México se prepara para una transformación que podría cambiar profundamente la manera en que sus habitantes compran, venden, cobran y administran su dinero.
El gobierno de Claudia Sheinbaum pretende acelerar los pagos electrónicos, facilitar las transferencias bancarias y reducir progresivamente la utilización de billetes y monedas. La modernización tiene ventajas evidentes, pero plantea una pregunta que no debería quedar sepultada bajo el entusiasmo tecnológico: ¿queremos digitalizar la economía para facilitar la vida de los mexicanos o terminar obligando a millones de personas a incorporarse a un sistema financiero que todavía no está preparado para recibirlas? Porque una cosa es permitir que alguien pague con su teléfono y otra muy distinta es convertirlo en requisito para realizar operaciones cotidianas. El dinero digital puede abrir oportunidades, pero también generar nuevas dependencias, formas de exclusión y riesgos para la privacidad. Y el verdadero progreso no consiste en que desaparezcan los billetes, sino en que todos los ciudadanos tengan más posibilidades de utilizar libremente su dinero.
La iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, promovida por el Ejecutivo federal como parte de su estrategia de modernización, busca aprovechar la infraestructura que México ya posee para facilitar las transacciones electrónicas. El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, conocido como SPEI, permite realizar transferencias entre instituciones financieras, mientras que CoDi utiliza esa infraestructura para efectuar pagos mediante códigos QR y otros mecanismos tecnológicos. La propuesta pretende ampliar su utilización, facilitar la apertura de cuentas y establecer condiciones para que negocios y dependencias públicas acepten medios electrónicos. No estamos, por ahora, ante una prohibición general del efectivo, aunque el gobierno también ha planteado reducir gradualmente su utilización en determinadas actividades.
La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y continúa su trámite legislativo en el Senado. Sus disposiciones buscan promover la aceptación de medios de pago digitales, facilitar su implementación en establecimientos comerciales y servicios gubernamentales y permitir mecanismos alternativos cuando existan contingencias tecnológicas. La diferencia es importante porque una legislación destinada a ampliar opciones no debe confundirse con una decisión de eliminar billetes y monedas. Sin embargo, la orientación de la política pública merece una discusión más amplia: si el objetivo de largo plazo consiste en reducir considerablemente la circulación del efectivo, será indispensable establecer garantías para que esa transición no termine restringiendo derechos ni perjudicando a quienes enfrentan mayores dificultades económicas o tecnológicas.
La presidenta Sheinbaum ha defendido la digitalización como un instrumento para mejorar la seguridad, aumentar la eficiencia económica y facilitar la formalización de actividades comerciales. Su gobierno considera que las transferencias electrónicas pueden reducir riesgos asociados con el manejo de grandes cantidades de efectivo, simplificar operaciones y permitir que pequeños establecimientos construyan antecedentes financieros útiles para acceder a otros servicios. Son argumentos que merecen atención. Una economía donde las personas pueden realizar pagos inmediatos, seguros y de bajo costo ofrece ventajas importantes frente a otra donde cada transacción exige disponer físicamente de dinero, trasladarlo y conservarlo.
Pero la realidad mexicana es considerablemente más compleja que la experiencia cotidiana de quienes utilizan aplicaciones bancarias para pagar restaurantes, realizar compras o transferir dinero desde sus teléfonos. Millones de personas reciben sus ingresos en efectivo, trabajan por cuenta propia, participan en actividades informales o habitan comunidades donde los servicios bancarios son limitados. Para ellas, utilizar billetes y monedas no constituye necesariamente una resistencia a la modernización. Es la forma más accesible, inmediata y conocida de participar en la economía. Una reforma diseñada desde las posibilidades de los sectores bancarizados puede terminar ignorando las condiciones de quienes todavía no disfrutan de esas ventajas.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2024 mostró que el efectivo continúa siendo el medio de pago más frecuente para numerosas operaciones cotidianas, aunque las tarjetas y las transferencias electrónicas han ganado terreno. La información también permite identificar diferencias relacionadas con ingreso, edad, escolaridad y lugar de residencia. La inclusión financiera ha registrado avances, pero tener acceso formal a una cuenta no equivale necesariamente a utilizarla regularmente ni garantiza que existan condiciones adecuadas para operar digitalmente. Una persona puede poseer una tarjeta y continuar retirando su salario completo porque los establecimientos cercanos a su domicilio solamente aceptan efectivo.
