El problema, empero, es que durante varios años se dio de plazo para la reforma de conocimientos y la capacitación de miembros de la judicatura, agentes del ministerio público y, en general, todos los operadores jurídicos. Como siempre al cuarto para las doce no cumplieron su obligación y ahora pretenden hacer naufragar este sistema que beneficia a los estratos más amplios de la sociedad.
La Barra Mexicana Colegio de Abogados (@BMA_Abogados) la principal institución profesional de los abogados en México ha advertido el problema en un pronunciamiento claro y contundente que reproduzco por ser breve, preciso y claro de lo que pasa:
“En las últimas semanas, los medios han reportado la intención de la Conferencia Nacional de Gobernadores y otras entidades, de presentar al Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma para modificar el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. La iniciativa tiene como finalidad principal ampliar el catálogo de delitos que, conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, merecen prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento que el Sistema, al haber restringido el uso de dicha medida, es laxo con los delincuentes y con ello, responsable del incremento de la delincuencia en varios Estados del país. La propuesta pretende responsabilizar al Sistema de la inseguridad, sin embargo, las fallas reales se encuentran en dos aspectos: por un lado, la falta de capacitación de los operadores (policías, peritos, fiscales y abogados) y por otro, la desinformación a la ciudadanía sobre las razones que justifican tales medidas, así como los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos. El nuevo Sistema, lejos de prohibir la prisión preventiva, la racionaliza, de manera que cualquier persona puede quedar sujeta a ella cuando las conductas delictivas lo ameriten. Como lo han sostenido autorizadas voces del foro, la propuesta de reforma es falaz, no obedece a un estado de derecho democrático y constituye propiamente una contrarreforma que denota regresión al sistema inquisitivo, abandonado ya desde la reforma constitucional del 18 de junio de 2008. Así las cosas, el verdadero reto no es legislativo, sino de capacitación para que los operadores del Sistema tengan en sus manos las herramientas necesarias para estar en aptitud de realizar investigaciones eficientes y sean capaces de argumentar a favor de la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar, para que una persona enfrente su proceso, ya que ello contribuye a construir un procedimiento más justo y transparente con el que se erradica el abuso y la extorsión”.
Es de esperarse que la racionalidad tenga cabida y no se busque echar para atrás un proceso que ha tardado en consolidarse con reformas constitucionales y en la legislación secundaria.
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