Donald Trump parece convencido de que cambiarle el nombre a las cosas equivale a transformar la realidad. Primero decidió que el Golfo de México debía llamarse Golfo de América; después puso su atención en el lago Ontario y ahora insiste en que el estado de Nuevo México debería convertirse en Nueva América. La ocurrencia podría parecer otro episodio de extravagancia presidencial, de esos que provocan titulares, burlas y discusiones durante unas horas. Pero detrás de esa insistencia existe una cuestión más profunda: la pretensión de que una identidad nacional puede fortalecerse borrando referencias históricas que resultan incómodas para quien ejerce el poder. Trump puede proponer nuevos nombres, ordenar cambios en documentos federales y llenar las redes sociales de mapas modificados, pero no puede decretar que desaparezcan los siglos de historia que explican cómo se formaron Estados Unidos y sus territorios. Mucho menos puede convertir una decisión de mercadotecnia política en sustituto del conocimiento histórico, la autoridad constitucional o las necesidades reales de sus ciudadanos.
El lunes 19 de octubre, el presidente estadounidense reiteró públicamente su propuesta de cambiar el nombre de Nuevo México por Nueva América. No era la primera vez que lo planteaba. Desde septiembre había difundido mensajes e imágenes con esa denominación, pero ahora insistió en que la modificación debía realizarse inmediatamente. Su argumento resulta revelador: Estados Unidos no es México y, según él, sustituir el nombre otorgaría mayor prestigio al estado, elevaría el valor de las viviendas, mejoraría los ingresos de sus habitantes y fortalecería su orgullo patriótico. También aprovechó para lanzar acusaciones de fraude electoral, sin aportar pruebas que demostraran sus afirmaciones.
Es difícil encontrar una relación económica seria entre modificar el nombre de un estado y aumentar automáticamente el valor de las propiedades o los ingresos familiares. Las viviendas adquieren valor por circunstancias como su ubicación, la demanda, la infraestructura, la seguridad y las condiciones del mercado. Los salarios dependen de la productividad, la actividad económica, las inversiones y numerosas variables adicionales. Ninguna de esas realidades cambia porque una autoridad decida sustituir una palabra en los mapas. La afirmación presidencial parece responder más a la lógica de colocar una marca que a una propuesta sustentada en instrumentos reconocibles de política económica.
Pero la cuestión verdaderamente importante es histórica. Nuevo México recibió su nombre muchos siglos antes de convertirse en una entidad de Estados Unidos. Su denominación se remonta al periodo colonial español, cuando exploradores y autoridades utilizaron el término para identificar territorios situados al norte de las regiones centrales de la Nueva España. Durante el siglo XVI comenzó a consolidarse esa referencia y, en 1598, Juan de Oñate encabezó la colonización española de la provincia de Nuevo México. Es decir, el territorio ya era conocido por ese nombre mucho antes de que las trece colonias británicas proclamaran su independencia y de que existiera la república estadounidense.
Hay aquí una ironía histórica que Trump parece ignorar o considerar irrelevante. El nombre Nuevo México no surgió como una concesión de Estados Unidos a la nación mexicana independiente. De hecho, es anterior a la independencia de México, consumada en 1821. Su origen se encuentra en una historia colonial compleja, vinculada con las exploraciones españolas, las sociedades indígenas que habitaban aquellos territorios y las transformaciones políticas que posteriormente dieron forma a los países que conocemos actualmente.
La historia de Nuevo México tampoco comienza con la llegada de los españoles. Mucho antes existían comunidades indígenas con culturas, lenguas, instituciones y tradiciones propias. Los pueblos originarios de la región desarrollaron formas de organización social, actividades agrícolas, redes comerciales y expresiones culturales cuya antigüedad supera ampliamente la presencia europea. La colonización introdujo nuevas instituciones, conflictos y procesos de transformación que marcaron profundamente la región. Pretender reducir toda esa trayectoria a una discusión sobre si el nombre resulta suficientemente estadounidense supone desconocer la pluralidad de experiencias que contribuyeron a formar su identidad.
Posteriormente, Nuevo México formó parte del territorio mexicano independiente. La expansión de Estados Unidos durante el siglo XIX modificó radicalmente esa realidad. La guerra entre ambos países, desarrollada entre 1846 y 1848, culminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México cedió una extensión territorial enorme que incluía buena parte de lo que hoy constituye el suroeste estadounidense. La posterior adquisición de La Mesilla, acordada en 1853, terminó de modificar la frontera en esa región.
