El INDEP lo volvió a hacer. Pero esta vez fue más allá del absurdo burocrático: dejó sin servicio médico a miles de pensionados de Banrural y de la extinta Luz y Fuerza del Centro. A partir de la media noche del domingo 20 de julio, casi 15 mil personas de la tercera edad quedaron en el limbo médico. Sin doctor, sin receta, sin hospital. Y todo por una mezcla peligrosa de negligencia, opacidad y sospechas de corrupción.
El responsable institucional es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, pero la cara de esta tragedia es Mónica Fernández Balboa, quien asumió la titularidad del INDEP en enero de este año. Desde entonces, lo que había sido una relación institucional respetuosa bajo la gestión de Ernesto Prieto, se volvió un caos administrativo.
La licitación del servicio médico —por más de 3 mil millones de pesos— debió resolverse desde diciembre de 2024. Han pasado más de seis meses. La primera licitación pública nacional se lanzó tarde y a marchas forzadas. El 13 de junio quedó desierta. Nadie cumplió con los requisitos. En lugar de corregir el proceso, optaron por la vía más opaca: una invitación restringida, es decir, elegir a dedo quiénes podían competir. El fallo debió emitirse el pasado 18 de julio. No ocurrió. Luego dijeron que sería el 21 a las 11 a.m., y después, a las 6 p.m.
Mientras se reparten el pastel, los pacientes se quedan sin atención. Una ventana de al menos 18 horas sin cobertura médica para adultos mayores con enfermedades crónicas, tratamientos delicados y necesidades constantes de seguimiento. ¿Y si alguien necesitó atención urgente? ¿Y si alguien tuvo una recaída? ¿Quién responde?
El escándalo no es solo la omisión: es el tufo a intereses particulares. En la lista de empresas que participan en este proceso aparecen nombres que, para muchos en el sector, representan lo peor del negocio de la salud pública: Atlantis Operadora de Servicios de Salud, Community Doctors (ahora con el nombre Servicios Vitales Tecnológicos AR S.A. de C.V.), Challenge Consulting SC y Distribuidora Médica Daport.
Estas empresas han sido señaladas por integrar lo que ya se conoce como el “cártel de la salud”: consorcios que operan con prestanombres, que acaparan licitaciones públicas para después subarrendar el servicio, y que lucran con la precariedad médica de miles de personas. Es decir, no curan: facturan.
La pregunta ya no es por qué fallaron los tiempos. La pregunta es si todo este retraso no ha sido más que una estrategia para entregar el contrato a una de estas empresas, ajustando las reglas del juego a modo. Porque lo cierto es que el INDEP no improvisó: decidió. Y decidió mal.
El Estado tiene una obligación básica: no dejar a nadie atrás, y mucho menos a sus adultos mayores. Pero lo que estamos viendo es un ejemplo doloroso de cómo se puede institucionalizar el abandono. No por falta de recursos, sino por exceso de ambición.
No es un error administrativo. Es un reflejo de prioridades.
Y en esas prioridades, las personas —una vez más— no están.