La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos cada día es más cuestionada por las y los migrantes, quienes son víctimas de las múltiples redadas. Nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos están en peligro.
Las y los migrantes necesitan apoyo humanitario, los gobiernos de sus naciones de origen están obligados a brindarlo. Existen ineficientes políticas públicas para prevenir la migración forzada, elaboradas por gente inexperta, responsable de la tragedia que acecha diariamente a las y los migrantes. ¡Qué vergüenza!
Ser migrante es un derecho humano establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Más de 76 años de retrocesos se están viviendo en Estados Unidos ante la política migratoria del país más poderoso del mundo, las autoridades dan un trato indigno a los migrantes latinoamericanos.
Los malos tratos siempre serán cuestionados y repudiados por las y los defensores nacionales e internacionales de derechos humanos. Nada ni nadie puede violar nuestros derechos.
“En la actualidad, el número de personas que vive en un país distinto de su país natal es mayor que nunca. Según la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA), en 2024, se estimó que el número de migrantes internacionales en todo el mundo era de casi 304 millones, cifra que casi se ha duplicado desde 1990”. (Naciones Unidas).
La mayoría de los gobiernos a nivel mundial violan los derechos de las personas, ha quedado de manifiesto a través de documentos que constatan los malos tratos de las y los funcionarios, que no deberían de ocupar cargos dentro de la administración pública, porque no cuentan con los conocimientos suficientes ni la educación para esos puestos laborales, no sólo en México, también en otras naciones violadoras de derechos humanos.
Recientemente el presidente de Estados Unidos dejó en claro a las y los migrantes: “Si amenazas a Estados Unidos, nuestros soldados irán por ti”.



La necesidad los obliga. Lamentablemente el recurso económico que reciben las y los migrantes en Estados Unidos por trabajar, jamás se podrá comparar con los sueldos vergonzosos que muchas personas ganan en sus lugares de origen. Urgen políticas públicas transversales para evitar la migración en busca de una mejor calidad de vida.
Las remesas enviadas por las y los migrantes a sus familias son una fuente importante de ingresos que puede ayudar a reducir la pobreza y fomentar el desarrollo local en sus países de origen.
Sin embargo, las y los migrantes viven desafíos, explotación laboral, especialmente aquellos en situaciones irregulares, pueden ser vulnerables a trabajos precarios, lo que afecta su bienestar y su capacidad para contribuir al desarrollo.
El cambio climático y los conflictos geopolíticos están provocando un aumento en el número de desplazados, lo que crea desafíos adicionales en términos de sostenibilidad y recursos.
La migración es un derecho humano, pero se necesitan atender las necesidades más urgentes de las familias de forma transversal. Las familias tienen que vivir dignamente, están hartas de sobrevivir diariamente ante la ineptitud de muchas autoridades.