Esos acontecimientos forman parte de una historia dolorosa para México, pero también constituyen capítulos fundamentales de la formación territorial estadounidense. Reconocerlos no significa cuestionar la actual soberanía de Estados Unidos sobre Nuevo México ni reivindicar cambios fronterizos. Significa aceptar que las fronteras actuales son resultado de procesos históricos concretos y que comprenderlos permite explicar la diversidad cultural de los territorios que hoy integran la Unión Americana.
Nuevo México se convirtió formalmente en el estado número 47 de Estados Unidos el 6 de enero de 1912. Para entonces, su denominación tenía varios siglos de existencia y formaba parte de su identidad histórica. El estado desarrolló una cultura singular en la que confluyen tradiciones indígenas, hispánicas y estadounidenses. Su arquitectura, gastronomía, expresiones artísticas, lenguas y costumbres reflejan esa convivencia de herencias. El español conserva una presencia importante y numerosas localidades mantienen nombres anteriores a la incorporación del territorio a Estados Unidos.
Santa Fe, su capital, constituye un ejemplo particularmente significativo. Fundada como asentamiento colonial español a principios del siglo XVII, es una de las capitales estatales más antiguas del país. Su patrimonio arquitectónico y cultural atrae visitantes precisamente por la singularidad de una historia que no puede reducirse a la identidad anglosajona. Albuquerque, Las Cruces y numerosas comunidades conservan igualmente denominaciones que expresan las distintas etapas de su pasado. Cambiar el nombre del estado no haría desaparecer esas raíces ni modificaría la composición cultural de sus habitantes.
Estados Unidos es, en buena medida, producto de una historia de encuentros, conflictos y mezclas culturales. Su territorio contiene nombres de origen indígena, español, francés, neerlandés, británico y de otras procedencias. California, Colorado, Florida, Montana y Nevada son ejemplos de denominaciones vinculadas con la lengua española. Louisiana recuerda una historia francesa; las Dakotas, Kansas y Massachusetts conservan referencias relacionadas con pueblos indígenas. Esa diversidad no constituye una disminución de la identidad estadounidense, sino una expresión de las múltiples historias que contribuyeron a construirla.
Si la lógica de Trump consistiera verdaderamente en eliminar todas las referencias extranjeras de los nombres geográficos, tendría por delante una tarea interminable y profundamente contradictoria. Tendría que revisar estados, ciudades, ríos, montañas y localidades cuya denominación no nació en inglés o recuerda culturas distintas. Pero semejante empeño demostraría una confusión elemental: la pertenencia política de un territorio no exige borrar sus antecedentes históricos. Un estado puede ser plenamente estadounidense y conservar un nombre español, indígena o francés sin que exista contradicción alguna.
La propuesta también enfrenta obstáculos constitucionales que Trump no puede ignorar. El presidente de Estados Unidos carece de facultades para cambiar unilateralmente el nombre de una entidad federativa. A diferencia de determinadas denominaciones geográficas utilizadas por dependencias federales, el nombre de un estado forma parte de su organización política y jurídica. Modificarlo exigiría procedimientos institucionales en los que intervendrían las autoridades estatales y, según el mecanismo aplicable, el Congreso federal. No basta con una publicación presidencial en redes sociales ni con ordenar que determinadas oficinas utilicen otra denominación.
La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ha rechazado la propuesta y defendido la identidad histórica de su estado. También han surgido cuestionamientos entre representantes políticos locales, incluidos republicanos que consideran inviable impulsar semejante modificación. Esa reacción demuestra que el asunto no puede reducirse simplemente a una disputa entre México y Estados Unidos. Se trata, ante todo, de una discusión sobre el derecho de los propios habitantes de Nuevo México a preservar una identidad histórica y sobre los límites de la intervención presidencial en asuntos que corresponden a las instituciones del estado.