Ese comportamiento no debería interpretarse automáticamente como atraso cultural. En muchos casos responde a circunstancias perfectamente racionales. Quien compra alimentos en un pequeño mercado, paga servicios personales o adquiere mercancías en establecimientos familiares suele encontrar que el efectivo continúa siendo el instrumento más sencillo. No necesita conexión a internet, electricidad disponible en ese momento, una aplicación bancaria funcionando correctamente ni la intervención de una institución financiera para autorizar la operación. El comprador entrega el dinero, el vendedor recibe el pago y ambos concluyen la transacción. Esa simplicidad conserva un valor económico que no debe despreciarse.
La transformación digital puede mejorar considerablemente esas operaciones, pero solamente si ofrece ventajas concretas. Un pequeño comerciante estará más dispuesto a recibir transferencias cuando compruebe que el dinero llega inmediatamente, que no enfrenta comisiones desproporcionadas, que los sistemas funcionan correctamente y que dispone de mecanismos accesibles para resolver errores. Una persona que recibe su salario en efectivo tendrá mayores incentivos para utilizar una cuenta si puede retirar dinero sin dificultades, efectuar pagos seguros y consultar sus movimientos sin cargos inesperados. La confianza no se decreta: se construye mediante servicios que funcionan y responden a las necesidades reales de sus usuarios.
Uno de los aspectos favorables del modelo que impulsa el gobierno es el aprovechamiento de infraestructura ya existente. México no necesita construir desde cero un sistema nacional de transferencias. SPEI constituye una herramienta consolidada y CoDi permite realizar pagos sin las comisiones comerciales habituales de determinados mecanismos con tarjeta. La reducción de costos puede resultar particularmente importante para pequeñas empresas y establecimientos familiares que operan con márgenes limitados. Pero disponer de tecnología no garantiza su adopción masiva. La experiencia debe ser sencilla, uniforme entre instituciones y suficientemente confiable para competir con la facilidad del dinero físico.
El gobierno ha señalado que las instituciones financieras trabajan para simplificar la utilización de códigos QR y facilitar la apertura remota de cuentas. Ese esfuerzo puede ayudar a superar algunas barreras, pero no todas. Todavía existen diferencias importantes en la calidad de la conectividad, la disponibilidad de dispositivos, las habilidades digitales y la confianza en los servicios financieros. Una persona mayor que nunca ha utilizado una aplicación bancaria no debería sentirse obligada a aprender procedimientos complejos para pagar una consulta médica o realizar una compra. Tampoco un trabajador que carece de teléfono inteligente puede quedar en desventaja frente a quienes disponen de equipos recientes y conexiones permanentes.
La brecha digital tiene consecuencias sociales que van más allá de la comodidad. En numerosas comunidades rurales, la conectividad presenta limitaciones y determinados servicios funcionan de manera intermitente. También existen zonas urbanas donde las familias comparten dispositivos, utilizan planes de datos restringidos o enfrentan dificultades para mantener sus equipos actualizados. Si una política pública convierte los pagos electrónicos en la opción predominante sin garantizar alternativas accesibles, puede terminar excluyendo precisamente a quienes deberían beneficiarse de una mayor inclusión económica.
Por eso debe establecerse una diferencia fundamental entre fomentar los pagos digitales y volverlos obligatorios para todas las operaciones. El Estado puede promover nuevas tecnologías, facilitar su adopción y ofrecer incentivos para utilizarlas. Pero cualquier restricción significativa al efectivo debe contar con fundamento legal suficiente, objetivos claramente definidos y mecanismos que eviten afectaciones desproporcionadas. La modernización no debería construirse mediante obstáculos crecientes para quienes prefieren o necesitan continuar utilizando billetes y monedas.
