Entre el paquete de reformas constitucionales que presentó el presidente López Obrador, se encuentra la modificación a la Fracción XII del apartado A del Artículo 123 de nuestra Carta Magna, con el objetivo de cambiar el sistema de financiamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

La idea es que el instituto no solo sea financiador para la adquisición de un bien inmueble, se pretende que también sea constructor y arrendador.

El Infonavit, creado en 1972 durante el sexenio de Luis Echeverría, en sus orígenes, construyó viviendas que podían ser compradas por los trabajadores, la idea, por tanto, no es nueva, pero la propuesta de rentar una casa construida por el instituto y arrendada por él sí es novedosa.

Con la propuesta de López Obrador, sometida a votación por los legisladores, un trabajador o trabajadora podrá rentar una casa durante algunos años y después comprarla, si es su deseo.

La idea suena atractiva, pero también tiene sus asegunes.

En varios estados de la república existen unidades habitacionales que fueron construidas años atrás por el Infonavit, que por estar en las periferias de las ciudades y por haberse construido con materiales de pésima calidad, hoy son prácticamente pueblos fantasmas.

En 2023, existían en México 650 mil viviendas abandonadas y otras 70 mil que se consideraban perdidas, pues estaban construidas en zonas de riesgo, ya sea por el subsuelo o porque sufrían las pésimas condiciones climáticas y eran inhabitables debido, por ejemplo, a las inundaciones.

Las pérdidas financieras para el Infonavit no son menores. Y si hablamos de la cartera vencida, tantito peor.

Pero más allá de lo económico, de aprobarse la reforma de López Obrador, deberá priorizarse la seguridad de las mujeres y las niñas.

En México el 51% de la población somos mujeres y estamos en el mercado laboral 40.4%. Además, en el último semestre de 2023 había en nuestro país un aproximado de 4.18 millones de madres solteras, muchas de ellas quizá con el propósito de adquirir una vivienda digna para su familia.

Y sí, digna y en condiciones óptimas de seguridad, tanto en la construcción como en la zona.

Uno de los principales retos que enfrentará la próxima presidenta del país será cuidar que cada mujer que desee adquirir una vivienda lo haga en terrenos firmes y zonas urbanizadas, con senderos seguros, iluminados y con acceso a transporte público de calidad, además de tener cerca escuelas, centros comerciales, guarderías, centros recreativos y de salud.

Priorizar el bienestar de la población, en especial la femenina, es tarea multidisciplinaria para que un proyecto tan importante como el presentado por el presidente actual sea viable.

Quien gane la próxima elección presidencial tendrá esta y muchas tareas pendientes para garantizar un gobierno humanista y con una real perspectiva de género.