Existe, además, una diferencia importante entre ejercer legítimamente la autoridad política y pretender transformar la realidad mediante símbolos. Los gobiernos tienen responsabilidades concretas relacionadas con seguridad, servicios públicos, desarrollo económico e infraestructura. También pueden promover cambios de denominación cuando existen razones históricas, culturales o sociales suficientemente discutidas. Pero esas decisiones requieren procedimientos adecuados y una justificación que vaya más allá de las preferencias personales de un gobernante. La historia no debería tratarse como una campaña publicitaria cuya imagen puede modificarse cada vez que alguien considera conveniente colocar una marca diferente.
Trump ha demostrado durante su vida empresarial una inclinación por asociar su apellido con edificios, hoteles, desarrollos inmobiliarios y otros proyectos comerciales. Ese estilo resulta comprensible dentro de una estrategia de posicionamiento de marca. El problema aparece cuando la lógica empresarial se traslada mecánicamente al ejercicio del poder público. Una nación no es una compañía privada, sus instituciones no son sucursales y sus territorios no constituyen productos que puedan rebautizarse para mejorar su atractivo comercial.
La Presidencia estadounidense dispone de enormes atribuciones, pero ninguna de ellas convierte al mandatario en propietario de la historia nacional. La autoridad democrática es temporal y está sujeta a límites constitucionales. Los ciudadanos eligen gobernantes para ejercer funciones públicas, no para que sustituyan la memoria colectiva por sus preferencias personales. Esa diferencia resulta fundamental en cualquier democracia y adquiere especial relevancia cuando un presidente utiliza constantemente su presencia mediática para colocar determinadas propuestas en el centro de la conversación pública.
Las controversias sobre nombres geográficos tampoco deben exagerarse hasta convertirlas en amenazas inexistentes. La insistencia de Trump en llamar Nueva América a Nuevo México no significa que el estado haya cambiado oficialmente de nombre ni que exista un procedimiento legislativo avanzado para conseguirlo. Hasta ahora estamos frente a declaraciones presidenciales y una propuesta que encuentra resistencias jurídicas y políticas considerables. Precisamente por eso conviene examinarla sin alarmismo, pero también sin ignorar lo que revela sobre la utilización de símbolos nacionales dentro del discurso político.
Hay otro aspecto que merece atención. Las declaraciones sobre Nuevo México aparecen cuando Estados Unidos se aproxima a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en medio de discusiones sobre el costo de la vida, las condiciones económicas, la inmigración y los conflictos internacionales. No existen elementos suficientes para afirmar que la propuesta de cambio de nombre responda exclusivamente a una estrategia para distraer al electorado. Sin embargo, resulta evidente que las controversias simbólicas pueden ocupar un espacio considerable en la discusión pública, incluso cuando no ofrecen respuestas a los problemas materiales que enfrentan las familias.
Los habitantes de Nuevo México necesitan empleos, infraestructura, servicios médicos, oportunidades educativas y condiciones que permitan mejorar su calidad de vida. También enfrentan desafíos relacionados con el abastecimiento de agua, el desarrollo regional y las diferencias económicas entre comunidades. Ninguna de esas necesidades se resolverá automáticamente mediante una nueva denominación. La identidad cultural puede ser motivo legítimo de orgullo, pero no sustituye las políticas públicas que deben producir resultados concretos.
La discusión tiene, naturalmente, una dimensión mexicana. Nuestro país comparte con Nuevo México vínculos históricos, culturales, familiares y económicos que anteceden a las fronteras actuales. Numerosas comunidades mantienen tradiciones e identidades construidas a través de generaciones. Esas relaciones forman parte de una historia común que merece conocimiento y respeto. Pero México tampoco necesita convertir la propuesta presidencial en una confrontación diplomática desproporcionada. Nuestra relación con Estados Unidos enfrenta asuntos suficientemente complejos como para concentrar los esfuerzos gubernamentales en controversias que, por ahora, no tienen consecuencias jurídicas inmediatas.
El gobierno mexicano debe preservar una relación profesional con Washington, defender los intereses nacionales y mantener una posición clara frente a las decisiones que puedan afectarnos. Eso no impide recordar que la historia de América del Norte es mucho más antigua y compleja que las fronteras actuales. Tampoco exige aceptar interpretaciones que pretendan presentar las referencias culturales mexicanas como incompatibles con la identidad estadounidense. La convivencia entre países vecinos se fortalece cuando reconocen sus diferencias y comprenden sus vínculos históricos, no cuando intentan eliminar simbólicamente aquello que los relaciona.