El dinero en efectivo posee además una característica que frecuentemente pasa inadvertida: permite realizar operaciones legales sin depender permanentemente de intermediarios tecnológicos. Cuando una persona paga en efectivo, no necesita autorización instantánea de un banco, funcionamiento de servidores informáticos ni disponibilidad de una red de comunicaciones. Esa autonomía puede resultar particularmente valiosa durante interrupciones eléctricas, fallas de sistemas o emergencias. Los pagos electrónicos ofrecen rapidez y comodidad, pero también dependen de una infraestructura cuya operación puede verse afectada por circunstancias ajenas a los usuarios.
No se trata de presentar al efectivo como un instrumento superior en todos los casos. También implica riesgos de robo, extravío, falsificación y dificultades para realizar operaciones a distancia. Manejar grandes cantidades de billetes puede generar costos considerables para empresas y establecimientos. Las transferencias digitales permiten evitar algunos de esos problemas y facilitan numerosas actividades. El desafío consiste en reconocer que ambos mecanismos poseen ventajas y limitaciones, y que una economía moderna puede beneficiarse de su coexistencia.
Hay otra dimensión que merece especial atención: la privacidad financiera. Cada pago electrónico puede generar registros relacionados con la identidad de quienes participan, el monto de la operación, su fecha y otros datos asociados. Esa información resulta útil para prevenir fraudes, comprobar transacciones y cumplir obligaciones legales, pero también requiere protección. Cuando las operaciones cotidianas quedan registradas en sistemas administrados por instituciones financieras y proveedores tecnológicos, aumenta la importancia de establecer límites claros sobre el tratamiento, conservación y utilización de esos datos.
La privacidad no constituye un privilegio reservado a quienes realizan actividades indebidas. Los ciudadanos tienen derecho a que su información personal sea utilizada exclusivamente para fines legítimos y bajo condiciones previstas por la ley. Comprar medicamentos, realizar una donación, adquirir determinados productos o pagar servicios profesionales puede revelar aspectos sensibles de la vida privada. Una política de digitalización monetaria debe garantizar que esos registros no se conviertan en instrumentos de vigilancia injustificada, explotación comercial abusiva o acceso indebido por parte de terceros.
Eso no significa negar las facultades legales de las autoridades fiscales y financieras para investigar operaciones irregulares. México necesita combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal y otras conductas ilícitas que afectan la economía y las finanzas públicas. Las operaciones electrónicas pueden facilitar determinados mecanismos de supervisión y trazabilidad, siempre dentro de los límites legales. Pero la existencia de herramientas tecnológicas no autoriza a tratar indiscriminadamente a todos los usuarios como sospechosos. La fiscalización debe sustentarse en facultades precisas, procedimientos adecuados y respeto a los derechos de las personas.
Conviene también evitar una asociación simplista entre efectivo e ilegalidad. Numerosas operaciones ilícitas pueden utilizar billetes y monedas, pero eso no convierte en irregular a quien paga de esa manera. Del mismo modo, las transacciones electrónicas no están automáticamente libres de fraude, lavado de dinero o utilización indebida. Los delincuentes también recurren a transferencias, identidades falsas, cuentas utilizadas irregularmente y mecanismos financieros sofisticados. La prevención exige controles inteligentes y cooperación institucional, no la presunción de que eliminar progresivamente el efectivo hará desaparecer las actividades ilegales.
La seguridad digital representa otro desafío fundamental. Conforme aumenta el número de usuarios de aplicaciones financieras, también crecen las oportunidades para intentos de fraude, suplantación de identidad, engaños telefónicos, enlaces fraudulentos y otras conductas delictivas. Algunas personas pierden sus ahorros después de proporcionar información confidencial a quienes se hacen pasar por empleados bancarios. Otras realizan transferencias engañadas por mensajes falsos o páginas que imitan servicios legítimos. La educación financiera debe acompañar cualquier estrategia de digitalización, pero las instituciones también necesitan fortalecer sus sistemas de protección y los mecanismos para atender reclamaciones.
