Querida consejera Eva Verónica de Gyvés Zárate:
Queridos ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, gobernador Alejandro Murat Hinojosa y candidato de Morena a gobernador Salomón Jara Cruz:
Carta de una madre
Así empieza una carta que ha redactado una madre de la ciudad de Oaxaca.
Ella pregunta en su escrito si las leyes mexicanas no son suficientes para controlar los excesos del juez Fidel Gallegos Figueroa, quien en Oaxaca sustrajo a un menor y podría quitárselo a su mamá en definitiva.
Gallegos Figueroa es un juez del ámbito federal, por así decirlo. Por esta razón tiene que intervenir el ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar; debe hacerlo, de inmediato, para imponer el orden —el único orden que en este caso tiene sentido: el del derecho y la justicia—.
Debe intervenir también —porque es mujer y porque nació en Oaxaca— Verónica de Gyvés, consejera de la judicatura federal.
Así sea solo con un firme pronunciamiento en contra del abusivo juez debe igualmente intervenir la persona más influyente en la entidad oaxaqueña, el gobernador Alejandro Murat.
Y, porque es el gran favorito para ganar las elecciones de gobernador de Oaxaca, no puede quedarse sin condenar al miserable juez el candidato de Morena, Salomón Jara.
No creo que sea excesivo pedir que se impida al mencionado juez Gallegos continuar atropellando a una mujer que solo quiere ver a su hijo.
El ministro Zaldívar ha demostrado en más de una ocasión su compromiso a favor de los derechos de los niños y las mujeres. Urge que atienda este asunto, del que quizá no ha sido informado.
La consejera De Gyvés está obligada a ser solidaria con una madre que ya ha sufrido la ausencia de su hijo durante más de 10 meses, todo por los pantalones de un macho que nunca debió ser juez.
El gobernador Murat no puede permitir, sin protestar fuertemente, un abuso tan grande en el estado del que es, sin lugar a dudas, el jefe político.
El candidato Jara, para honrar a la izquierda en la que milita, tampoco debe quedarse callado.
Bastante duro ha sido para Luvia Altamirano haber sufrido la ausencia de su hijo durante más de 10 meses, pero tal situación es nada comparada con lo que viene para ella si las instituciones la abandonan: su ex marido, el juez de distrito Fidel Gallegos, la ha emplazado para la pérdida de la patria potestad de su pequeño de 5 años. ¿Por qué actúa de esa manera el juez Gallegos? Porque puede, porque se le pega la gana, porque es macho, porque se lo permiten.
Este caso de violencia vicaria ha llevado a la madre a escribir solicitando la ayuda del ministro Zaldívar, de la consejera De Gyvés, del gobernador Murat y del candidato Jara.
Enseguida la carta de la madre, tal como me la hicieron hicieron llegar mujeres solidarias con ella:
Esta pesadilla comenzó aproximadamente quince años atrás, en un ciclo interminable de violencia emocional, manipulación, codependencia, violencia patrimonial, agresiones verbales y faltas de respeto hacia mi persona, con la permanente amenaza de quitarme a mi pequeño hijo, meterme a la cárcel y destruirme; pero alcanzó el momento más álgido en el contexto de la pandemia de covid-19, específicamente el 19 de abril de 2020, cuando sufrí agresiones físicas y con connotación sexual por parte de mi entonces esposo Fidel Gallegos Figueroa; no obstante que requerí ayuda de la policía municipal para poder salir del domicilio conyugal y escapar de mi agresor, desde entonces empezó la pesadilla que actualmente vivo, aunque, en esa época aún no sabía el entramado de corrupción, parcialidad y tráfico de influencias que mi exesposo planeaba con agilidad maquiavélica en contra de nuestro hijo y de la suscrita para separarnos.
Es pertinente mencionar que Fidel Gallegos Figueroa, ocupa actualmente el cargo de JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, por tanto, las autoridades locales, esto es, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Fiscalía General; las autoridades federales, juzgados de distrito y tribunales colegiados del décimo tercer circuito, han contribuido en su plan de separarme de mi menor hijo de CINCO AÑOS con argucias legales, falseando hechos y pretendiendo manipular la justicia a su conveniencia, beneficiando en sus resoluciones únicamente los intereses de Fidel Gallegos Figueroa.
En efecto, desde el evento de violencia física que sufrí a manos de Fidel Gallegos Figueroa, mi menor hijo tenía TRES AÑOS, pero a casi DOS AÑOS de procedimientos legales —actualmente mi hijo tiene CINCO AÑITOS— y desde el 12 de noviembre de 2021, la juez familiar, con engaños y amenazas me separó físicamente de mi pequeño hijo, argumentando que ante la negativa de mi hijo de convivir con su progenitor, un psicólogo le daría contención, pero en realidad así nos separaron y acto seguido, la juez familiar Joana Vasconcelos Sánchez me corrió del juzgado diciéndome en forma verbal que el domingo vería a mi hijo, por virtud de la resolución que emitió el 9 de julio de 2021 en el expediente 162/2020, en donde modificó la guarda y custodia a la modalidad de compartida; pero si desacataba sus instrucciones, iniciaría el procedimiento para quitarme la guarda y custodia.
No obstante, el domingo 14 de noviembre de 2021, al acudir al juzgado cuarto familiar del distrito judicial del centro, el guardia de seguridad me corrió diciéndome que había puente y no había personal; y hasta el martes 16 tuve conocimiento de la resolución dictada el 12 de noviembre en la que la jueza familiar decretó la modificación de la guarda y custodia provisional de mi menor hijo para entregársela a su progenitor, sin importarle el daño y sufrimiento que desde entonces implica para mi menor hijo estar separado de su madre, quien he sido su cuidadora principal desde que nació el 31 de agosto de 2016.
