Lima, 26 oct (EFE).- El líder amazónico Alberto Pizango defendió hoy que los pueblos indígenas en Perú organicen sus propias consultas frente a los "caprichos" del Gobierno y del poder legislativo, que sigue sin aprobar una ley de consulta previa sobre la explotación de los recursos naturales.Pizango, presidente de la Asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana (Aidesep), señaló que los pueblos tienen "clarísimo" que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recoge derechos de los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe como la consulta previa, se debe aplicar y no necesita reglamentación.Tras la presentación del "Informe alternativo 2010" sobre el cumplimiento de dicho convenio en Perú, Pizango recalcó ante los periodistas que los indígenas han sido "muy democráticos" y han querido hacer cumplir con los "caprichos" del Gobierno o instancias como el poder legislativo, pero que finalmente desisten de seguir impulsando la polémica ley de consulta previa.Este texto, aprobado el pasado mayo por el Congreso, tenía por objetivo definir el derecho de los indígenas a ser consultados sobre proyectos de minería o hidrocarburos en sus territorios.Meses después, el presidente peruano, Alan García, se negó a promulgar la norma hasta que no recogiera expresamente que las comunidades consultadas no tendrán derecho a veto y la devolvió al Congreso, que no ha vuelto a votarla.A este respecto, el informe presentado hoy por organizaciones indígenas y grupos de derechos humanos alerta de que el Estado peruano pretende aprobar un procedimiento de consulta "meramente formal", que no establecería límites a las decisiones del Gobierno ni a los intereses privados que afectan derechos indígenas.Por ello, el consultor de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) Vladimir Pinto pidió a la OIT que se pronuncie sobre este proceso, al tiempo que criticó la falta de consulta a las comunidades en las concesiones de hidrocarburos.El informe insiste en que las actividades en territorios indígenas sean suspendidas si no han sido debidamente consultadas, particularmente las relacionadas con hidroeléctricas en la Amazonía.Además, llamó la atención sobre el "vaivén" institucional del Instituto de Desarrollo de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos (Indepa), creado en 2005 como un organismo autónomo de la Presidencia del Consejo de Ministros y que tras una serie de cambios ha pasado a integrarse en julio pasado en el Ministerio de Cultura como entidad adscrita.