La denuncia sobre presuntas irresponsabilidades, cometidas por los gobiernos precedentes, es contrastante con la evasión hacia las que han podido cometerse a través de los actos del gobierno actual y en los que pudieron incurrir sus funcionarios en el pasado.

De forma presurosa y a la manera de una autoridad judicial, el gobierno exculpa de toda responsabilidad a la actual secretaria de Educación Pública Delfina Gómez, cuando siendo presidenta municipal de Texcoco intervino para que funcionarios del ayuntamiento tuvieran descuentos indebidos, a fin de canalizar recursos para fines de gestión política, con aparente sentido filantrópico.

El INE impuso una multa a Morena por dicho acto, pero el gobierno señaló que la secretaria es una funcionaria proba y honorable y que la determinación del órgano electoral tiene la intención de afectarla en sus aspiraciones políticas como candidata al gobierno del Estado de México; es decir, determinó su inocencia y la designó candidata.

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La voluntad del gobierno es expresa a favor de la funcionaria y no admite polémica alguna; su fallo está dado y pretende ser insuperable. Otro caso es el derrumbo de la Línea 12 del metro donde se señala que técnicamente el hecho que derivó en la muerte de 16 usuarios del sistema de transporte se debió a la mala colocación, o falta de ellos, de tornillos en la estructura metálica de en la parte elevada, sin que se establezca presuntas responsabilidades en la supervisión y mantenimiento de la línea y de la atención que debió darse hacia los reportes de vecinos que referían situaciones irregulares por las vibraciones que se escuchaban y el movimiento que se veía en la estructura y columnas.

Con el anuncio de la inversión, inversión y costeo de la empresa responsable de la construcción de ese tramo, se cobija la posibilidad de dejar el asunto en el olvido y sin más implicaciones. Por su parte, la reciente inundación del Hospital del Seguro Social en Tula, Hidalgo, misma que ocasionó la lamentable muerte de 14 pacientes que se encontraban ahí internados, se encuentra en medio de un debate sobre la incurrencia de responsabilidades entre distintas autoridades de meteorología y del servicio de prevención de desastres, así como del propio IMSS.

Muchas preguntas se generan del suceso ¿se avisó a tiempo? ¿Quién tuvo conocimiento y cómo actuó? ¿se observaron los protocolos de emergencia en el hospital? ¿por qué no funcionó la planta auxiliar de energía?, etc. Y más etc.

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No está claro qué sucede cuando sucede lo que sucede, ni cuales son las responsabilidades; las respuestas clásicas y cada vez menos creíbles ya se conocen … “las lluvias generaron un incremento súbito en el caudal del río” … “los pernos no fueron los adecuados ni se colocaron bien” … los descuentos se hicieron, pero fueron voluntarios” … ¿y? Como ocurre en la comisión de delitos, el problema está en la capacidad de perseguirlos y en la de evitar la impunidad; así también, la ausencia de fincamiento de responsabilidades en los actos de las autoridades públicas y en las omisiones que pudieron cometer ante diversos hechos, y especialmente a los de naturaleza grave por efectos tan brutales como la pérdida de vidas humanas, más allá de la imposición de penas, se encuentra el aprendizaje y la corrección que se requiere para evitar su repetición; pero esto difícilmente puede lograrse sin aquello.

Imperativo es abrir y transparentar la investigación y seguimiento sobre presuntas responsabilidades ante tragedias que se pudieron evitar y sobre actos de abuso que es importante impedir que se arraiguen. Internalizar en las instituciones una cultura inconmovible de responsabilidad y de legalidad, no es un propósito adjetivo, sino uno fundamental, pero para hacerlo posible se requiere, como se decía, barrer la basura de las escaleras de arriba para abajo. ¿Se hará ese barrido? Frente a la subcultura de la ilegalidad, habrá que hacer prevalecer una auténtica cultura de la legalidad. La actitud de las autoridades es fundamental para que ello ocurra.