A pesar de promover un amparo en tiempo y forma, el juez primero de distrito en el estado de Oaxaca, Emmanuel Alba me ha negado la suspensión de ley para posteriormente sobreseer los juicios, aduciendo cambio de situación jurídica, pero dejando impunes las violaciones a los derechos humanos de mi hijo y míos; el martirio ha sido constante: intenté interponer los recursos de queja y revisión en su momento, pero de forma sistemática el segundo tribunal colegiado del décimo tercer circuito los deja sin materia.
La justicia: ni pronta, ni expedita ni alcanzable para las mujeres
Me han robado a mi hijo con ayuda de los jueces. Simplemente, el juzgador Emanuel Alba negó mis solicitudes de protección “porque si la juez familiar lo emitió tiene la presunción de legalidad por ser una jueza”. Mi hijo está sufriendo terriblemente no solo por parte de Fidel Gallegos, ahora por todo el aparato gubernamental estatal y federal que nos ha dañado; lo que se traduce en violencia institucional.
He denunciado en repetidas ocasiones las agresiones físicas que ha sufrido mi menor hijo L.F.G.A. por parte de su garante y progenitor Fidel Gallegos Figueroa, así como de su actual pareja; sin embargo, tanto las denuncias de mi hijo como las denuncias por violencia familiar que he promovido han sido desestimadas con tráfico de influencias; como ocurrió con la causa penal 137/2021, en la que el juez Raúl Flores sobreseyó la causa al juzgar un hecho diverso al denunciado, en complicidad con la agente del ministerio público Minerva de la Fiscalía de Género.
Para dar por concluidas las carpetas de investigación interpuestas en contra de Fidel Gallegos Figueroa, la vicefiscalía regional “por órdenes superiores”, atrajo el conocimiento de todas las carpetas interpuestas por VIOLENCIA FAMILIAR en las que fuera imputado el juez FIDEL GALLEGOS FIGUEROA, para acumularlas y el 8 y 11 de febrero de 2022, emitir cuatro resoluciones de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, negándome completamente el acceso a las carpetas y a copias, argumentando que no tengo la CUSTODIA DE MI HIJO. Aunque parezca ridículo, mi agresor cambió la custodia en un juzgado familiar para después, “perdonarse” a sí mismo ante una instancia penal en representación de mi hijo.
Este viernes 1 de abril de 2022, la juez cuarto familiar del distrito judicial del centro, pretende emitir su resolución de SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD, coartando mi derecho de defensa, falseando hechos y llevando a cabo un procedimiento plagado de irregularidades, desde la vía hasta la forma, impidiendo que pueda emitir pronunciamiento alguno al respecto.
Me han pedido no presentarme, me han amenazado con sancionarme y multarme, he recibido amenazas de muerte y simplemente, si pierdo a mi hijo, no me queda más que perder que la vida. Hoy pido al gobernador Alejandro Murat que ROMPA EL PACTO con este juzgador que a su vez, es agresor mío y de mi hijo. Mi pequeño corre peligro y el extremo de la violencia vicaria es el infanticidio. Pido lo mismo al candidato de Morena, Salomón Jara.
Pido al ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal su inmediata protección y revisión a las actuaciones de los juzgadores que se han involucrado en esta red de violaciones.
Pido a la consejera del CJF, Verónica de Gyvés, su apoyo en observar que, contrario al protocolo para actuar con perspectiva de género y poniendo el interés superior del menor como principio de las sentencias, los juzgadores que se han involucrado en mi asunto han actuado bajo la consigna personal de un juzgador que es su compañero, algo inadmisible dentro de cualquier sistema democrático.
Encarecidamente solicito su valiosa ayuda a fin de evitar el fatídico pero previsible resultado planeado por el agresor y exesposo mío, juez de distrito Fidel Gallegos Figueroa en contubernio con la juez familiar Joana Vasconcelos Sanches y los magistrados del segundo tribunal colegiado del décimo tercer circuito para separar definitivamente a un niño de cinco años de su madre.
Luvia
Las palabras de Luvia Altamirano, sobreviviente a violencia machista, son valientes pues 2021 fue el año más violento para Oaxaca. Su vida merece una protección inmediata y este tema, donde hay una parte llena de poder frente a otra que ha resistido violentos embates, tendría que ser esclarecido de inmediato. Sería una pena pensar en que el juez Fidel Gallegos Figueroa hubiese utilizado sus influencias y contactos en el poder judicial para consolidar esta atrocidad.
La violencia vicaria es considerada otra forma de violencia machista, en la que el agresor busca dañar a una mujer a través de sus hijos. Este jueves, fue aprobada la Ley Vicaria en Zacatecas, reconociendo que sistemáticamente ha sido utilizada por hombres con cierto poder, económico o político, para arrebatar a menores del seno materno.
Las madres que buscan a sus hijos impulsan también la “Ley Camila” con el objetivo de reconocer el vínculo materno-filial como un derecho fundamental de las infancias y crear la Alerta CAMI —Alerta Colectiva de Arrebato de Infantes a las Madres o Instituciones— para los casos en que familiares o padres sustraigan a menores sin consentimiento de las progenitoras.
Deben intervenir de inmediato el ministro Zaldívar, la consejera De Gyvés, el gobernador Murat y el candidato Jara.
Luvia Altamirano y su hijo merecen que se les trate con justicia.