Además, existe una contradicción en el propio argumento presidencial. Trump sostiene que el nombre Nueva América haría que los habitantes sintieran mayor orgullo por su país. Pero el patriotismo no depende necesariamente de la uniformidad cultural ni de la eliminación de referencias históricas extranjeras. Los ciudadanos pueden sentirse profundamente identificados con su nación y, simultáneamente, reconocer las tradiciones de sus antepasados. La pertenencia nacional no requiere negar la diversidad que caracteriza a una sociedad.
En realidad, la fortaleza de Estados Unidos ha estado relacionada históricamente con su capacidad para integrar poblaciones de procedencias diversas, aunque ese proceso también haya estado marcado por conflictos, discriminación y desigualdades. Su cultura contemporánea refleja contribuciones indígenas, europeas, africanas, latinoamericanas y asiáticas. Pretender reducir semejante complejidad a denominaciones consideradas patrióticamente aceptables significaría empobrecer la comprensión de su propia historia.
La polémica sobre Nuevo México recuerda también que los nombres poseen un valor que trasciende su utilización administrativa. Identifican lugares, preservan memorias, reflejan acontecimientos y forman parte de la relación emocional que las comunidades mantienen con sus territorios. Por eso pueden convertirse legítimamente en materia de discusión pública cuando existen antecedentes históricos controvertidos o demandas sociales suficientemente fundamentadas. Pero una modificación responsable exige escuchar a quienes habitan esos lugares y comprender las razones que dieron origen a sus denominaciones.
En este caso, el nombre Nuevo México no es simplemente una referencia a nuestro país. Es parte de una trayectoria que incluye sociedades indígenas anteriores a la colonización, una etapa novohispana, su pertenencia al México independiente y su incorporación posterior a Estados Unidos. Cada una de esas etapas dejó huellas que permanecen en la cultura y en la identidad regional. Ninguna desaparece porque el presidente estadounidense considere más atractivo un nombre diferente.
La insistencia de Trump revela, finalmente, una tensión entre el ejercicio del poder y el reconocimiento de sus límites. Un mandatario puede tener una enorme capacidad para influir en la conversación pública, proponer cambios y movilizar simpatizantes. Pero esa influencia no sustituye las facultades de las instituciones ni convierte sus preferencias en decisiones obligatorias. Los sistemas constitucionales existen precisamente para establecer procedimientos que impidan que la voluntad individual se confunda con la autoridad ilimitada del Estado.
Estados Unidos necesita preservar esos contrapesos incluso en asuntos que, aparentemente, podrían parecer menores. Una controversia sobre nombres geográficos no tiene la misma gravedad que una decisión militar o una restricción de derechos, pero puede servir para observar cómo se relacionan las instituciones con las iniciativas presidenciales. La respuesta democrática no consiste en impedir que un presidente proponga cambios, sino en garantizar que éstos se examinen conforme a la ley, respetando las atribuciones correspondientes y la voluntad de las comunidades involucradas.
Trump puede seguir proponiendo nombres que considere más patrióticos, más atractivos o comercialmente convenientes. Puede insistir en que el Golfo de México sea denominado de otra manera por las dependencias estadounidenses y promover que Nuevo México adopte una identidad distinta. Pero debería comprender que las naciones no construyen su grandeza negando las historias que las formaron. La fortaleza de un país se demuestra en la calidad de sus instituciones, las oportunidades que ofrece a sus habitantes, el respeto a sus libertades y su capacidad para reconocer la diversidad de su propia sociedad.
Y ésa es la sentencia: Trump podrá intentar cambiar los mapas, modificar denominaciones y presentar cada nueva ocurrencia como una demostración de patriotismo. Lo que no podrá hacer es borrar los siglos de historia que explican por qué Nuevo México se llama Nuevo México. La geografía puede representarse con nuevas palabras, pero la memoria de los pueblos no desaparece por decreto. Estados Unidos seguirá siendo Estados Unidos aunque uno de sus estados conserve orgullosamente un nombre español. Porque la identidad de una nación verdaderamente fuerte no necesita destruir las huellas de su pasado para demostrar quién es. Y quien pretende corregir la historia cambiándole los nombres a los lugares corre el riesgo de demostrar que comprende mejor el poder de una marca que la profundidad de una civilización.
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