La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elegido, con una pasmosa mansedumbre, renunciar a la última oportunidad que tenía para enderezar una de las mayores aberraciones jurídicas de nuestro tiempo: la prisión preventiva oficiosa. La derrota política ya huele a resignación y probablemente aunque se hubiera colocado a votación, el resultado no habría generado consenso por lo que sin los 8 votos necesarios, el asunto se habría returnado e igualmente, asignado a uno de los ministros o ministras que integrarán la primera Corte popular de justicia. Y no es que esperáramos heroísmo, pero sí, al menos, un gesto de dignidad. Un intento. La decisión no se esconde en la hipocresía, con sensatez se ha dicho: no habrá resolución antes del relevo de ministros.
Lo dijo Javier Laynez Potisek, ministro que en otros tiempos ha mostrado lucidez, coraje y entereza, pero en esta ocasión, el asunto no cabe en la agenda, no hay espacio, no hay tiempo. Se pospone para septiembre, cuando la nueva Corte, presidida por Hugo Aguilar Ortiz, cargue sobre sus hombros una tarea que, desde hace años, parece pesar como plomo en la conciencia del poder judicial. Porque discutir la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa no es un tema cualquiera: implica reconocer si México seguirá practicando el castigo anticipado en nombre del orden público.
Laynez se lo explicó a Ciro Gómez Leyva: hay un receso desde el día 15 y al volver para el 1 de agosto habrá un par de sesiones con cerca de 120 asuntos a discutir y no hay tiempo para hablar de casos polémicos como Pegasus o la prisión preventiva oficiosa, menos en temas que requieren tanto debate y que sería incorrecto hacerlo a las carreras.
Seguramente ni siquiera hay consenso. Dos proyectos, dos visiones. Margarita Ríos Farjat propone limitar el carácter automático de esta medida, devolver al juez lo que nunca debió ceder: la facultad de decidir si una persona merece ser privada de su libertad antes de que una sentencia la declare culpable, con dudas de su culpabilidad y supuestamente con la inocencia presumida por el nuevo sistema. Del otro lado, Jorge Mario Pardo Rebolledo asume la encomienda más incómoda: dar cumplimiento a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos ha recordado algo elemental, casi pueril: la presunción de inocencia no es negociable.
Pero aquí estamos, en un país donde la prisión preventiva oficiosa ha sido fetiche y salvavidas. Un instrumento político disfrazado de política criminal. La bandera del gobierno que, incapaz de fortalecer fiscalías para construir investigaciones sólidas, ha optado por encerrar antes de probar. Porque en la lógica punitivista de la Cuarta Transformación, más vale un inocente tras las rejas que un culpable libre. Se castiga la sospecha, se premia la incompetencia.
Mientras tanto, la Corte calla. El receso se toma con gran oportunidad, las despedidas, los discursos solemnes sobre la transición institucional y todo el criterio proteccionista y garantista ya son parte de un pasado melancólico. La Corte prefiere, sobre todo, no incomodar. No romper el pacto tácito con el poder político que, desde Palacio Nacional, convirtió la prisión preventiva en tótem, en dogma, en ese muro ficticio que detendría la violencia. Y no: la violencia sigue, las cárceles se llenan de pobres, mujeres, indígenas. Vidas desechables para un sistema que mide eficacia en cifras, no en justicia. Es irrelevante si tras las rejas está el culpable o el inocente mientras pueda presumirse una detención.
¿Dónde queda el compromiso con los derechos humanos que México presume en foros internacionales? ¿Dónde la obligación de armonizar nuestro derecho con los estándares de la Corte Interamericana? No queda. Se pospone. Se difiere. Como se ha diferido siempre en un país adicto a la simulación.
La nueva Corte tendrá que decidir, y no será un debate jurídico cualquiera: será una batalla política. Porque eliminar la prisión preventiva oficiosa implica desmontar una narrativa de poder, la que convirtió el castigo anticipado en política pública. Implica decirle al ejecutivo que la justicia no puede ser rehén del miedo ni del cálculo electoral. Implica asumir que la Constitución no es papel decorativo. Pero principalmente implica golpear el eje toral de la política de seguridad pues fue la 4T la que hizo reformas para que el catálogo de prisión preventiva oficiosa se engorde con tipos penales que solo permiten anunciar de forma mediática el “combate” a algo... Como el huachicol, que está en este catálogo pero registran alza en en 10 estados del país con cifras de Petróleos Mexicanos, que demuestran como entre enero y agosto de 2024, en al menos 10 entidades hubo aun más robo de combustible y según el Observatorio Ciudadano de Energía, el huachicol superó los 5,000 millones de dls en los últimos 3 años hasta abril de 2025.
Mientras eso llega, seguimos presos en la paradoja: un tribunal que proclama autonomía y que, en la hora crucial, se refugia en la agenda, en los plazos, en el calendario. Un tribunal que olvida que la justicia no se agenda, se ejerce y que en materia penal, la aplicación favorable se traduce en derechos. Máxime cuando los juzgadores tienen a la mano la herramienta de la prisión preventiva justificada que por oposición a la oficiosa y como su nombre lo indica, debe justificar razones por las que un inocente acusado de algún delito debe estar en la cárcel durante la investigación de su probable responsabilidad.
¿Hasta cuándo? Hasta que alguien, en esa Corte renovada, entienda lo que hoy parece olvido: que la libertad, en democracia, no se defiende a destiempo. Sinceramente, no hay mucha expectativa. Aunque el derecho, la razón, los criterios internacionales y la justicia demuestren que la prisión preventiva oficiosa es una atrocidad, difícilmente la nueva Corte popular se atrevería a votar contra reformas emanadas del régimen que les dio votos para ocupar ese lugar.
X: @ifridaita