En este punto, la responsabilidad de los bancos no puede limitarse a ofrecer aplicaciones cada vez más sofisticadas. También deben garantizar procedimientos comprensibles, mecanismos de autenticación seguros y atención efectiva cuando ocurren problemas. Un usuario no puede quedar abandonado frente a una transferencia no reconocida o una cuenta bloqueada mediante decisiones automatizadas difíciles de cuestionar. La expansión de los servicios financieros digitales debe acompañarse de derechos claros y obligaciones de respuesta para quienes administran el dinero de sus clientes.
La discusión adquiere mayor importancia cuando se considera la posibilidad de utilizar mecanismos de identificación digital para abrir cuentas o contratar servicios financieros. La utilización de documentos electrónicos puede facilitar procedimientos y reducir trámites, pero debe acompañarse de medidas estrictas para proteger la identidad de los usuarios. Los sistemas de verificación no deberían exigir más información de la necesaria ni convertirse en mecanismos de recopilación indiscriminada de datos personales. La seguridad y la comodidad deben avanzar junto con la protección de derechos, no en competencia con ella.
Otro aspecto que merece atención es la concentración del sistema de pagos. Si la economía depende cada vez más de aplicaciones, plataformas y servicios administrados por un número reducido de instituciones, también puede aumentar la vulnerabilidad frente a fallas operativas o decisiones comerciales de esos intermediarios. El Banco de México desempeña un papel esencial en la infraestructura de pagos y en su supervisión. Esa función debe fortalecerse para garantizar continuidad, interoperabilidad, seguridad y condiciones de competencia que impidan que los usuarios queden sujetos a restricciones arbitrarias.
La interoperabilidad resulta especialmente importante. Un sistema de pagos eficiente permite que personas y establecimientos realicen operaciones entre distintas instituciones sin enfrentar obstáculos innecesarios. Los usuarios no deberían sentirse obligados a contratar servicios de determinado banco solamente porque un comercio utiliza una plataforma específica. Tampoco tendría sentido promover la digitalización si posteriormente las empresas tecnológicas establecen barreras que limitan la libertad de elegir entre distintos proveedores. La infraestructura debe favorecer la competencia y facilitar las transacciones, no encerrar a los ciudadanos dentro de sistemas incompatibles.
Las pequeñas y medianas empresas requieren condiciones particulares. Para una gran cadena comercial puede resultar relativamente sencillo incorporar nuevos mecanismos de cobro, capacitar personal y adaptar sistemas contables. Para un negocio familiar, en cambio, esas modificaciones pueden representar costos y dificultades adicionales. La política pública debería contemplar acompañamiento técnico, capacitación y soluciones accesibles que permitan adoptar medios electrónicos sin generar cargas desproporcionadas. La inclusión financiera no debe convertirse en una obligación burocrática más para quienes ya enfrentan múltiples dificultades para sostener sus actividades.
La formalización económica tampoco depende exclusivamente del método de pago. Un comerciante puede recibir transferencias electrónicas y continuar enfrentando dificultades para incorporarse plenamente al régimen fiscal o acceder a la seguridad social. La informalidad responde a factores complejos, entre ellos costos regulatorios, bajos ingresos, escasa productividad, dificultades administrativas y falta de incentivos suficientes. Digitalizar los cobros puede contribuir a generar información financiera y facilitar el acceso al crédito, pero no sustituye una política integral que haga más sencillo y conveniente operar dentro de la formalidad.
Aquí existe una oportunidad importante para las instituciones financieras. Muchos pequeños comerciantes carecen de acceso al crédito porque no pueden demostrar fácilmente la regularidad de sus ingresos. Los registros de pagos electrónicos, utilizados con consentimiento y garantías adecuadas, podrían ayudar a construir antecedentes que faciliten financiamiento en mejores condiciones. Ese beneficio puede impulsar inversiones, modernización y crecimiento. Pero sería indispensable evitar que la información termine utilizándose para ofrecer productos financieros abusivos o promover endeudamientos que los usuarios no puedan sostener.
