Lo dijo el Presidente... Y tiene razón... La industria de la construcción debe ser uno de los motores que impulse la recuperación de la economía y el empleo.

Ojalá que los gobiernos locales no apaguen ese importantísimo motor con incompetencia, corrupción o viéndole cara de signo de pesos y pensando que puede ser esa fuente de ingresos emergente que les permita compensar las inevitables debilidades presupuestales que habrán de enfrentar.

Ojalá que entiendan que para que ese motor funcione, es indispensable que existan condiciones propicias para que las cadenas productivas relacionadas puedan trabajar...

Que entiendan que a los motores hay que ponerle, no quitarle gasolina.

Que entiendan que se requiere voluntad política traducida en reglas claras, transparencia, acompañamiento eficiente de gobiernos e instancias públicas, y apoyos regulatorios...

Apoyos que deben incluir, si fuera posible, reducción en costos de trámites, pero ya si no fuera tanto, al menos la seguridad de que no habrá incrementos para ellos.

Es apenas lógico; para que se reactive un sector de la economía, los empresarios del mismo deben tener condiciones que detonen su disposición para invertir y trabajar en ello.

Y la verdad es que las condiciones no son las más propicias para pedir inversiones.

Un dato, como promedio nacional, del 2012 a la fecha los costos regulatorios relacionados con la construcción se han duplicado. Costos lo mismo como los de permisos municipales relacionados con la construcción y los temas urbanos, que como aquellos que tienen que ver con vistos buenos de organismos estatales, como son los del medio ambiente, o federales, como pueden ser los de agencias encargadas de servicios públicos como el agua (que en muchos casos es local) o la electricidad.

Y ojo, que esos no son los únicos costos que se han elevado. Tristemente también se han duplicado aquellos relacionados con la ineptitud de gobiernos locales y organismos públicos. Ineptitud traducida en largos tiempos de gestión de todo tipo de trámites y permisos, que para los empresarios de la construcción se traducen en retrasos en sus trabajos y en los consecuentes sobrecostos.

Y de la corrupción después hablamos... porque el hecho es que sigue siendo un flagelo que es tan característico a la construcción, como el uso del cemento.

Ni modo, se diga lo que se diga, la realidad es que aún siguen habiendo altos niveles de corrupción en prácticamente todas las regiones del país, lo que ha hecho de la corrupción un costo que tristemente forma parte de todo presupuesto de obra.

Está cabrón (término técnico usado para los sobre costos de la construcción), pero la suma de costos regulatorios, incluyendo tiempos de gestión, más los de corrupción, llegan a representar hasta 15% del precio de venta de una vivienda.

Claro que esto varía según el Estado... Al grado que no estaría mal contar con un indicador que, así como se mide la competitividad, midiera costos regulatorios y corrupción en estados y municipios.

Hoy es más que evidente que el horno no está para bollos y que tanto la construcción, como cualquier otro sector productivo, son indispensables para el desarrollo nacional y que en consecuencia hay que quitar todo obstáculo de su camino.

Debe quedar claro que los gobiernos locales que estén pensando subir los costos de todo permiso relacionado con la construcción, le están metiendo autogoles a las posibilidades de una recuperación de la economía que ya de por sí, sin estas ayudaditas, se veían muy cuesta arriba.

Propongo, si es que se vale proponer, que se implementen mecanismos que midan estos temas y hagan de esa medición instrumento de trabajo que incremente eficiencias y minimice corrupción.

Y ya metidos en esto, también propongo, que si el Presidente en verdad tiene esperanzas en lo que pueda aportar en estos momentos la construcción, encabece un profundo ejercicio de coordinación institucional que tenga como objetivo quitar piedras del camino y crear condiciones que permitan la mayor eficiencia de aquellos sectores llamados a ser la última línea de defensa ante la crisis económica y punto de partida de la recuperación.

Urge, pero en verdad urge, un inmediato proceso de reingeniería que se traduzca en simplificación y eficiencia administrativa... Debidamente acompañado de una barridita a las escaleras de la corrupción.

El reto está en reducir esos infames 15 puntos porcentuales de sobrecostos, que se traducen en inviabilidad de muchos proyectos y que en muchísimos casos se traducen en incrementos de precios de las viviendas, lo que evidentemente afecta directamente a millones de familias y en forma muy particular, a los más pobres.

* Horacio Urbano es fundador de Centro Urbano, think tank especializado en temas de desarrollo urbano, sector inmobiliario y vivienda.

@horacio_urbano