Vladimir Putin no necesita conquistar mañana Kiev para considerar que está avanzando en su guerra contra Ucrania. Le basta con prolongar el sufrimiento, destruir instalaciones energéticas, interrumpir el suministro eléctrico, debilitar la economía y convencer a millones de personas de que resistir tendrá un costo cada vez más insoportable. Mientras los dirigentes occidentales discuten presupuestos, sanciones, armamento y estrategias diplomáticas, los ucranianos enfrentan una realidad mucho más inmediata: cómo proteger sus hogares, mantener funcionando los hospitales, conservar el suministro de agua y prepararse para otro invierno bajo la amenaza de los bombardeos. La guerra ha dejado de ser solamente una disputa por territorios. También se ha convertido en una batalla para determinar cuánto sufrimiento puede soportar una sociedad antes de que el agotamiento termine imponiendo las condiciones que no se han conseguido mediante la fuerza militar.
Los ataques rusos registrados durante las últimas horas contra distintas regiones de Ucrania vuelven a demostrar la dimensión de esa estrategia de desgaste. Las instalaciones energéticas se han convertido en objetivos recurrentes, con consecuencias que van mucho más allá de los daños materiales. Cuando una central, una subestación o una red de distribución queda inutilizada, las repercusiones alcanzan a hospitales, escuelas, sistemas de bombeo, empresas y viviendas. En las zonas donde las temperaturas descienden considerablemente durante el invierno, perder electricidad también puede significar perder calefacción, comunicaciones y condiciones mínimas de habitabilidad. La destrucción de infraestructura civil no constituye un episodio secundario de la guerra, sino uno de sus aspectos humanitarios más graves.
La población ucraniana ha demostrado una capacidad de resistencia extraordinaria desde que comenzó la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Millones de personas han sufrido desplazamientos, pérdidas familiares, interrupciones laborales y restricciones que modificaron profundamente sus vidas. Sin embargo, ninguna sociedad dispone de recursos ilimitados para resistir indefinidamente. La reconstrucción constante de instalaciones destruidas, la reparación de sistemas eléctricos y la atención a las personas afectadas requieren inversiones, trabajadores especializados, materiales y condiciones de seguridad que la propia guerra dificulta. Cada infraestructura recuperada puede convertirse nuevamente en blanco de otro ataque, alimentando un círculo de destrucción y reparación que consume recursos indispensables para el desarrollo nacional.
Por eso sería equivocado interpretar la resistencia ucraniana exclusivamente a partir de los movimientos militares sobre el mapa. La situación de las tropas, el control territorial y las capacidades defensivas son componentes fundamentales, pero no los únicos. También importan la producción industrial, la disponibilidad de energía, el funcionamiento de los servicios públicos y la confianza de la población en que los sacrificios actuales pueden conducir a un futuro viable. Una guerra prolongada puede debilitar a un país sin necesidad de producir avances territoriales espectaculares. La acumulación de daños económicos y sociales puede resultar tan importante como los resultados obtenidos en el campo de batalla.
Rusia conoce esa realidad. Su estrategia combina operaciones militares, ataques a infraestructura, presión diplomática y una permanente disputa por la interpretación internacional del conflicto. Moscú sostiene sus propios argumentos sobre seguridad y control territorial, pero ninguno elimina el hecho fundamental de que Ucrania es un Estado soberano cuya integridad territorial está protegida por el derecho internacional. Las preocupaciones estratégicas de una potencia no le conceden autorización para imponer mediante la fuerza el destino político de un país vecino. Ese principio es especialmente importante para naciones como México, cuya tradición diplomática ha defendido la soberanía, la autodeterminación y la solución pacífica de las controversias.
Sin embargo, condenar la invasión no resuelve por sí mismo los problemas que plantea su prolongación. Después de más de cuatro años de guerra, las posibilidades de alcanzar una solución negociada continúan enfrentando obstáculos profundos. Rusia y Ucrania mantienen posiciones incompatibles sobre territorios ocupados, garantías de seguridad y condiciones de cualquier eventual acuerdo. La desconfianza acumulada dificulta compromisos que puedan considerarse estables, mientras las operaciones militares generan nuevas víctimas y destrucción. La diplomacia es indispensable, pero debe reconocer que una negociación no puede resultar sostenible si una de las partes interpreta que basta con prolongar la violencia para obtener concesiones adicionales.
En este escenario, la Unión Europea enfrenta una responsabilidad histórica. Sus gobiernos han destinado recursos financieros, militares y humanitarios a Ucrania, aunque con diferencias sobre la magnitud, oportunidad y condiciones de esa asistencia. Algunos países consideran que el respaldo debe mantenerse hasta que Kiev alcance una posición que permita negociar con garantías suficientes. Otros expresan preocupaciones por los costos económicos, las restricciones presupuestales y las consecuencias de una confrontación prolongada con Rusia. Esas diferencias no son menores y tampoco pueden reducirse a una división entre gobiernos comprometidos e indiferentes. Cada país enfrenta circunstancias internas que influyen en sus decisiones, pero todos deben reconocer que la estabilidad europea está estrechamente vinculada con el desenlace de la guerra.