La digitalización debe examinarse también desde la perspectiva de los trabajadores. Quienes reciben salarios mediante cuentas bancarias pueden aprovechar transferencias inmediatas, pagos automáticos y mecanismos de ahorro. Pero también existen personas dedicadas a labores eventuales, servicios domésticos, actividades agrícolas, oficios tradicionales y pequeños negocios que cobran diariamente en efectivo. Para ellas, la transición requiere soluciones flexibles. La política pública no puede diseñarse exclusivamente a partir de las necesidades de empleados formales que reciben depósitos quincenales y utilizan regularmente servicios bancarios.
Las personas mayores merecen particular consideración. Muchas han construido durante décadas hábitos de administración basados en dinero físico y conocen perfectamente cuánto poseen y cuánto gastan mediante billetes y monedas. No necesariamente se trata de rechazo a nuevas herramientas. En ocasiones existen dificultades visuales, motrices, educativas o de familiaridad tecnológica que complican el uso de aplicaciones. Una sociedad verdaderamente incluyente debe ofrecer acompañamiento y alternativas sin convertir esas circunstancias en motivos de exclusión. El progreso tecnológico pierde parte de su sentido cuando deja de ser accesible para quienes más apoyo necesitan.
La misma consideración corresponde a personas con discapacidad. Los sistemas financieros digitales deben incorporar herramientas de accesibilidad, mecanismos de asistencia y procedimientos adaptados a necesidades diversas. La facilidad con la que una persona utiliza una aplicación no puede asumirse como experiencia universal. Los servicios públicos y privados deben garantizar que las innovaciones amplíen la autonomía de los usuarios, en lugar de crear nuevas barreras para realizar operaciones elementales.
En el ámbito gubernamental, la aceptación de pagos electrónicos puede representar avances importantes. Los ciudadanos podrían cubrir derechos, impuestos y servicios mediante procedimientos más rápidos, con comprobantes inmediatos y menor necesidad de trasladarse a oficinas. También se reducirían algunos costos administrativos y oportunidades de irregularidades asociadas con el manejo de efectivo. Pero la transformación debe acompañarse de plataformas confiables, atención accesible y mecanismos para resolver fallas. Nadie debería perder un plazo legal o enfrentar una sanción simplemente porque un sistema electrónico dejó de funcionar.
La iniciativa contempla alternativas ante contingencias que impidan recibir pagos digitales, un reconocimiento importante de que la infraestructura tecnológica no es infalible. Pero esa previsión debe traducirse en reglas operativas claras. Las autoridades y establecimientos necesitan saber cómo actuar durante interrupciones, qué comprobantes deben emitir y cómo proteger a quienes intentaron cumplir oportunamente sus obligaciones. Un sistema moderno no es aquel que presume no fallar nunca, sino el que sabe responder cuando inevitablemente se presenta alguna dificultad.
El debate internacional también ofrece experiencias útiles. Diversos países han avanzado considerablemente en pagos electrónicos, mientras otros mantienen una presencia importante del efectivo. En algunos casos, la digitalización ha mejorado la eficiencia y facilitado la inclusión; en otros, ha generado preocupaciones sobre privacidad, exclusión y dependencia tecnológica. México debe aprender de esas experiencias sin copiar modelos que responden a condiciones económicas y sociales distintas. La infraestructura disponible, las características de la población y la capacidad institucional deben orientar las decisiones nacionales.
La transición tampoco debería medirse exclusivamente por el número de operaciones electrónicas o por la disminución de billetes en circulación. Esos indicadores pueden mostrar cambios de comportamiento, pero no necesariamente avances sociales. La evaluación debe considerar cuántas personas utilizan por primera vez servicios financieros, cuánto disminuyen los costos de las transacciones, cuántos pequeños comercios acceden a mejores herramientas y qué tan eficazmente se protegen los derechos de los usuarios. También debe medirse si se reducen las diferencias entre regiones y grupos de población, porque una modernización concentrada en los sectores que ya estaban incluidos podría profundizar desigualdades existentes.
