Más allá de cualquier otra consideración, comentar una propuesta en un contexto de disputas permanentes y desencuentros, sobre una materia tan álgida y delicada como es la materia de seguridad, la gran asignatura pendiente en México -hablo de nuestro país, no de sexenios como es costumbre hacerlo- siempre lo considero positivo. Lo hicimos en el caso del planteamiento del ex canciller mexicano Lic. Marcelo Ebrard en su momento.

Una propuesta, así sea en líneas maestras y de manera sustantiva, siempre debe ser bienvenida y debe comentarse en sus méritos, y más aún, al provenir de un ministro de la SCJN, repito, que más allá de la coyuntura actual, y de la dinámica precedente de dicho poder, tan polémica, por el conocimiento que conlleva, debe comentarse. Al no haberse hecho de manera formal, es evidente y lógico que tenga carencias importantes, desde nuestra perspectiva. Veamos:

1.- Un primer aspecto positivo e importante a destacarse es el enfoque binario, interrelacionado entre seguridad y justicia, o viceversa, porque en muchos casos, en discusiones o análisis, suelen comentarse por separado: la reforma del poder judicial, la justicia, su marco jurídico constitucional, sus ordenamientos secundarios, sus órganos fiscalizadores, su proceso de designación o elección y localización de los jueces, magistrados y ministros, y hasta los modelos probables de control social, o de autocontrol soberano, se clarifican con dicho enfoque, pero falta integrar la visión, en su estrecha articulación, con el modelo o paradigma sobre la seguridad.

2.- Y también, se ofrecen narrativas y disertaciones sobre la trayectoria histórica de nuestra deficiente seguridad, o se habla mejor, de inseguridad, con énfasis mayor en los cuerpos policiacos, sus modelos de organización, jerarquización y operación, su estatuto jurídico funcional, su ámbito constitucional de incidencia -seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional-, pero no se destaca la vinculación necesaria con el tema de la justicia. Entonces ésta propuesta que parte de esa inseparable imbricación es relevante por ello.

3.- No obstante, consideramos que el ministro Laynez Potisek incurre en una ausencia fundamental en su enfoque: el aparato que debe estar detrás de un modelo de seguridad, o más aún, de un paradigma de seguridad innovador, como es la inteligencia de Estado, su marco jurídico-constitucional y reglamentario también, estructura organizativa y funcional, su jerarquización, sus esquemas de selección, reclutamiento y permanencia, su doctrina política y sus medios e instrumentos tecnológicos, las plataformas que hoy han potencializado exponencialmente su capacidad de observación, control y seguimiento -el Lic. Ebrard habló, por ejemplo, de la incorporación en distintas áreas de la inteligencia artificial (IA), perfectamente necesario y posible-, pero que sin reglamentación precisa en sus usos y alcances, dañan o pueden dañar a la sociedad civil, que debe ser su principal beneficiaria, así como, los mecanismos constitucionales de control de sus actividades y procesos, desde los otros dos poderes de la república y desde la sociedad.

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El ministro Laynez dice: “con ello, México sería otro”, y añade, que “la actual crisis de inseguridad y justicia es por no haberlas enfrentado hace 30 años”. Para el efecto, establece cuatro pivotes de su propuesta: a) fiscalías autónomas, entendemos, con fiscales especializados en crimen transnacional organizado, y con plena autonomía en todos los aspectos de su funcionalidad, que no es lo mismo, que una fiscalía que en general, atiende temas diversos de la agenda social, como existen en otros países, por ejemplo, Colombia e Italia, y con un estatuto jurídico autónomo; b) tribunales y juzgados autónomos, que recurrimos, tienen que ser especializados; c) una policía científica, suficientemente amplia y dotada -aquí nuevamente es necesario considerar el modelo de inteligencia policial que respalde, y le dé sustancia a sus planes de acción y operación, porque no han ningún país que funcione en seguridad y organización policial sin inteligencia de Estado; y d) una “Auditoría fuerte”, es decir, un modelo de supervisión mediante procesos severos, rigurosos de auditoria, institucional, pero absolutamente independiente.

Añadimos, quizá acompañados gradualmente, de modelos de auditoria social, especializados y despolitizados para no distorsionar, y cambios en la estructura, jerarquía y funciones del Consejo de la Judicatura, ambos, contraloría social y judicatura renovada, como parte de un esquema debidamente integrado de rendición de cuentas. Porque no podemos dejar de lado la necesidad imperiosa de adicionar mecanismos anticorrupción.

Adicionalmente, las posibles autonomías dentro del poder judicial, no pueden ignorar la experiencia de los órganos constitucionales autónomos a la fecha, los surgidos desde la década de los años 90 y que no estaban previstos en la constitución, varios de los cuales, reformularon bajo dicho estatus jurídico sus funciones y han sido positivos, como el Banco de México, otros más asumieron la autonomía como capacidad de ser relativamente omisos en sus funciones -por ejemplo, frente a los contratos leoninos en el sector eléctrico-, y no rendir cuentas a la sociedad. Autónomos de todo el país. Y varios de ellos, nunca respondieron sobre las observaciones del ejercicio presupuestal de la Auditoría Superior de la Federación. Es absurdo, cobran de los fondos públicos. Eso no puede repetirse.

Considero entonces, que esta propuesta, como dije antes, en sus méritos, es discutible perfectamente bajo este enfoque de una trípode: inteligencia, seguridad (incluyendo cuerpos policiacos) y justicia, todos, bajo un proyecto de reforma consensuado, y si no, mayoritario. Este proceso no puede detenerse, es un imperativo social. Y sobre los “30 años”, debemos considerar en positivo esta aseveración del ministro Laynez Potisek, y entenderla también como una autocrítica, como una introspección o mirada hacia el cuerpo judicial que no incidió en ello durante los años de gestación, desarrollo y agudización de la problemática de seguridad, o de inseguridad, como se quiera, en México.

Sería muy importante, y se consideraría como una notable contribución del ministro Laynez Potisek una formulación más amplia y precisa de este planteamiento propositivo, para poder convertirlo en algo más fecundo.

Y mencionamos lo imperativo de los mecanismos anticorrupción, porque una parte central o fundamental de la atrofia y disfuncionalidad en seguridad y justicia, tiene que ver hoy indubitablemente, con la capacidad mostrada por las organizaciones del crimen transnacional asentadas en nuestro país, e incluyo en este concepto, a las organizaciones criminales de “cuello blanco”, de vulnerar con sobornos y asociaciones o complicidades delictivas de distinto tipo, desde dentro, las estructuras institucionales de la seguridad y la justicia, incluso, llegando al primer círculo de poder del Estado, entonces, el tema es inesquivable e insoslayable.

Los pronunciamientos del ministro son una base importante de aproximación.