La discusión sobre el financiamiento de Ucrania durante 2027 refleja esa tensión. Las necesidades presupuestales ucranianas son enormes, tanto para sostener la defensa como para mantener en funcionamiento los servicios civiles. Los gobiernos europeos deben explicar a sus ciudadanos por qué consideran necesario continuar aportando recursos, cuáles son los objetivos de esa asistencia y qué mecanismos permitirán vigilar su utilización. El apoyo internacional necesita transparencia y resultados verificables. Pero también requiere una perspectiva de largo plazo, porque una política que se modifica constantemente según las dificultades electorales de cada país puede terminar debilitando precisamente la estabilidad que pretende proteger.
A ello se suma la incertidumbre sobre Estados Unidos. Donald Trump ha cuestionado reiteradamente el alcance de los compromisos estadounidenses con Ucrania y mantiene una relación conflictiva con varios dirigentes europeos. Su administración también ha adoptado decisiones que generan interrogantes sobre la consistencia de su política hacia Rusia. Washington conserva un peso extraordinario por sus capacidades militares, su influencia financiera y su participación en los sistemas de seguridad occidentales. Por ello, cualquier modificación importante en el respaldo estadounidense repercute directamente en las posibilidades de defensa ucranianas y en las responsabilidades que deben asumir los aliados europeos.
No debe suponerse, sin embargo, que las diferencias entre Washington y Bruselas significan necesariamente una ruptura definitiva de la cooperación occidental. Los países involucrados mantienen intereses estratégicos compartidos y estructuras institucionales que no desaparecen por las controversias entre sus dirigentes. El problema radica en la incertidumbre que producen los mensajes contradictorios y las decisiones difíciles de anticipar. Para Ucrania, esa incertidumbre tiene consecuencias inmediatas: la planeación de su defensa depende de armamento, sistemas de protección aérea, municiones y recursos cuya disponibilidad puede verse afectada por decisiones tomadas a miles de kilómetros del frente.
La defensa aérea ocupa un lugar particularmente importante. Proteger ciudades, hospitales, instalaciones eléctricas y otras infraestructuras requiere sistemas capaces de interceptar misiles y drones, además de suficientes medios para sostener esas operaciones durante periodos prolongados. Ninguna protección es absoluta y los recursos disponibles deben distribuirse entre objetivos militares y civiles. Cuando los ataques se multiplican, las necesidades crecen considerablemente. La diferencia entre contar oportunamente con defensas suficientes o recibirlas demasiado tarde puede medirse en vidas humanas y en la capacidad de mantener funcionando servicios esenciales.
La guerra también ha dejado al descubierto una contradicción persistente en la política internacional: mientras distintos gobiernos anuncian compromisos de seguridad y condenan las agresiones, las decisiones económicas y energéticas no siempre avanzan con la misma coherencia. Rusia continúa siendo un actor importante en determinados mercados de materias primas y energéticos. Las sanciones occidentales buscan limitar su capacidad de financiar operaciones militares, pero sus efectos deben valorarse considerando rutas comerciales alternativas, decisiones de terceros países y consecuencias sobre los precios internacionales. Una política de sanciones puede perseguir objetivos legítimos y, al mismo tiempo, producir costos económicos que los propios gobiernos necesitan administrar.
Putin cuenta con que esas contradicciones terminen favoreciendo sus objetivos. La resistencia de las sociedades occidentales a los incrementos de precios, las dificultades presupuestales, las tensiones políticas internas y los cambios de gobierno pueden influir en la continuidad de la ayuda internacional. Pero sería excesivo afirmar que el resultado de la guerra depende exclusivamente del cansancio de Europa o Estados Unidos. Rusia también enfrenta costos humanos, militares, económicos y diplomáticos considerables. La prolongación del conflicto consume recursos de ambos lados y mantiene riesgos de seguridad que trascienden ampliamente el territorio ucraniano.
Hay además una cuestión humanitaria que merece mayor atención. Las cifras de víctimas, desplazados y personas afectadas por la destrucción suelen incorporarse a los informes internacionales como datos que se actualizan periódicamente. Sin embargo, detrás de esos números existen familias que han perdido sus viviendas, niños que estudian bajo condiciones extraordinarias, personas mayores que enfrentan dificultades para desplazarse y comunidades que intentan recuperar una vida cotidiana constantemente interrumpida. La tragedia adquiere dimensiones especialmente severas cuando los ataques comprometen servicios indispensables para quienes no participan directamente en las hostilidades.
El derecho internacional humanitario establece límites a la conducción de las guerras. Las partes deben distinguir entre objetivos militares y bienes civiles, respetar el principio de proporcionalidad y adoptar precauciones para evitar daños indebidos a la población. Las instalaciones energéticas pueden presentar situaciones jurídicas complejas cuando cumplen simultáneamente funciones civiles y militares, pero esa circunstancia no autoriza ataques indiscriminados ni elimina la obligación de evaluar sus consecuencias humanitarias. Las denuncias sobre posibles violaciones deben investigarse con rigor y las responsabilidades deben establecerse mediante procedimientos capaces de examinar los hechos y las pruebas correspondientes.
