En Contexto. El desdén a los alcaldes

protestas de alcaldes
Alcaldes de distintas demarcaciones se manifestaron afuera de Palacio Nacional.Andrea Murcia / Cuartoscuro

Los alcaldes debieron ser escuchados

Es muy grave para la sociedad mexicana el desdén a los 300 alcaldes de los partidos de oposición que se acercaron a Palacio Nacional para intentar hablar con el presidente López Obrador sobre asuntos de sus localidades.

La negativa para iniciar una interlocución entre el gobierno federal y los municipios que tampoco fue fluida en el pasado, fortalece la percepción del renacimiento del ejercicio centralizado del gasto público en función de caprichos o promoción política de programas que, si bien aseguran militancias, no garantizan crecimiento económico ni bienestar social equilibrado en todas las regiones del país.

Desde sus orígenes como república, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal buscó garantizar la convivencia de dos poderes soberanos dentro de un mismo territorio: el federal y el provincial, que además de gobernar, administrar y garantizar la seguridad ciudadana, tienen que recaudar, distribuir y repartir los recursos disponibles, dentro de un marco que favorezca a la democracia.

Al parecer, esa convivencia no ha sido entendida ni considerada como base de lanzamiento de la transformación nacional.

Por la vía de la mayoría legislativa se han impuesto objetivos y recursos que no contemplan la indispensable coordinación para atender las deficiencias, ventajas y realidades del país. De ahí la molestia de los alcaldes no Morenistas

El presupuesto federal para 2020 elaborado íntegramente por el actual gobierno muestra una orientación diferente a lo acostumbrado, pero con los vicios del pasado que, en palabras del nuevo régimen “es como vender vino nuevo en botellas viejas”; de ahí la importancia de reformar el sistema fiscal mexicano para que la retórica no ahogue.

A la luz de la inseguridad, el deterioro de los indicadores económicos y el oscuro o perverso destino de los recursos presupuestales, los alcaldes de los diversos partidos distintos a Morena alertaron sobre tres temas esenciales para sus representados, para su supervivencia y para el futuro nacional.

Se trata de las participaciones federales consideradas en el Ramo 28, las aportaciones federales del Ramo 33 y el Fondo para el Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Estos tres rubros han sufrido −y por tanto todos nosotros− una drástica reducción que desde diciembre del año pasado supera en más de mil millones de pesos el monto disponible y una cantidad similar se pretende recortar en cada uno de ellos en el presupuesto de 2020.

Para poder valorar la importancia de la manifestación de los 300 alcaldes es necesario entender que las participaciones del Ramo 28 se entregan a los estados y municipios para que puedan subsanar las deficiencias del modelo económico y generar crecimiento; a su vez, las aportaciones del Ramo 33 son un subsidio a los ingresos de aquellos estados y municipios con niveles de pobreza elevados, además de que estos recursos deben canalizarse para contribuir en la solución de las carencias en materia de salud, educación y seguridad locales.

Por cuanto al Fortaseg, que es utilizado para equipamiento en materia de patrullas, uniformes, chalecos, armas y pertrechos, entre otros, apenas contempla destinar unos 3 mil millones de pesos en 2020 que se deben distribuir entre las 2 mil 464 alcaldías y los 32 estados del país.

Las reducciones presupuestales que se han hecho a estos elementos esenciales para la seguridad, certidumbre y bienestar social, se han trasladado al financiamiento de los programas emblemáticos del gobierno federal como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, pensión para personas con discapacidad, Producción para el Bienestar y becas para estudiantes de Educación Media Superior, que durante 2020 seguirán sin reglas de operación.

Importa aclarar que los dos ramos presupuestales tienen naturaleza distinta. Las participaciones, en donde está el Ramo 28, técnicamente no sufren “recortes” ya que, al no formar parte del gasto programable, son una estimación, pues dependen de la recaudación fiscal anual y se distribuyen con una fórmula que involucra variables como la población local, el PIB estatal, la recaudación de impuestos y derechos locales respecto de años anteriores y la relación entre el crecimiento de los impuestos locales con la recaudación de los demás estados. Se ejercen libremente y en lo que más pueda convenir.

Por lo que se refiera al Ramo 33, se financia con participaciones que provienen de recursos federales programables que se entregan a las entidades federativas y sus municipios con el fin de compensarles su aportación a la economía nacional, pero están condicionados al desarrollo local y regional; por lo que, aunque son auditables, se prestan a múltiples distorsiones como se ha demostrado con el tema educativo y, aquí, con los maestros.

Es claro que las autoridades federales, los legisladores y todos los gobernantes ignoran la estructura fiscal del país o no tienen interés por una real transformación.

De ahí que en el actual modelo de desarrollo nacional no se ven cambios que modifiquen la desigualdad imperante en el desarrollo regional, prevalece la centralización en materia de salud y educación: nada se hace si no lo encabeza el presidente López Obrador, pero tampoco estados y municipios hacen algo por elevar la recaudación de impuestos predial o de tenencia y todos favorecen los paraísos fiscales internos.

Más que desdén, es la oportunidad de iniciar una reforma fiscal integral que cumplan con los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y con destino claro de su utilización; esto implicaría dejar de privilegiar a grupos o sectores en busca de respaldo político.

De otra suerte, actuar en contra la informalidad.

@lusacevedop

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