La presidenta Sheinbaum tiene ante sí la oportunidad de impulsar una transformación que puede beneficiar a millones de mexicanos. Aprovechar SPEI, facilitar CoDi y promover servicios financieros accesibles son objetivos que pueden contribuir a modernizar la economía. Pero el éxito dependerá de que la política mantenga como prioridad a las personas y no solamente a los sistemas tecnológicos. El gobierno debe garantizar que la ampliación de medios electrónicos no termine convirtiéndose en una restricción injustificada al uso del efectivo ni en una obligación que determinados sectores no puedan cumplir.
En este proceso, el Congreso tiene una responsabilidad importante. La legislación debe establecer con claridad las obligaciones de las instituciones, los derechos de los usuarios y los límites de las autoridades. También debe prever mecanismos de evaluación, protección de datos, seguridad tecnológica y atención de controversias. Una reforma diseñada para modernizar la economía necesita certeza jurídica y mecanismos de control que impidan desviaciones posteriores. Las buenas intenciones de una administración no sustituyen garantías que deben permanecer vigentes más allá de los cambios de gobierno.
Hay además una cuestión de libertad económica que merece destacarse. Los ciudadanos deben tener posibilidades reales de decidir cómo administran su dinero, dentro del marco legal. Esa libertad comprende elegir instituciones financieras, utilizar herramientas electrónicas y disponer de alternativas razonables para sus operaciones cotidianas. El efectivo conserva reconocimiento jurídico y cumple funciones sociales que no desaparecen por el desarrollo tecnológico. La ampliación de opciones constituye progreso; su reducción injustificada puede convertirse en una forma de dependencia.
No se trata de defender indefinidamente prácticas ineficientes ni de rechazar avances que pueden simplificar la vida diaria. Sería absurdo desconocer las ventajas de realizar una transferencia en segundos, pagar sin llevar grandes cantidades de dinero o recibir ingresos mediante sistemas seguros. La cuestión consiste en determinar si esas ventajas estarán disponibles para todos y si su utilización responderá a decisiones libres e informadas. Una tecnología puede ser extraordinaria para quienes cuentan con los recursos necesarios y, simultáneamente, convertirse en una dificultad para quienes carecen de ellos.
México necesita una economía más moderna, transparente y eficiente, pero también una sociedad donde nadie quede excluido por su edad, ingreso, lugar de residencia o conocimiento tecnológico. La digitalización puede ayudar a alcanzar ese propósito si se acompaña de conectividad, educación financiera, servicios accesibles y protección efectiva de derechos. Sin esas condiciones, existe el riesgo de que la distancia entre quienes participan plenamente en la economía formal y quienes permanecen al margen se amplíe todavía más.
La verdadera discusión no consiste en escoger entre billetes y aplicaciones bancarias. Consiste en establecer qué modelo de modernización financiera queremos construir. Uno donde las personas tengan más posibilidades para pagar, cobrar, ahorrar y acceder al crédito, o uno donde deban adaptarse obligatoriamente a sistemas cuya complejidad y condiciones no siempre comprenden ni controlan. La tecnología debe estar al servicio de los ciudadanos, no convertirlos en dependientes de procedimientos que pueden excluirlos de actividades esenciales.
Y esa es la sentencia: México puede avanzar hacia una economía con menos efectivo, pero no debería hacerlo mediante una sociedad con menos opciones. La modernización será auténtica cuando un pequeño comerciante pueda cobrar digitalmente sin costos abusivos, una persona mayor encuentre mecanismos accesibles para administrar su dinero y una familia de cualquier comunidad tenga la libertad de utilizar los medios de pago que mejor respondan a sus necesidades. Porque el progreso no se mide por la velocidad con que desaparecen los billetes, sino por la cantidad de mexicanos que adquieren nuevas oportunidades sin perder las libertades que ya poseen. El dinero puede transformarse en registros electrónicos, códigos y transferencias instantáneas; lo que jamás debería perderse en esa transformación es el derecho de cada ciudadano a disponer de él con seguridad, autonomía y libertad.
opinionsalcosga23@gmail.com
@salvadorcosio1