La comunidad internacional tampoco debería aceptar que el sufrimiento de los civiles se convierta en un instrumento ordinario de negociación. Una cosa es que las guerras produzcan inevitablemente daños y otra muy distinta que se utilice deliberadamente la destrucción de condiciones esenciales de vida para quebrar la voluntad de una población. La diferencia tiene consecuencias jurídicas y morales profundas. Precisamente por ello, los ataques contra servicios indispensables deben recibir atención internacional y no quedar relegados por el simple hecho de que el conflicto lleva años ocupando las noticias.
México tiene razones particulares para observar estos acontecimientos. Nuestro país ha sostenido históricamente principios de política exterior que rechazan las intervenciones militares ilegítimas, defienden la integridad territorial de los Estados y promueven la solución pacífica de las controversias. Esos principios no deberían depender de la identidad de las potencias involucradas. Defender la soberanía nacional exige reconocer también la soberanía de otros países, incluso cuando sus conflictos resulten geográficamente distantes o políticamente incómodos para determinados interlocutores internacionales.
Eso no significa que México deba asumir responsabilidades militares ajenas a su tradición diplomática ni incorporarse a estrategias de confrontación entre bloques. Significa mantener claridad respecto de los principios y contribuir, en los espacios multilaterales correspondientes, a las iniciativas humanitarias y diplomáticas que puedan favorecer una solución conforme al derecho internacional. La neutralidad frente a las disputas de poder no debería confundirse con indiferencia frente a la agresión contra un Estado soberano. Tampoco la defensa de ese principio exige abandonar los esfuerzos por alcanzar negociaciones que permitan detener las hostilidades.
En el fondo, la guerra plantea una cuestión que rebasa las fronteras de Europa. Si una potencia consigue modificar por la fuerza las fronteras de otra nación y posteriormente consolidar sus ganancias mediante el agotamiento internacional, el precedente afectará la seguridad de numerosos países. Los Estados pequeños y medianos necesitan reglas que limiten la capacidad de los más poderosos para imponer unilateralmente sus intereses. Cuando esas reglas pierden eficacia, la estabilidad internacional depende cada vez más de la fuerza militar y menos de los compromisos jurídicos. No se trata de una preocupación abstracta, sino de uno de los fundamentos sobre los que descansa la convivencia entre las naciones.
Pero también debe reconocerse que ninguna guerra puede prolongarse indefinidamente sin que aumenten los riesgos de nuevas tragedias. La búsqueda de una salida diplomática es indispensable y debería mantenerse activa incluso en los momentos de mayor confrontación. Los acuerdos de paz requieren compromisos difíciles, mecanismos de verificación y garantías que permitan reducir la posibilidad de nuevas agresiones. Una negociación impuesta exclusivamente por el cansancio de los aliados difícilmente ofrecería condiciones estables; una estrategia militar sin horizonte político tampoco garantiza una solución definitiva. Ambas dimensiones deben examinarse simultáneamente.
Mientras tanto, Ucrania se prepara para enfrentar nuevamente el invierno. La destrucción de infraestructura energética amenaza con incrementar las dificultades de una población que lleva años soportando las consecuencias de la guerra. Los gobiernos occidentales discutirán presupuestos, armamento y estrategias de negociación; Rusia continuará evaluando sus capacidades y objetivos, y Ucrania procurará mantener su defensa y sus servicios fundamentales. Entre todas esas decisiones existe una responsabilidad que debería permanecer por encima de los cálculos políticos: proteger a la población civil y evitar que sus necesidades elementales se conviertan en instrumentos de presión.
Putin puede prolongar la guerra, intensificar los ataques y apostar por el desgaste de Ucrania y de sus aliados. Pero ningún éxito obtenido mediante la destrucción de las condiciones de vida de millones de personas debería confundirse con una solución legítima y duradera. Europa y Estados Unidos tienen derecho a revisar sus políticas y discutir los costos de sus compromisos, pero deben comprender que sus decisiones también influyen en la seguridad internacional y en las posibilidades de alcanzar una paz sostenible. La diplomacia debe buscar el fin de la guerra sin convertir la soberanía ucraniana en una concesión otorgada por las grandes potencias.
Y ésa es la advertencia final: el invierno puede congelar ciudades, destruir cosechas y paralizar actividades, pero no debería convertirse en el instrumento mediante el cual se obligue a una nación a renunciar a su derecho de existir libremente. Si Putin consigue que el cansancio internacional haga lo que sus ejércitos no han logrado, la derrota no será solamente de Ucrania. Será también de un principio esencial para la convivencia mundial: ninguna potencia debe tener derecho a decidir el destino de otra nación mediante la fuerza, el hambre, el frío o el agotamiento de su población. Porque una paz construida sobre la rendición de los más vulnerables puede detener temporalmente los disparos, pero deja encendida la mecha de la próxima guerra.
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