El gasolinazo del constituyemte

Miguel A Mancera
Miguel A Mancerainternet

 

 

El pasado fin de semana, tuve la oportunidad de leer el proyecto de Constitución de la novel Ciudad de México, y lo primero que vino a mi mente durante su lectura, fue que nos habían aplicado un “Gasolinazo”. Para quienes no lo recuerdan, el “gasolinazo” fue un término acuñado en los sexenios del más puro estilo priista de los años 70s, y que se refería a un incremento sorpresivo al precio de la gasolina. Lo interesante de esta acción, es que el gobierno aplicaba este aumento en los periodos vacacionales o “puentes”. Lo anterior lo hacían, ya que sabían que los ciudadanos no se manifestarían al encontrarse más preocupados por disfrutar sus vacaciones que por el incremento aplicado y por los aumentos de precios asociados a esta acción.

El pasado sábado 17 de septiembre, el Jefe de gobierno de la CDMX, entregó a la Asamblea Constituyente, el Proyecto de Constitución de la CDMX, documento que deberá ser analizado, discutido y en su caso aprobado por los constituyentes. Lo que causo mi sorpresa, fue descubrir en dicho documento, una serie de propuestas que me hicieron sentir como si me hubieran aplicado un madruguete o un gasolinazo, por lo que paso a explicarme.

En días pasados, ya había expresado en este mismo espacio -mediante mi artículo nombrado “¿Y somos responsables?”- que existía la propuesta de que la edad de derecho al voto en esta ciudad disminuyera de 18 a 16 años, hecho materializado en este proyecto de constitución, en el apartado denominado “Ciudadanía y ejercicio democrático”, artículo 29 De la ciudadanía, en su numeral 3 y reconfirmado en el artículo 16 apartado D numeral 4.

Sin embargo, lo que me dejó sin habla, fue básicamente el referente al artículo 15 denominado Ciudad productiva, que en su Apartado F, hace referencia a las personas trabajadoras no asalariadas, dicho artículo establece en su Numeral 3, que las autoridades de la ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo previsto por la ley, deberán reconocen y proteger el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita. Yo me pregunto, ¿previsto por la Ley? ¿Cuál ley?

¿Llevar a la legalidad una actividad que ha sido declarada históricamente como ilícita, es la solución a los problemas de esta ciudad? ¿Esto es realmente una posición seria? En ninguna parte de este proyecto, se establece hacer a la ciudad más productiva y generadora de empleos, garantizar el acceso a un trabajo digno y promoverlo, en la gran mayoría de los casos asumen posiciones paternalistas y populistas, como esta legalización o la de permitir el uso de los espacios públicos por el ambulantaje o como lo definen ellos, “trabajadores no asalariados”.

Lo realmente irónico de este artículo, es que en el apartado F, numeral 1, inciso c), se indica que es un derecho de los “no asalariados” y cito textual: “Recibir capacitación para mejorar el desempeño en su ocupación y la calidad de los servicios que prestan”. ¿Habrá pensado el Jefe de Gobierno, quién tendrá la autoridad y las capacidades para certificar a las sexoservidoras?, seguramente no, pero suena incluyente, muy aspiracional y populista el ofrecer dar capacitación y prestaciones.

Adicionalmente en el mismo apartado propone que los vendedores fijos y semifijos tengan derecho desempeñar sus actividades y oficios en los espacios públicos de la ciudad, ósea que vamos a legalizar también el ambulantaje. Lo preocupante de esto, es que al legalizar actividades que se han considerado siempre ilícitas (aunque hayan sido toleradas), es abrir una puerta muy peligrosa a la tentación de satisfacer a grupos de presión legalizando actividades consideradas 100% ilícitas. Con este antecedente ¿que impediría entonces tener una asociación de ladrones de autopartes?, por señalar sólo un ejemplo.

Creo que lo que enfrenta esta ciudad y los retos de que se vienen, deben atacarse de una manera más seria, lo que se necesita Sr. Mancera es aplicar la ley, hacerla cumplir con honestidad y a todos por igual. Proponer medidas como estas, solo fomentan la ilegalidad y premian a los que están fuera de ella. Y los que acaban pagando el precio, son los mismos habitantes honestos que respetan las leyes, los contribuyentes cautivos, con servicios cada vez más malos, viviendo más inseguros y menos saludables.

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