El señor Gideon Rachman es “columnista en jefe de asuntos exteriores del Financial Times”. Le gusta el futbol. Leí un excelente artículo suyo sobre el Mundial celebrado en Qatar. En ese texto él admitió que probablemente no verá cumplido uno de sus grandes sueños: “Ver a Inglaterra ganar la Copa del Mundo antes de morir”.

Pienso que el mejor juego en Qatar 2022 fue el Inglaterra-Francia. El equipo inglés perdió porque su goleador Harry Kane falló un penalti. Se aplicó la regla del VAR, que es reciente, y tuvo Inglaterra oportunidad de empatar. Seguramente a la hinchada francesa no gustó lo que decidió el Video Assistant Referee, pero era legal y se tuvo que aceptar. Si Kane hubiera acertado, se habría convertido en realidad el sueño del columnista del Financial Times: ver a su país ganar un mundial. Porque, la verdad sea dicha, Inglaterra iba a derrotar fácilmente a Argentina.

El VAR modificó las reglas del futbol. Algo perfectamente normal, desde luego. Las reglas cambian en todas las actividades, y esa es la razón de que en todas partes haya procedimientos para modificarlas. Escribo esto porque quiero preguntarle algo a Gideon Rachman: ¿dónde está la ilegalidad de lo que ahora ocurre en México?

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El columnista en jefe de asuntos exteriores de un periódico tan importante como el FT dice que si la corte suprema mexicana no invalida el plan b electoral que defiende el presidente Andrés Manuel López Obrador López Obrador, este personaje “pasará a la historia por la peor de las razones”. ¿En serio?

No conozco el procedimiento que llevó a la FIFA a modificar su reglamento para incluir el VAR. Sí sé que, en México —supongo que también en todos los países democráticos—, las leyes electorales se pueden cambiar si se respeta lo que ordena la Constitución.

AMLO propuso un cambio constitucional para modificar la legislación electoral, pero no consiguió la mayoría que necesitaba en el poder legislativo. Recurrió entonces a cambios menores, el famoso plan b, que legalmente podían concretarse con menos votos en el Senado y en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y se concretaron.

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A la oposición no le gustó el plan b y ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo eche abajo. Para presionar a 7 ministros y cuatro ministras, los partidos opositores, apoyados por otros grupos políticos, llenaron el pasado domingo las calles de numerosas plazas de México y aun protestaron en el extranjero. Un prestigiado jurista, Alberto Pérez Dayán —quien no llegó a la cúpula del poder judicial propuesto por AMLO—, tiene la responsabilidad de analizar en principio las reformas legislativas. Después de que lo haga, el pleno de la corte deberá decidir si son inconstitucionales o no. Para que se caiga el plan b se necesitan ocho de 11 votos. Así es la ley, que no inventó López Obrador.

A Gideon Rachman le preocupa lo que le contó algún amigo mexicano, obviamente no partidario de AMLO: que hay dos ministras leales al presidente de México; no las menciona, pero sin duda se trata de Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Si solo ellas votaran contra la inconstitucionalidad del plan b, las reformas de López Obrador quedarían anuladas y el presidente no podría hacer nada contra eso. Pero si otros dos ministros —otras dos ministras— compartieran el criterio que se anticipa esgrimirán Yasmín y Loretta, el plan b sería la ley electoral de las presidenciales de 2024.

Es lo que ordena la Constitución mexicana. ¿No es eso lo que debe imperar en México, señor Rachman? ¿O solo son válidas las reglas si se ajustan a los deseos de los partidos de oposición?

Por cierto, excepto algunas palabras hirientes del presidente AMLO, nadie en el gobierno ha hecho nada contra cientos de miles de personas que se manifestaron el pasado domingo. Y es la segunda vez que lo hacen. Podrán volver a las calles cada vez que se les pegue la gana. Si en el PRI y el PAN son inteligentes, ya tienen la campaña presidencial hecha: lo que falta es que la pongan en manos de algún bien publicista, y a competir.

Algo más le diré a don Gideon Rachman, que quizá no sepa. El INE, que tanto defiende tanta gente, ha garantizado limpieza electoral a veces. Porque otras veces no lo ha hecho, como en 2006, cuando se llamaba IFE. Ese año contribuyó abiertamente a un gigantesco fraude electoral, contra AMLO por cierto. El beneficiario de aquellas trampas, Felipe Calderón, para intentar lograr la legitimidad que las urnas de votación no le dieron, metió a México en la fallida guerra contra el narco que sigue siendo el principal problema en nuestro país.

Un comentarista del principal diario de negocios del mundo como Gideon Rachman debería analizar el plan b de AMLO con ojos de ingeniero industrial; si lo hiciera, entendería. Lo único que buscan las reformas hoy cuestionadas es que la autoridad electoral sea capaz de hacer lo mismo con menos. En efecto, lo que hace cualquier empresario cuando engordan de más sus estructuras. Es lo que debe hacer el INE, ya excesivamente obeso. En la Constitución a eso se le llama “austeridad republicana”. Vaya reto que tendrá la SCJN para encontrar la inconstitucionalidad en una exigencia de la propia ley fundamental.